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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea 1 ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 136

Informe Positivo

16 de junio de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 136, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LAS MEDIDAS

La Resolución Conjunta de la Cámara Número 136, según radicada tiene el propósito de asignar la cantidad de trece mil noventa y cinco millones trescientos quince mil (13,095,315,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2026, las siguientes cantidades o la porción de estas fuese necesario; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el análisis y dar cumplimiento a las disposiciones de la R. C. de la C. 136, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó vistas públicas los días 20 y 26 de marzo de 2025, el 1, 2, 4, 8, 11, 22, 23, 29 y el 30 de abril de 2025, el 2, y el 9 de mayo de 2025, sobre la Evaluación del Presupuesto General de Puerto Rico Año Fiscal 2025-2026, la cual estuvo bajo la consideración la R. C. de la C. 79. Durante estas vistas públicas la Comisión de Hacienda comparecieron 52 entidades de Gobierno, las cuales componen y/o representan el 85% del Presupuesto del Fondo General.

En las vistas públicas participaron las siguientes Agencias:

20 de marzo de 2025

EQUIPO FISCAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Compareció el Equipo Fiscal de la Gobernadora de Puerto Rico, compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para presentar los comentarios y estatus relacionado al proceso de aprobación del presupuesto, prioridades presupuestarias, proyecciones de ingresos y gastos para el Presupuesto del Año Fiscal 2024-2025 y Año Fiscal 2025-2026, bajo la R. de la C. 60.

ROL DE LA AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO (AAFAF)

La AAFAF fue creada mediante la Ley Núm. 2-2017, conocida como Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Ley 2), con el propósito de actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios, asumiendo así las responsabilidades de agencia fiscal y asesoría anteriormente ejercidas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Además, la Ley 2, establece a la AAFAF como el ente gubernamental encargado de la colaboración, comunicación y cooperación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ("JSAF"). A tales fines, la Ley 2 dispone que la AAFAF:

ROL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento nace en virtud de la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico. Conforme a ello, se les delegó la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y política fiscal de la isla, de una manera eficiente para así maximizar los recursos del erario. Por tanto, el Departamento funge como el principal recaudador de fondos públicos.

Así las cosas, el Departamento tiene dentro de su haber la administración de las leyes y política pública contributiva a través de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" (Código), la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" (Ley 230) y cualquier ley de materia contributiva aplicable al Departamento.

ROL DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 (Ley 147), según enmendada, conocida como la Ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se aprobó con el fin de crear la OGP adscrita a la Oficina del Gobernador. Conforme a dicha Ley, la Asamblea Legislativa estableció como política del Gobierno de Puerto Rico: "implantar medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal por medio del control adecuado de partidas presupuestarias relacionadas con nombramientos, transacciones de personal, contrataciones y del control general del gasto gubernamental”.

A su vez, la OGP es el organismo asesor y auxiliar para ayudar al Gobernador en el descargue de sus funciones y responsabilidades de dirección y administración. La OGP bajo las reglas, reglamentos, instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere, asesora a éste, a la Asamblea Legislativa y a los organismos gubernamentales en los asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa la propuesta del Presupuesto General del Gobierno, incluyendo las Corporaciones Públicas. La OGP también vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones, con las más sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, entre otras.

El Asesor Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Lcdo. Luis Roberto Rivera Cruz, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berrios, y el Secretario del Departamento de Hacienda (DH), Hon. Ángel Pantoja Rodríguez, indicaron que, desde el punto de vista operacional, no vislumbran mayores variaciones en los presupuestos de las entidades gubernamentales.

Asimismo, el Equipo Fiscal confirmó que las áreas de prioridad de política pública para el próximo presupuesto se concentran en la educación, reconstrucción social, adultos mayores, mantenimiento de infraestructura, municipios, reconstrucción y fondos generales.

El Secretario de Hacienda, indicó que el Equipo Fiscal se encuentra inmerso en el proceso de desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2025-2026. Esto, conforme a la línea de tiempo (calendario) establecida por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y, por tanto, sujeto al marco jurídico establecido por la Ley Promesa.

PREPARACION Y PRIORIDADES PARA EL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2025-2026

La prioridad y/o responsabilidad inmediata del Equipo Fiscal de Puerto Rico, es acordar un presupuesto balanceado, y certificado como consistente con el Plan Fiscal, que asigne los recursos necesarios para las operaciones de las entidades gubernamentales y una mejor provisión de servicios para nuestros ciudadanos. Para el comienzo de estas vistas públicas, el 20 de marzo de 2025, la OGP contaba con una recomendación para el presupuesto del fondo general según la proyección de recaudos de $ 13,258,406,000, un aumento prudente de 4% sobre el presupuesto del año fiscal en curso. Luego de esta fecha la JSAF sometió comunicación al Gobierno de Puerto Rico, el 21 de abril del 2025, en donde se modificó el presupuesto del fondo general a $13,095,000, lo cual representa un aumento de $33,013,000 en comparación con el actual presupuesto. Dicha modificación se debe a una redistribución de fondos del fondo general a fondos especiales por $163 millones. Es importante enfatizar que, desde el punto de vista operacional, no se vislumbran mayores variaciones en los presupuestos de las entidades gubernamentales, por lo que los recursos provistos serán consistentes con el presupuesto vigente.

