GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 3ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CAMARA DE REPRESENTANTES
R. C. del S. 46
INFORME POSITIVO
12 de febrero de 2026
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:
La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 46, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la pieza legislativa sin enmiendas.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolución Conjunta del Senado 46, según radicada, tiene como propósito: “Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio priorizar la promoción y el desarrollo de las industrias de reciclaje; identificar terrenos pertenecientes al gobierno donde se puedan establecer empresas dedicadas al reciclaje; incentivar empresas cuyos bienes de producción, en más del 50%, provengan de material reciclado; identificar aquellos programas y fondos, estatales o federales, necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.”
INTRODUCCIÓN
Según expone la medida propuesta, la gestión adecuada de los desperdicios sólidos constituye uno de los retos más apremiantes para Puerto Rico. Actualmente, la tasa de reciclaje en la isla apenas alcanza un promedio del 10%, lo que evidencia la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para reducir la acumulación de basura en vertederos y sistemas de relleno sanitario. Esta situación no solo genera riesgos ambientales, como la contaminación del suelo y cuerpos de agua, también aumenta la posibilidad de incendios y la propagación de enfermedades.
El proyecto bajo evaluación propone priorizar el desarrollo de empresas dedicadas al reciclaje, fomentando la transformación de materiales reciclados en bienes de nuevo uso. Por lo que con esta medida se pretende contribuir significativamente a la disminución de la demanda de producción primaria, promover la economía circular y preservar los recursos naturales del país. Además, el establecimiento de nuevas plantas de procesamiento permitirá ampliar la oferta de productos reciclados, posicionando al Gobierno de Puerto Rico como un modelo de política pública ambiental responsable y sostenible.
En este contexto, la aprobación de esta medida se considera esencial para garantizar la identificación de recursos y terrenos que faciliten la instalación de empresas recicladoras, así como para impulsar incentivos que promuevan la utilización de materiales reciclados en la producción local. Con ello, la medida busca, no solo atender una problemática ambiental crítica, sino también generar oportunidades de desarrollo económico y empleo en sectores emergentes.
AnÁlisis de la Medida
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en su memorial explica que, de conformidad a la Ley 171-2018, conocida como el “Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018”, con su Plan de Reorganización, se transfirieron y consolidaron bajo su supervisión las funciones previamente asignadas a la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y del Programa de Parques Nacionales, de modo que fuese el DRNA quien implemente la política pública de las agencias y programas consolidados, así como sus actuales leyes y reglamentos, de forma uniforme, integrada y más eficiente.
En cuanto a la R. C. del S. 46, expresaron que la medida atiende una problemática ambiental de alta relevancia y que plantea una serie de mecanismos que, de implementarse adecuadamente, podrían contribuir al desarrollo de una infraestructura de reciclaje más robusta en Puerto Rico, por lo que apoyaron la intención legislativa.
ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS
Por su parte, la Administración de Terrenos, destaca que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), concedió total deferencia a los comentarios del DDEC y de PRIDCO, argumento que “en vista de que el DDEC constituye la agencia rectora de la política pública de desarrollo económico de Puerto Rico, y que PRIDCO forma parte de dicho andamiaje institucional, ambas entidades cuentan con el peritaje necesario para brindar sus comentarios en torno a los objetivos de la medida legislativa objeto de estudio.”
AUTORIDAD DE TIERRAS
La Autoridad de Tierras expuso que la propuesta se ajusta con la política pública ambiental del Gobierno de Puerto Rico y con la necesidad de cumplir con normativas federales relacionadas con el manejo adecuado de residuos y la protección de los recursos naturales. No obstante, recomendaron mantener las protecciones de las que gozan los terrenos delimitados por su valor agrícola o ambiental. La Autoridad indicó en su memorial que con dicha exclusión se salvaguardaría la integridad de los suelos agrícolas y garantizaría la conservación de sus recursos, arguyendo a respaldar esfuerzos de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental de la Isla.
JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO
De igual modo, la Junta de Planificación de Puerto Rico recomendó que la medida se implemente bajo los principios de planificación sustentable y el marco regulatorio vigente, argumentando que “…toda identificación de terrenos se realice en cumplimiento con los instrumentos de planificación territorial vigentes, tales como el Plan de Uso de Terrenos (PUT), con el respectivo al mapa de clasificación y, los Planes de Ordenación Territorial (POT) de los municipios con sus mapas de calificación (o zonificación).”
AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL
Desde la perspectiva fiscal de la AAFAF, la medida no conlleva una asignación directa de fondos ni requiere gastos nuevos que alteren el presupuesto general vigente. Expresan que, su implementación se canaliza mediante el uso de recursos existentes dentro del DDEC y la búsqueda de fondos externos, incluyendo federales, lo cual armoniza con los principios de eficiencia, innovación y reutilización promovidos por el Plan Fiscal certificado.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
El DDEC en su memorial se expresó a favor de la intención legislativa y estableció que la medida tiene como propósito priorizar la promoción y el desarrollo de las industrias de reciclaje en Puerto Rico. En cuanto a la disposición sobre identificación de terrenos pertenecientes al gobierno, donde se puedan establecer empresas dedicadas al reciclaje, destacó que “cualquier industrial que desee establecer su manufactura u operaciones de reciclaje en Puerto Rico, puede solicitarle a PRIDCO el arrendamiento de sus propiedades o lotes de terreno disponibles“, ya que son estos los que se dedica a promover el desarrollo económico industrial en Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
El Departamento de Agricultura, destacó la importancia de ejecutar esta iniciativa con una planificación rigurosa, que cuente con la participa efectiva de la Rama Ejecutiva de Gobierno, para maximizar sus beneficios y evitar impactos adversos. Mientras que para el aspecto económico y de impacto fiscal, sugirieron coordinar con entidades federales para atraer subvenciones o préstamos blandos que apoyen la infraestructura de reciclaje.
OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Finalmente, en cuanto a la R. C. del S. 46, la OPAL evaluó el efecto fiscal de la misma y concluyó que la aprobación de la medida no tendría un impacto fiscal debido a que sus disposiciones forman parte de las funciones ministeriales, ya conferidas al Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio, según el marco legal vigente sobre la promoción de industrias.
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.
CONCLUSIÓN
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la R. C. del S. 46, recomendando su aprobación sin enmiendas.
Respetuosamente sometido,
Hon. Joel I. Franqui Atiles
Presidente
Comisión de Desarrollo Económico
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