GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 44

PRIMER INFORME PARCIAL

6 DE MAYO DE 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y análisis de la R. de la C. 44, se honra en rendir ante este distinguido cuerpo legislativo su Primer Informe Parcial.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 0044 (RC0044) autoriza a la Comisión de Asuntos de la Juventud a realizar una investigación abarcadora sobre los principales retos que enfrentan los jóvenes en Puerto Rico, con especial atención a la educación, el empleo, la salud mental, la participación ciudadana y la prestación de servicios esenciales. Esta encomienda incluye el desarrollo de vistas, investigaciones, reuniones, requerimientos de información y otras diligencias legislativas necesarias para formular recomendaciones de política pública sustentadas en evidencia y diagnóstico empírico.

En este contexto, la Comisión de Asuntos de la Juventud consideró necesario realizar vistas oculares en los Centros de Tratamiento Social de Ponce y Villalba como una acción inherente al mandato conferido por la RC0044, a fin de observar directamente las condiciones y necesidades de las instituciones encargadas de atender a la juventud en situación de intervención estatal. Estas instituciones forman parte integral de los sistemas educativos, de salud y rehabilitación del Estado. Atender su funcionamiento y sus limitaciones resulta indispensable en cualquier esfuerzo serio por diagnosticar y buscar soluciones a los problemas que enfrentan los jóvenes en sus distintas facetas de desarrollo. Las condiciones físicas de las instalaciones, los programas de reintegración educativa y vocacional, así como la disponibilidad de apoyo psicosocial, son factores que inciden directamente en la eficacia de la política pública dirigida a esta población.

Así, las vistas oculares se llevaron a cabo como un mecanismo esencial para recopilar observaciones de campo que complementaran la investigación legislativa encomendada. Este ejercicio no solo permitió constatar de forma directa la realidad que enfrentan los jóvenes bajo custodia del Estado, sino que también proveyó información clave para identificar posibles medidas legislativas que atiendan con justicia las necesidades de esta población. Como resultado, se levantaron hallazgos que ameritan atención legislativa y que se presentan a continuación.

HALLAZGOS

Como parte de la investigación dispuesta por la RC0044, la Comisión de Asuntos de la Juventud celebró vistas oculares en los Centros de Tratamiento Social de Ponce y Villalba el 21 de marzo de 2025. Como resultado, se identificaron hallazgos relevantes en áreas como educación, salud, estigmatización social y coordinación interagencial, todos con impacto directo sobre la política pública juvenil y que requieren acción legislativa.

Uno de los hallazgos principales fue la falta de un plan estructurado de seguimiento tras la salida de los jóvenes del sistema. Según expresaron funcionarios del DCR, la ausencia de un modelo interagencial efectivo aumenta el riesgo de reincidencia y desconexión social. Se propuso que Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) asuma un rol activo en un plan de transición que garantice continuidad en el tratamiento y apoyo comunitario.

Respecto a la oferta educativa y vocacional, se observó baja participación estudiantil, especialmente en Villalba, donde solo un tercio de los jóvenes asiste a clases. En este centro también se evidenció la falta de talleres como el de barbería por escasez de personal. Se recomendó evaluar alianzas con agencias externas para ofrecer cursos técnicos cortos que promuevan una rehabilitación efectiva.

Otro punto crítico fue la estigmatización de los jóvenes egresados. En Ponce, la escuela adscrita al Centro comparte el nombre con una institución pública regular, lo que provoca confusión y discrimen. En Villalba, la escuela no tiene ni siquiera un nombre formal. Por ello, se planteó considerar legislación que autorice el uso de nombres escolares neutrales y dignos para estas instituciones.

En cuanto a los servicios de salud mental, aunque ambos centros cuentan con personal interdisciplinario, se identificó una débil coordinación con agencias como ASSMCA y el Departamento de la Familia. En la práctica, el DCR ha asumido toda la carga mediante contrataciones externas. Esta falla interagencial requiere corregirse mediante legislación que imponga deberes ministeriales vinculantes.

También se discutió la prohibición del uso de gas pimienta, lo cual ha dejado al personal sin herramientas para intervenir en incidentes de violencia entre menores. Se sugirió evaluar mecanismos alternos que salvaguarden los derechos de los jóvenes, sin comprometer la seguridad institucional.

Por último, se identificaron problemas relacionados con la lentitud en la adjudicación de casos de menores en ciertas regiones judiciales. Esta dilación prolonga innecesariamente la custodia provisional y retrasa los procesos de rehabilitación. Se solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales un desglose estadístico que sirva de base para evaluar posibles reformas al trámite judicial.

RECOMENDACIONES

Esta Comisión emite las siguientes recomendaciones, dirigidas a fortalecer la política pública sobre el tratamiento social de jóvenes y promover su reintegración efectiva a la sociedad:

1. Presentar una resolución que ordene una investigación sobre los mecanismos de transición post-institucional con el fin de identificar deficiencias, recursos disponibles y oportunidades de colaboración entre las agencias pertinentes.
2. Presentar una resolución que ordene una investigación sobre los recursos disponibles en el Gobierno de Puerto Rico para ofrecer cursos de formación técnica y vocacional en los centros.
3. Presentar una Resolución Conjunta de la Cámara para designarle nombre a las escuelas adscritas a los Centros de Tratamiento Social, a fin de proteger la identidad educativa de los jóvenes y evitar su estigmatización.
4. Presentar una resolución para investigar el cumplimiento de las obligaciones ministeriales de las agencias concernientes como ASSMCA y el Departamento de la Familia en la atención de los jóvenes institucionalizados.
5. Evaluar la política actual sobre el uso de mecanismos de intervención institucional, como el gas pimienta, tomando en cuenta tanto los derechos de los menores como la necesidad de garantizar la seguridad del personal y la comunidad institucional.
6. Ordenar una investigación formal sobre el tiempo promedio de adjudicación de menores en las distintas regiones judiciales, a fin de considerar enmiendas procesales o la creación de un sistema más eficaz para casos de menores.
7. Recomendar la radicación de un proyecto de ley para enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, con el fin de incluir a los oficiales correccionales de los Centros de Tratamiento Social del DCR en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Asuntos de la Juventud reitera su compromiso con la juventud puertorriqueña, especialmente aquella que enfrenta situaciones de vulnerabilidad institucional. Las vistas oculares realizadas en los Centros de Tratamiento Social de Ponce y Villalba permitieron constatar la urgencia de fortalecer los mecanismos de apoyo, rehabilitación y reintegración dirigidos a esta población.

Por ello, esta Comisión continuará ejerciendo su función fiscalizadora y legislativa con diligencia, y dará seguimiento a las recomendaciones aquí contenidas.

Dicho esto, la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene a bien rendir ante este distinguido cuerpo legislativo su Primer Informe Parcial, en cumplimiento con lo ordenado mediante la Resolución de la Cámara 0044.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Ensol Alexis Rodríguez Torres

Presidente

Comisión de Asuntos de la Juventud

Cámara de Representantes de Puerto Rico