GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 1ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 30

8 DE ENERO DE 2025

Presentada por el representante Torres Cruz

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de ___________________ de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de los cuarteles del Negociado de la Policía, así como los materiales y equipos necesarios en estos para el pleno descargue de las responsabilidades de este negociado. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el año 2017, Puerto Rico sufrió el azote directo de dos (2) huracanes afectaron directamente el bienestar de la ciudadanía. Específicamente, la infraestructura del país sufrió del azote inmisericorde de estos fenómenos que aún hoy, producen consecuencias significativas en los servicios esenciales y la calidad de vida de la ciudadanía en todos sus aspectos. En particular, la vital prestación y efectiva ejecución de la seguridad pública que fue impactada por el deterioro de los recursos destinados a esta.

Al presente, aún el suroeste del País continúa activo sísmicamente, lo que produce movimientos de tierra que han afectado las estructuras gubernamentales que albergan las agencias de seguridad. Amenaza, que también se extiende a todo Puerto Rico.

Sin ignorar, que la falta de mantenimiento que se argumenta y las mejoras inconclusas a estas facilidades justifican un evaluación exhaustiva y ordenada para su debida atención, acorde a la importancia que representan para todos. Además, que bajo el modelo actual del Departamento de Seguridad Publica (DSP) se plantea cuestionamientos continuos sobre el cumplimiento en su misión principal debido a la estructura gerencial de los Negociados que lo componen y no permite la debida atención a las necesidades y reclamos de estos. Una capa burocrática adicional, que se argumenta inefectiva. Ejemplo de esto, el estado físico de las instalaciones que albergan los cuarteles del Negociado de la Policía que no están en condiciones óptimas para recibir público, ni mantienen un lugar de trabajo sano y adecuado para los que laboran en ellos. Factor, que también contribuye a la merma en el reclutamiento en el Negociado de la Policía y el que disminuya al mínimo la cantidad de agentes disponibles para mantener la seguridad y el orden en nuestras calles.

Adicional, a la información publicada, el miércoles 8 de enero de 2025 por el periódico “El Vocero”, por Pedro Menéndez Sanabria, que destaca el reclamo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) ante el Juez Federal, Hon. Francisco Besosa, para que se le permita intervenir en el caso de la Reforma de la Policía ante su consideración, bajo el argumento que el canon actual de arrendamiento no permite el mantenimiento y mejoras capitales a estos cuarteles. Según información suministrada, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) sólo paga un canon mensual de sesenta y cinco (65) centavos por pie cuadrado por el uso de estas propiedades. De manera concreta, también se informa que tan reciente como el 21 de junio de 2024, LUMA Energy desconectó una subestación eléctrica en la Comandancia de Carolina, que maneja la seguridad para los pueblos de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Loíza, sin notificación previa para forzar a la autoridad a realizar trabajos de mantenimiento comprensivos en la instalación.

Es menester apuntar, también la información relativa a la falta de recursos para reparaciones y mejoras capitales en los cuarteles, incluidos estudios de asbesto y plomo en estas estructuras, para los cuales no se han identificado fondos y suman: Comandancia de Mayagüez, ($1,783,333.14); antigua Comandancia de Mayagüez, ($2,234,769.07); Comandancia de Arecibo, ($1,183,666.79); Comandancia de Bayamón, ($2,916,736.29); Comandancia de Utuado, ($1,646,676.54); Comandancia de Guayama, ($2,049,376.99); Comandancia de Carolina ($2,764,,851.77); la Comandancia de Caguas ($2,540,176.56) y mejoras a los cuarteles de Manatí, Guánica, y Patillas valorados sobre $500,000.00. A lo cual se añaden, mejoras pendientes al Cuartel General de la Policía estimadas en $9,063,296.00 y otras mejoras en el área de Ponce que ascienden a $2 millones. Es decir, un aproximado sobre $28.2 millones de dólares para estas mejoras esenciales en estas diversas regiones de Puerto Rico, que se peticionó utilizar de un Fideicomiso que se obtuvo el aval del Gobierno Central, no así de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), bajo la Ley Federal PROMESA.

Todo esto, proyecta un déficit a la AEP para el año 2026 estimado de 17.5 millones que se comunicó a Robert Mujica, Director Ejecutivo de la JSF. Esto, por motivo de que el canon de arredramiento es insuficiente por las 105 propiedades de AEP, que son un 60% menos de las tarifas en el mercado actual.

En este sentido, recordemos que la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, del DSP, expresa:

“La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma segura. Los residentes deben sentirse seguros y tener la convicción de que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, irá contra quienes no cumplen con las normas establecidas según el estado de derecho en resguardo de sus derechos como víctimas. Asimismo, los ciudadanos deben tener la confianza de que, en caso de una emergencia, el Gobierno estatal estará disponible y listo para prestarle auxilio inmediato y adecuado para salvar su vida, su salud, su familia y su propiedad.”

Por todo lo cual, se torna necesario e impostergable por parte de esta Cámara de Representantes en su función de fiscalización como parte de nuestro deber constitucional, realizar una investigación exhaustiva a los fines de constatar el estado físico de los cuarteles del Negociado de la Policía, así como los materiales y equipos necesarios en estos para el pleno descargue de sus responsabilidades. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial a favor de la seguridad, paz y orden social en el Puerto Rico del Siglo XXI. Esto, dotando a su vez a nuestros esforzados y comprometidos miembros de la Policía con los recursos adecuados para el desempeño efectivo y eficaz.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de ____________________ de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de los cuarteles del Negociado de la Policía, así como los materiales y equipos necesarios en estos para el pleno descargue de las responsabilidades de este negociado. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente.

Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe comprensivo que incluya, pero sin limitarse, a lo siguiente:

1. el estado físico y mejoras necesarias de los cuarteles del Negociado de la Policía, así como la suficiencia de los materiales y equipos necesarios en estos para el pleno descargue de las responsabilidades de este negociado.
2. Posibles soluciones a los problemas de infraestructura en las instalaciones que albergan a los negociados mencionados, entre estas, un listado de estructuras que puedan ser utilizadas para la reubicación del cuartel, su personal y el equipo existente en facilidades aptas a sus funciones;
3. Auscultar la posibilidad de reubicar personal necesario para un servicio adecuado y eficiente;
4. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender esta situación de carácter urgente
5. Cualquier otra información pertinente que asista en el cumplimiento de los objetivos de esta Resolución.

Sección 3.-La Comisión estará facultada para rendir informes parciales y un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.