GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 2da. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. DE LA C. 321

INFORME POSITIVO

6 de octubre de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración de la R. de la C. 321, tiene a bien someter su informe recomendando la aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe, cuyo título lee:

“Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, a fin de evaluar el grado de cumplimiento con la política pública establecida para garantizar y promover el acceso a la justicia de las personas adultas mayores asegurando su acceso efectivo a la justicia, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; y para otros fines relacionados.”

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara Núm. 321 tiene el propósito de examinar, mediante un estudio legislativo integral, el cumplimiento de las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico con la política pública de garantizar y promover el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, según lo dispuesto en la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.

La medida persigue atender un asunto de gran relevancia social, reconociendo que las personas adultas mayores enfrentan barreras que limitan su participación plena en los procesos judiciales y administrativos, tales como limitaciones físicas, aislamiento social, dificultades económicas y tecnológicas. El análisis legislativo permitirá identificar deficiencias estructurales y las áreas de mejora necesarias para que las instituciones gubernamentales cumplan con su obligación de garantizar un acceso efectivo y equitativo a la justicia.

En su Exposición de Motivos, la resolución resalta que el principio de acceso a la justicia, reconocido por el Poder Judicial y por la política pública del Estado, implica no solo el derecho formal de acudir a los tribunales, sino la obligación de crear mecanismos reales y accesibles que permitan a todas las personas adultas mayores ejercer y defender sus derechos con dignidad y seguridad.

La investigación que autoriza la medida promoverá la coordinación interagencial entre el Departamento de la Familia, el Poder Judicial y los municipios, conforme al mandato de la Ley 121-2019, para asegurar una política pública coherente, proactiva y efectiva en favor de este sector poblacional.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Considerando los elementos analizados, esta Comisión concluye que la medida examinada responde a un interés legislativo legítimo y debidamente fundamentado. En consecuencia, se recomienda la aprobación de la Resolución de la Cámara 321, con las enmiendas que obran en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Respetuosamente sometido,

PEDRO JULIO SANTIAGO GUZMÁN
Presidente
Comisión de Asuntos Internos