GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 2 da. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
P. de la C. 424
INFORME POSITIVO
17 de septiembre de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 424, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la Cámara 424, tiene el propósito de añadir un subinciso (69) al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; reenumerar el actual inciso (aa) como inciso (bb) y añadir un nuevo inciso (aa) al Artículo 18 de la Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”; añadir un inciso (v) al Artículo 2.04 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” y añadir un inciso (gg) al Artículo 6 de la Ley Núm. 75-2019; a los fines de disponer entre las funciones del Departamento de Educación, el desarrollar e implantar, en colaboración con el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Puerto Rico Innovation and Techonology Service, campañas educativas anuales en escuelas sobre el uso seguro de la Internet y los medios electrónicos y los delitos cibernéticos.
La escuela, más allá de ser un espacio de formación académica, constituye el escenario principal donde los niños y jóvenes desarrollan valores, relaciones interpersonales y hábitos de convivencia que marcarán su vida adulta. En este contexto, resulta indispensable garantizar un ambiente escolar seguro, inclusivo y libre de violencia, en el cual todos los estudiantes puedan crecer de manera integral. Sin embargo, la realidad que enfrentan nuestras comunidades educativas demuestra que aún persisten conductas de hostigamiento, intimidación y violencia que atentan contra la paz escolar y el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Estos incidentes no solo interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que además generan consecuencias profundas como depresión, ansiedad, baja autoestima y hasta pensamientos suicidas en quienes son víctimas, mientras que en los agresores perpetúan actitudes de impulsividad, falta de empatía y normalización de la violencia.
En el entorno digital, los menores enfrentan riesgos igualmente preocupantes. A nivel internacional, aproximadamente el 21 % de los “tweens” (niños de 9 a 12 años) ha experimentado algún tipo de ciberacoso, y cerca del 13 % ha sufrido acoso cibernético en los últimos 30 días[1]. Más aún, entre jóvenes de 13 a 17 años, en 2023 el 26.5 % reportó haber enfrentado ciberacoso en ese período, en comparación con el 23.2 % en 2021[2]. Datos del National Center for Education Statistics revelan que el 21.6 % de estudiantes de 12 a 18 años que informaron haber sido intimidados en la escuela fueron víctimas de ciberacoso por medios electrónicos. Además, el 49 % de los adolescentes entre 15 y 17 años ha experimentado al menos uno de seis comportamientos de acoso cibernético, como insultos, difusión de rumores o amenazas físicas. Estas cifras reflejan una realidad alarmante: el acoso digital no solo se ha expandido, sino que ha adquirido mayor frecuencia e intensidad, afectando la salud mental, el rendimiento académico y la convivencia escolar.
En este marco, se hace necesario fortalecer la política pública educativa con herramientas correctivas que trasciendan el enfoque meramente punitivo y promuevan una verdadera transformación en la conducta del estudiante infractor. Esta medida responde precisamente a esa necesidad, al establecer la participación de los estudiantes en programas de servicio comunitario, educación en resolución de conflictos, mentoría con pares y actividades de justicia restaurativa como alternativas formativas para corregir comportamientos indebidos. Lejos de buscar el castigo, estas estrategias permiten que el joven reflexione sobre sus acciones, repare el daño causado y se reintegre de manera positiva a su comunidad escolar, fomentando valores de responsabilidad social, empatía y respeto mutuo.
La aprobación de esta iniciativa resulta esencial porque coloca en el centro de la discusión la necesidad de atender de forma integral las causas y consecuencias de la violencia escolar. Estudios internacionales y experiencias locales han demostrado que las medidas de tipo restaurativo y comunitario tienen un efecto positivo en la modificación de conductas, en la prevención de reincidencias y en la construcción de un ambiente escolar más pacífico y colaborativo. Además, estas acciones se alinean con las tendencias modernas en materia educativa, que reconocen que la formación del carácter y el desarrollo socioemocional son tan importantes como el aprendizaje académico.
Por tal motivo, aprobar esta medida significa dar un paso firme hacia la consolidación de escuelas seguras, equitativas y transformadoras, donde los conflictos no se manejen con exclusión, sino con oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Se trata de invertir en el presente y futuro de nuestra juventud, asegurando que cada estudiante tenga la posibilidad de enmendar errores, fortalecer su carácter y convertirse en un ciudadano comprometido con la paz y el bienestar común.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. de la C. 424, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación de Puerto Rico; Departamento de Seguridad Pública (Policía de Puerto Rico), Departamento de Justicia y Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
Al momento de la redacción de este informe, no habíamos recibido los memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Pública (ahora Policía de Puerto Rico), Departamento de Justicia y Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). No obstante contamos con los memoriales explicativos del Departamento de Familia y Educadores Puertorriqueños en Acción Inc. (EPA), que fueron remitidos a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes y que estaremos utilizando como parte del análisis de la medida.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) expresó en su memorial, que el proyecto de ley busca integrar, dentro de las funciones del DEPR y de las demás agencias concernidas, la responsabilidad de desarrollar e implantar programas educativos preventivos sobre el uso responsable y seguro del Internet. El objetivo central es proteger a los menores de edad, quienes son particularmente vulnerables ante riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenido nocivo, el robo de identidad, la explotación digital y otras modalidades de ciberdelito.