La metodología que utilizó la OGP para elaborar el presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2026 parte de los principios de responsabilidad fiscal, garantizando que las asignaciones presupuestarias sean sostenibles, estratégicas y alineadas con los objetivos económicos y fiscales del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, el presupuesto propuesto se diseñó en de conformidad con el Plan Fiscal Certificado 2024, para asegurar el cumplimiento con las métricas financieras establecidas por la JSAF, Además, el proceso de elaboración del presupuesto estuvo guiado por proyectos estratégicos clave, de manera que los recursos sean destinados a sectores prioritarios que promoverán el desarrollo económico y social de Puerto Rico.

Durante la evaluación de las solicitudes presupuestarias para el Año Fiscal 2026, la OGP consideró varios factores críticos que influyen directamente en la capacidad de gasto de cada agencia. Entre estos factores se incluyeron el impacto de la implementación de la Fase II de la Reforma del Servicio Civil (CSR, por sus siglas en inglés), los riesgos asociados a la nómina debido a la expiración o eliminación de fondos federales, vulnerabilidades en infraestructura, la necesidad de modernización de sistemas, la alineación con las prioridades del Programa de Gobierno de la Gobernadora, las iniciativas del Plan Fiscal, la necesidad de pareo de fondos federales, entre otros. Cada uno de estos factores fue evaluado en función de su impacto financiero y la capacidad de cada agencia para administrar sus recursos de manera eficiente.

El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2026 contempla inversiones en el área de familia, salud, educación, seguridad y modernización gubernamental a través de mejoras capitales, asegurando que las asignaciones presupuestarias respondan a las necesidades de nuestra gente y contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura del gobierno.

Un factor clave considerado en la evaluación presupuestaria fue el impacto de la implementación de la Fase ll de la Reforma del Servicio Civil (CSR) la cual introduce cambios en la estructura organizacional de múltiples agencias gubernamentales. La implementación de esta fase del CSR requiere ajustes en la nómina gubernamental, puestos y actualización de sistemas administrativos. Ante ello, el presupuesto incorpora asignaciones dirigidas a fortalecer la gestión de recursos humanos, mejorar la capacitación del personal y asegurar la continuidad de los servicios esenciales sin disrupciones.

Como parte del cumplimiento del Gobierno con el plan de ajustes y el plan fiscal, el presupuesto recomendado contempla las siguientes partidas:

El Presupuesto Consolidado Año Fiscal 2026

El Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026 asciende a $32,609 millones, distribuidos de la siguiente manera: $13,095 millones para el Fondo General, $5,326 millones para los Fondos de Ingresos Especiales y $14,188 millones en Fondos Federales.

Proyecciones e Indicadores Económicos

El Plan Fiscal certificado por la JSAF el 5 de junio de 2024 proyecta un período de estabilidad fiscal con respecto a la base o flujo de ingresos. Esto principalmente se atribuye al efecto de los fondos de estímulo sin precedentes provistos por el gobierno federal. Además, a la aprobación, a partir del Período Fiscal 2021 con la aprobación de la Ley Núm. 41-2021, que extendió los beneficios del Crédito por Trabajo a Puerto Rico lo que ha redundado en un crecimiento en los ingresos de Contribución sobre Ingresos de Individuos, con respecto a los períodos fiscales 2021 a 2022 y 2022 a 2023.

Para la base total de ingresos, la JSAF prevé crecimientos positivos entre los periodos fiscales entre 2024 a 2027. Durante el período proyectado del FY25 a FY27, el crecimiento interanual promedia en una tasa de 2.2 por ciento anual.

El Plan Fiscal vigente, certificado por la JSAF pronostica una desaceleración de la tasa nominal del producto bruto para el período de 2025 a 2030 proyectada en el Plan Fiscal promedia en una tasa de crecimiento anual de 1.8 por ciento. Las tasas de crecimiento del producto bruto para los últimos 18 años fiscales a partir de 2005 han fluctuado de 8.2% en su momento pico, a 2.8% en su punto mínimo en 2018, tras el paso de los huracanes Irma y María por la Isla.

