GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 1 ^ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 38

27 DE ENERO DE 2025

Presentada por los representantes Ferrer Santiago, Torres García, Feliciano Sánchez, Figueroa Acevedo, Fourquet Cordero; las representantes Hau, Higgins Cuadrado, Martínez Soto; el representante Rivera Ruiz de Porras; la representante Rosas Vargas; los representantes Torres Cruz, Varela Fernández y la representante Vargas Laureano

Referida a la Comisión de lo Jurídico

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenarle al Procurador General de Puerto Rico unir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como demandante, junto a la coalición de estados y entidades que están demandando para que se bloquee de forma inmediata la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento; para solicitar se declare inconstitucional dicha orden y se garanticen los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden, y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El lunes 20 de enero de 2025 el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. En esta orden se establece que su administración ya no reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, siempre y cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La ciudadanía por nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, independientemente del estado migratorio de sus padres.

Este derecho está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece que: “[t]odas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. La orden ejecutiva del Presidente Trump cuestiona que la 14ª Enmienda extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos y se afirma que los hijos de los no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.

Con esta orden, se excluye de la ciudadanía automática a por ejemplo, personas cuyas madres no estaban legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; personas cuyas madres estaban en el país legalmente pero de manera temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales. Se prohíbe la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas.

Consecuentemente, se ordenó a las agencias del gobierno de Estados Unidos que no emitieran documentos que reconozcan la ciudadanía para estos niños. Por tal, se instruyó a la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Estado, a dejar de emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños.

En reacción a tal nefasta política pública, varias secciones de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nueva Hampshire, Maine y Massachusetts y otras entidades dedicadas a los derechos de los migrantes presentaron una demanda ante el tribunal federal de Nueva Hampshire. Un juez federal de distrito bloqueó temporalmente la orden ejecutiva.

Así mismo, los fiscales generales de más de veinte (20) estados presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva principalmente basadas en la violación de los derechos constitucionales de miles de niños. El pleito presentado por los estados no es solo una defensa de la Constitución de Estados Unidos, sino también una lucha por la justicia y la dignidad de las comunidades más vulnerables.

Esta orden ejecutiva podría tener un impacto significativo en la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. Reconocemos la aportación del inmigrante en la vida social, económica y política del país. Además, es nuestra responsabilidad garantizar la protección de sus derechos constitucionales y asegurar un trato digno. Por ello, exigimos de las autoridades el respeto por los derechos humanos de todos los residentes de Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio.

Por las razones antes expuestas, esta Asamblea Legislativa urge al Procurador General de Puerto Rico a alzar su voz en representación de Puerto Rico y unirse a la coalición de estados y entidades que están demandando para que se bloquee de forma inmediata la orden ejecutiva que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, se declare inconstitucional dicha orden y se garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden.

RESUÉLVESE POR ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Procurador General de Puerto Rico unir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como demandante, junto a la coalición de estados y entidades que están demandando para que se bloquee de forma inmediata la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento; para solicitar se declare inconstitucional dicha orden y se garanticen los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.