El DEPR resalta que educar sobre seguridad digital desde edades tempranas no solo protege a los estudiantes, sino que además los empodera para convertirse en promotores de un uso responsable de la tecnología dentro y fuera de la comunidad escolar. La colaboración interagencial es vista como un elemento clave para garantizar información actualizada y respaldada técnicamente.
El memorial reconoce que el DEPR ya ha realizado esfuerzos previos en esta materia a través de programas de Tecnología Educativa, Salud Escolar y Educación Temprana, así como capacitaciones dirigidas a maestros y familias, y actividades extracurriculares relacionadas con la ciberseguridad. No obstante, enfatiza que la medida propuesta fortalece y da continuidad a estos esfuerzos, elevándolos a un mandato legal que asegura consistencia y permanencia.
El memorial también establece la pertinencia del proyecto en armonía con normativas federales como FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), PPRA (Protection of Pupil Rights Amendment) y CIPA (Children’s Internet Protection Act), las cuales regulan la protección de la privacidad y seguridad de los menores en entornos digitales. Destaca, sin embargo, la necesidad de protocolos claros de consentimiento informado, especialmente en actividades sensibles o que conlleven recopilación de datos, para evitar conflictos con FERPA y PPRA.
El Departamento de Educación respalda la medida, por lo que expresan que para asegurar la efectividad de la misma, será necesario desarrollar protocolos de implementación que incluyan:
El DEPR concluye que el P. de la C. 424 es una medida pertinente, alineada con los retos del entorno digital actual y necesaria para proteger la seguridad de los estudiantes en línea. Al institucionalizar la colaboración interagencial y proveer recursos educativos de prevención, el proyecto fortalecerá la formación digital de los alumnos y contribuirá al desarrollo integral de la comunidad escolar puertorriqueña.
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
El Departamento de la Familia expresa en su memorial explicativo que la aprobación del Proyecto de la Cámara 424 es necesaria, ya que atiende una problemática social urgente: la vulnerabilidad de los menores ante los delitos cibernéticos. El memorial señala que, si bien el acceso a la tecnología y al Internet ofrece oportunidades valiosas para la educación y el desarrollo de los niños y jóvenes, también los expone a riesgos significativos como el acoso cibernético, la explotación sexual, la exposición a contenido nocivo y el robo de información personal. Estos factores convierten a los menores en un grupo especialmente indefenso, lo que exige la acción concertada del Estado para protegerlos mediante la educación y la prevención.
Asimismo, el memorial subraya que el P. de la C. 424 está en plena consonancia con la política pública de la actual administración, que promueve una cultura de prevención, seguridad digital y alfabetización tecnológica desde las etapas más tempranas de la educación. Al establecer campañas educativas anuales desarrolladas en conjunto entre el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía y PRITS, la medida articula un enfoque interagencial que fortalece las capacidades del Estado para enfrentar los crecientes delitos cibernéticos. Este esfuerzo preventivo busca dotar a los estudiantes, familias y comunidades escolares de las herramientas necesarias para un uso responsable y seguro de la tecnología.
Finalmente, el memorial concluye que la aprobación de esta medida no solo contribuirá a proteger de forma más efectiva a los menores de edad, sino que también servirá para formar una ciudadanía digital más consciente, informada y resiliente. Se enfatiza que la iniciativa es consistente con los objetivos estratégicos de la administración gubernamental y que representa una política pública coherente con la misión del Departamento de la Familia de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por estas razones, la agencia respalda el proyecto y reconoce que su aprobación es indispensable para promover un entorno digital más seguro y saludable para los niños y jóvenes de Puerto Rico
EDUCADORES PUERTORRIQUEÑOS EN ACCIÓN, INC (E.P.A.)
La organización magisterial Educadores Puertorriqueños en Acción, Inc. (E.P.A.), reconoce que el Proyecto de la Cámara 424 es una medida necesaria para atender los riesgos que enfrentan los menores en el mundo digital. Aunque la tecnología se ha consolidado como una herramienta fundamental para el aprendizaje y la vida diaria, también ha abierto la puerta a que individuos inescrupulosos utilicen estos medios para cometer actos indebidos, en especial contra los niños, quienes por su inmadurez no cuentan con las herramientas para distinguir entre lo apropiado y lo peligroso. Por ello, E.P.A. apoya firmemente el desarrollo de campañas educativas que orienten a los estudiantes sobre cómo protegerse de quienes buscan hacerles daño en línea.
