GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 333

INFORME POSITIVO

24 DE JUNIO DE 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, tras un exhaustivo análisis y evaluación, recomienda respetuosamente a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del Proyecto de la Cámara 333 (en adelante, P. de la C. 333), incorporando las enmiendas sugeridas que se detallan en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 333, tiene como propósito disponer que el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico establezca un protocolo de clasificación de niveles de seguridad escolar en los planteles con garantías mínimas para reducir riesgos y vulnerabilidades.

INTRODUCCIÓN

La Exposición de Motivos de la pieza legislativa expone que el Departamento de Educación de Puerto Rico sostiene que las escuelas son seguras, a pesar de algunos incidentes que han llamado la atención de los medios, clasificándolos como casos aislados. La agencia niega la existencia de puntos de drogas en las escuelas, pero enfatiza que la seguridad escolar debe ser evaluada de forma amplia, incluyendo la infraestructura física, la respuesta ante desastres naturales, y el comportamiento estudiantil. También resalta la importancia de contar con un plan de respuesta ante emergencias.

La Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar es responsable de la seguridad de los estudiantes y el personal, y en el actual año fiscal recibió más de $60 millones en fondos federales. Entre las iniciativas de seguridad, se incluyen sistemas de vigilancia electrónica y de comunicación interna. Sin embargo, estas medidas se han implementado sin una estrategia integral que asegure su efectividad en todas las escuelas. A pesar de los esfuerzos, continúan existiendo riesgos que afectan la seguridad de la comunidad educativa. Aunque el Departamento ha desarrollado manuales y protocolos para prevenir el acoso escolar y responder a tiradores activos, se cuestiona cómo se puede afirmar que las escuelas son totalmente seguras sin un mecanismo que evalúe y mitigue todos los riesgos. Es necesario abordar estas preocupaciones para crear entornos de aprendizaje seguros.

Casos recientes evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad. En marzo de 2022, en Salinas, un grupo de estudiantes mostró armas blancas, y en diciembre de 2022, en San Juan, se descubrió a un estudiante con una pistola en la escuela. Otro incidente en septiembre de 2024 involucró a un joven que fue herido de bala cerca de su escuela. Además de la criminalidad, hay que tratar otros factores como el “bullying” y la conducta estudiantil, así como asegurar que la infraestructura escolar cumpla con los estándares de construcción y pueda resistir fenómenos climáticos severos. La seguridad en las escuelas también está conectada a la seguridad en las comunidades circundantes.

Un problema destacado es que los directores escolares evitan reportar incidentes para no exponer la falta de seguridad de sus planteles. Este temor se agrava por preocupaciones de violencia y discriminación en acciones gubernamentales. A esto se suma la limitación fiscal que enfrenta el sistema educativo, que restringe los fondos para la modernización y mantenimiento de infraestructuras.

Es esencial que el Departamento de Educación implemente un protocolo para clasificar los niveles de seguridad escolar. Este protocolo permitirá identificar y evaluar riesgos de manera efectiva, gestionando los recursos de forma más eficiente y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias. La aprobación de esta Ley es un paso crucial para asegurar que las escuelas sean espacios seguros y adecuados para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. de la C. 333 fue radicado el 20 de febrero de 2025 y referido a la Comisión de Educación el 20 de febrero de 2025. Para la evaluación y análisis de la referida medida fueron solicitados Memoriales Explicativos de: Asociación De Maestros De Puerto Rico, Comisión De Derechos Civiles De Puerto Rico, Departamento De Justicia de Puerto Rico, Federación De Maestros De Puerto Rico, Departamento De Seguridad Publica de Puerto Rico. Al momento de redacción de este informe solo se recibió memorial de Asociación de Maestros de Puerto Rico.

En cumplimiento con nuestra responsabilidad legislativa y con el propósito de obtener el aporte necesario dichos memoriales fueron evaluados y analizados para propósitos de la redacción de este informe bajo nuestra consideración.

A continuación, se presenta un resumen detallado de los comentarios proporcionados por las entidades gubernamentales antes mencionadas:

ASOCIACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros y su Local Sindical (en adelante, AMPR y AMPR-LS), representada por su secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Pares, presenta comentarios y recomendaciones sobre el P. de la C. 333, que busca establecer un protocolo de clasificación de niveles de seguridad escolar para reducir riesgos en las escuelas. La AMPR es una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos laborales de sus miembros y mejorar la educación pública. La AMPR-LS, como sindicato de la asociación, representa a los maestros y gestiona un convenio colectivo con el Departamento de Educación.

La AMPR ha luchado por la seguridad en las escuelas y ha respondido a situaciones de crisis, incluyendo violencia, y desastres naturales como huracanes y terremotos. Sin embargo, critica que la respuesta del Departamento de Educación suele ser reactiva y no preventiva, lo que pone en riesgo la seguridad de las comunidades escolares. Se destaca la importancia de establecer protocolos claros y coherentes que fomenten un ambiente escolar seguro y que promuevan la participación de los padres en la educación de sus hijos.

La AMPR apoya el P. de la C. 333 pero sugiere varias recomendaciones. Primero, propone que el protocolo no se use para clasificar negativamente a las escuelas como violentas o inseguras. Segundo, pide que cualquier medida de seguridad nueva se consulte con la comunidad escolar antes de su implementación. Tercero, sugiere que el Departamento de Educación trabajé en conjunto con otras agencias de seguridad para establecer los niveles de seguridad. Cuarto, se debe asegurar la participación multisectorial en la creación de criterios de seguridad.

Además, la AMPR aconseja que se respete el derecho a la privacidad de las personas al implementar nuevas medidas. También destaca la necesidad de comprometer fondos de diversas fuentes para asegurar la sostenibilidad de estos protocolos. Por último, sugiere reevaluar el plazo de 180 días para la implementación del protocolo, ya que podría requerir procesos más amplios y tiempo adicional. La AMPR agradece la oportunidad de expresar su opinión sobre el P. de la C. 333 y se ofrece para proporcionar más comentarios si la Comisión los necesita.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Conforme al análisis y los hallazgos de la medida, la Comisión de Educación considera que su aprobación no tendrá un impacto fiscal significativo en los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas que requiera certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La Comisión de Educación ha llevado a cabo un análisis detallado de todas las comunicaciones recibidas. Las agencias consultadas han expresado su respaldo a la medida.

La creación de la responsabilidad que el Departamento de Educación de Puerto Rico establezca y redacte un protocolo de clasificación de niveles de seguridad escolar en los planteles con garantías mínimas para reducir riesgos y vulnerabilidades. Fomenta el compromiso de la protección con los estudiantes. Además, la importancia de integrar y promover protocolos que reduzcan riesgos que reduzcan riesgos vulnerabilidades. Apoyar esta legislación es invertir en el desarrollo académico y social de nuestros jóvenes, asegurando un mejor mañana para Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, recomendamos la aprobación del P. de la C. 333, incorporando las enmiendas sugeridas al título y al contenido, que se detallan en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Hon. Tatiana Pérez Ramírez

Presidenta

Comisión de Educación