(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(27 DE FEBRERO DE 2025)
GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 1ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 267
23 DE ENERO DE 2025
Presentado por el representante Méndez Núñez; la representante Lebrón Rodríguez; los representantes Peña Ramírez, Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinea, Colón Rodríguez; la representante del Valle Correa; los representantes Estévez Vélez, Franqui Atiles; las representantes González Aguayo, González González; los representantes Hernández Concepción, Jiménez Torres; las representantes Martínez Vázquez, Medina Calderón; los representantes Morey Noble, Muriel Sánchez, Navarro Suárez, Nieves, Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero; la representante Peña Dávila; los representantes Pérez Cordero, Pérez Ortiz; las representantes Pérez Ramírez, Ramos Rivera; los representantes Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán
Referido a la Comisión de Gobierno
LEY
Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico” para atemperar los objetivos de política pública energética a la urgente y precaria realidad de la emergencia energética de Puerto Rico; garantizar el cumplimiento con las metas establecidas para el 2050 en particular la urgente necesidad de atender la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico; disponer sobre el cumplimiento con la presente Ley; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No existe prioridad mayor para un gobierno que asegurar para su ciudadanía la seguridad y estabilidad energética -por medio de una infraestructura y sistema eléctrico que sea moderno, confiable, resiliente y costo-efectivo. Sólo teniendo seguridad energética se puede proveer y asegurar efectivamente otros servicios esenciales para el Pueblo incluyendo seguridad pública, servicios de salud, telecomunicaciones, transportación, y el desarrollo y crecimiento económico -y de empleos- en tan esenciales para Puerto Rico. Sobre esta clara prioridad es que debemos fundamentar la política pública energética de Puerto Rico hasta lograr las metas trazadas.
Por la pasada década, ha sido la política pública del Gobierno de Puerto Rico diversificar la cartera de fuentes de generación de nuestro sistema de energía eléctrico para disminuir nuestra dependencia de combustibles fósiles que son dañinos a nuestra salud y nuestro medioambiente.
Aun cuando ha habido grandes avances en las fuentes de energía renovable y que Puerto Rico ha intentado acelerar la integración de estas a su cartera de generación, lo cierto es que persiste la inseguridad energética aun con operadores privados y la disponibilidad de fondos federales. Los retos además son exacerbados por el problema fiscal que enfrenta Puerto Rico, la imposibilidad de entrar en el mercado financiero y los atrasos en reconstrucción del sistema eléctrico, por lo que no se van a poder cumplir las metas intermedias establecidas en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, Ley Núm. 17-2019, ni en la Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, Ley Núm. 82-2010, según enmendada. A estas razones se une, además, el alza desmedida en el costo de energía al consumidor que resultaría de la integración de estas fuentes renovables en estos momentos por su naturaleza intermitente y variable. La gran demanda mundial de fuentes renovables, junto con las limitaciones impuestas por las actuales metas intermedias incluidas en la mencionada ley, han mantenido los precios de fuentes de generación renovables demasiado altos. Necesitamos energía limpia pero también necesitamos energía que nuestra gente pueda pagar.
Para atender esta situación de emergencia, necesitamos revisar las medidas impuestas en la ley que, aunque meritorias, requieren actualizarse a la realidad de los tiempos y a la que vive nuestra gente. Siempre manteniendo la meta impuesta de que, en 2050, contemos con un sistema eléctrico en Puerto Rico cuya generación provenga en el 100% de fuentes renovables.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, para que se lea como sigue:
“Artículo 1.6-Objetivos iniciales
La política pública energética tiene como misión alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos iniciales:
11) Uniformar…
12) Robustecer…
13) Requerir…
14) Establecer los elementos necesarios para alcanzar la aspiración de nuestro Pueblo para contar con un Sistema Eléctrico moderno, confiable, resiliente y estable, con tarifas menores a los veinte centavos por kilovatio/hora (20¢/kWh), y energía limpia, moderna y confiable que sea la base del desarrollo económico sostenible de Puerto Rico.”
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.3 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 2.3. — Cartera de Energía Renovable.
(a) ...
(b) Para el 2050, la Cartera de Energía Renovable aplicable a cada proveedor de energía al detal será el cien por ciento (100%).
(c) Para cada año natural…
(d)
(e)
(f) Todo lo relacionado…”
Sección 3.- Se enmienda el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 2.13. — Prohibición de uso de combustión de carbón.
Como parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico de reducir responsablemente hasta eliminar nuestra dependencia de fuentes de energía derivadas de combustibles fósiles, se prohíbe la concesión de nuevos contratos y/o permisos para el establecimiento de plantas de generación de energía a base de carbón y sus derivados. Asimismo, ningún permiso o enmienda a contrato existente a la fecha de aprobación de la Ley de Política Pública Energética podrá autorizar o contemplar la quema de carbón como fuente para la generación de energía a partir de la fecha dispuesta en dicha Ley.
A los fines de sustituir el uso del carbón, se podrá sustituir la capacidad total controlada de generación existente a base de carbón por capacidad de generación de energía nueva y equivalente no intermitente (“base load”, de dicha capacidad (total controlada), utilizando otras fuentes que cumplan con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, mediante la extensión de contratos y/o renovación de permisos existentes basados en la nueva fuente de generación. Dicha sustitución de la capacidad de generación a base de carbón mediante otras fuentes de energía deberá ser autorizado por el Negociado, siguiendo los requisitos aplicables en Ley, y resultar en la eliminación total del uso de carbón como fuente para la generación de energía en Puerto Rico. Si fuere necesario la renovación de permisos existentes o la concesión de permisos nuevos para la sustitución de la capacidad existente, todos los permisos, consultas, variaciones, endosos, certificaciones, concesiones, y autorizaciones necesarios, incluyendo, pero sin limitarse a, los trámites relativos al cumplimiento con la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, deberán ser tramitados por la Oficina de Gerencia de Permisos y demás agencias concernidas siguiendo los procedimientos expeditos para estados de emergencia.”
Sección 4.- Cláusula de Transición.
Toda persona -natural o jurídica-, entidad pública o privada, que tenga o tuviere en el futuro que cumplir con los propósitos de la Ley Núm. 17-2019, según enmendada, realizará los cambios en sus reglas, reglamentos, normas y procedimientos para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley y de esta forma, garantizar el más fiel cumplimiento con la Política Pública Energética de Puerto Rico.
Sección 5.- Vigencia.
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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