El memorial enfatiza que la aprobación de la medida es indispensable porque no basta con que las agencias gubernamentales reconozcan los riesgos; es necesario un plan educativo formal que impacte tanto a los niños como a las familias. E.P.A. recomienda que el Departamento de la Familia sea incorporado entre las agencias colaboradoras, ya que la primera responsabilidad de guiar y proteger recae en los padres y tutores. Estos son quienes proveen a los menores con dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras, por lo que también deben ser incluidos en las campañas para prevenir el ciberacoso, la inducción a actividades delictivas y el acoso sexual. La medida, al institucionalizar estos esfuerzos, asegura que el mensaje llegue de forma integral a toda la comunidad escolar y familiar.
Finalmente, E.P.A. señala que la inclusión de medios de comunicación en las campañas educativas podría amplificar significativamente su alcance y efectividad, logrando que las orientaciones no se limiten al espacio escolar, sino que impacten a la sociedad en general. En conclusión, la organización sostiene que el P. de la C. 424 es esencial porque representa un esfuerzo articulado y preventivo que busca dotar a niños, padres y maestros de las herramientas necesarias para enfrentar con responsabilidad y seguridad los retos del entorno digital contemporáneo. Su aprobación, por tanto, es un paso fundamental en la protección de los menores y en la construcción de una ciudadanía digital más consciente y preparada.
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 424, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.
CONCLUSIÓN
La aprobación del Proyecto de la Cámara 424 se presenta como una necesidad impostergable para atender de manera integral los retos que enfrentan nuestras comunidades escolares en el ámbito digital. La realidad contemporánea demuestra que los niños y jóvenes están cada vez más expuestos a riesgos cibernéticos que atentan contra su bienestar físico, emocional y social. El ciberacoso, la exposición a contenido nocivo, el robo de identidad y la explotación digital son amenazas reales que, en ausencia de una política pública sólida y coherente, pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los menores. Al institucionalizar la colaboración entre el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), esta medida asegura un esfuerzo articulado, respaldado por el peritaje de las agencias con mayor capacidad técnica y jurídica para prevenir y combatir los delitos cibernéticos desde una perspectiva educativa.
El consenso expresado por las agencias y organizaciones que se han manifestado en torno a esta medida, evidencia la pertinencia y urgencia del proyecto. El Departamento de Educación subraya la importancia de educar desde edades tempranas sobre el uso seguro del Internet, no solo como un mecanismo de protección, sino también como una forma de empoderar a los estudiantes a convertirse en promotores de un uso responsable de la tecnología en sus comunidades. El Departamento de la Familia, por su parte, recalca la vulnerabilidad de los menores ante los ciberdelitos y la necesidad de un enfoque interagencial que atienda esta problemática de manera preventiva y educativa, en armonía con la política pública gubernamental de fortalecer la seguridad digital. A su vez, E.P.A. puntualiza que este esfuerzo debe integrar también a los padres, tutores y medios de comunicación, de manera que las campañas educativas tengan un alcance más amplio y sostenido en el tiempo.
Es importante destacar que la medida fue radicada antes de la aprobación de la Ley Núm. 83-2025, razón por la cual hacía referencia al Negociado de la Policía de Puerto Rico. No obstante, en el entirillado electrónico se realizaron las correcciones pertinentes para atemperar el texto a la legislación vigente, asegurando así la coherencia jurídica y la armonización de la medida con el marco legal actualizado. Esta enmienda técnica garantiza que la aplicación del proyecto responda adecuadamente a la estructura normativa actual y evite conflictos interpretativos.
El P. de la C. 424, fortalece la política pública educativa al proveer un marco de acción que no se limita a la sanción de conductas negativas, sino que, apuesta por la formación integral de los estudiantes, la participación activa de las familias y la creación de entornos escolares más seguros e inclusivos. En definitiva, aprobar esta medida representa un paso firme hacia la construcción de un Puerto Rico más seguro, consciente y preparado para los retos del mundo digital. Se trata de una inversión en el presente y futuro de nuestra niñez y juventud, que no solo les permitirá desenvolverse de manera responsable y segura en entornos electrónicos, sino que también fomentará la formación de ciudadanos capaces de contribuir activamente al bienestar común.
A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 424, recomienda la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.
Respetuosamente sometido,
Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura
Codesigningstore.com. Recuperado el 25 de agosto de 2025, de https://codesigningstore.com/internet-safety-statisitcs?utm_source ↑
Shantel Sullivan Ed. D., L. (s/f). Teenage Cyberbullying Statistics 2025. Bright Path Adolescent Mental Health. Recuperado el 28 de agosto de 2025, de https://www.brightpathbh.com/teenage-cyberbullying-statistics/ ↑
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