Para el período entre los años fiscales 2010 a 2016, la tasa de crecimiento promedió en 1.4 %. Mientras, para el período crítico de 2017-2020, tras los acontecimientos de los huracanes Irma y María los terremotos y la declaración de pandemia, la tasa promedió en -1.0%. El crecimiento en el producto bruto para los tres períodos fiscales siguientes de 2021-2023; caracterizados por una inyección fondos federales, promedió en una tasa de 5.7%. Bajo este panorama económico, la JSAF proyectó tasas de crecimientos para los períodos fiscales subsiguientes; 2025 y 2026 de 0.9% y 1.5% respectivamente.

Producto Bruto $ en millones, Forecast

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La fuerza laboral, junto con las tasas de empleo y desempleo, constituye indicadores importantes para el crecimiento económico. En Puerto Rico, se ha observado un incremento notable en la fuerza laboral, según lo indicado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y una reducción en la tasa desempleo, la cual se encuentra en su nivel más bajo en los últimos años. Este aumento podría estar vinculado a la implementación del Crédito por Trabajo, introducido a partir del período contributivo 2021 mediante la Ley Núm. 41-2021. Dicha ley, a su vez, se deriva de la extensión del programa “Earned Income Tax Credit” (ElTC) a Puerto Rico, aprobada por la administración Biden-Harris en marzo de 2021 a través del “American Rescue Plan Act”. Lo que muestra una respuesta directa y contundente entre la aprobación de esta Ley y un crecimiento neto de más de 120 mil empleos entre 2019 y 2023.

PR Unemployment Rate, Fiscal Years

2014

2016

2018

2020

2022

2024

En términos del Empleo Total, esto ha representado un crecimiento neto entre el período 2019 y 2024 de más de 120 mil empleos.

Cambio Interanual (YoY) en el Empleo Total, Años Fiscales - DTRH

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Los ingresos netos al Fondo General en el año fiscal 2024 ascendieron a $13,362 millones, lo que, con respecto al Año Fiscal 2023, representó $764.4 millones más, o un crecimiento en la base de ingresos tributables de 6.1%. Con respecto a la proyección del Plan Fiscal Certificado de 2023, los recaudos excedieron el estimado fiscal en $1,010 millones, o 8.2%.

Durante los primeros ocho meses del año fiscal en curso, los ingresos netos al Fondo General han mostrado un desempeño alentador, esto en consonancia con la fortaleza observada en los indicadores de empleo e ingresos individuales. Este panorama optimista, no obstante, debe matizarse ante el grado inherente de incertidumbre que aún persiste, particularmente en lo concerniente a la estabilización definitiva del sistema eléctrico y la potencialidad de factores externos disruptivos.

Ingresos Proyectados versus Recaudos AF 2025

26 de marzo de 2025

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO DE PUERTO RICO (DTRH)

La Secretaria designada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Sra. Nydza Irizarry Algarín, explicó que durante los primeros meses el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, emprendió una revisión profunda del funcionamiento administrativo de la agencia con el objetivo de maximizar el uso de los recursos fiscales y humanos. Esta labor no solo respondió a una necesidad de eficiencia, sino también a la complejidad de los servicios que el Departamento ofrece, tanto a los trabajadores como a los patronos del sector privado y a las organizaciones sindicales de la isla. El análisis reveló la necesidad urgente de revisar la Ley Orgánica del Departamento con el propósito de modernizar su estructura organizacional y adaptarla a las realidades actuales, promoviendo así una gestión pública más efectiva y enfocada en el servicio al pueblo.

En este contexto, antes de la presentación formal del informe presupuestario, se consideró imprescindible contextualizar la situación administrativa encontrada al asumir la Secretaría del Trabajo. A partir de este diagnóstico, se desarrolló un plan de acción inmediato enfocado en fortalecer la operatividad del Departamento a través de una administración más eficiente y una inversión estratégica de los fondos disponibles.

La Secretaria designada indicó que el presupuesto consolidado solicitado para el año fiscal 2025-2026 asciende a $347,253,000, lo que representa una reducción de $36,362,000 respecto al año fiscal anterior. Esta disminución presupuestaria responde a un ejercicio consciente de racionalización de recursos, sin sacrificar la calidad en la prestación de servicios esenciales. El desglose del presupuesto contempla $10,318,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Fondo General, $302,471,000 de Fondos Especiales Estatales, $34,020,000 de Fondos Federales y $444,000 de Ingresos Propios.

Con estos recursos, el Departamento se propone implementar una política pública sólida en materia de protección laboral, asegurando el cumplimiento de leyes y reglamentos que amparan los derechos de los trabajadores. Además, el presupuesto permitirá fortalecer el desarrollo del capital humano mediante programas de capacitación, promoción de empleo y equidad laboral, elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral puertorriqueña.

También se impulsarán iniciativas orientadas a la creación de empleo sostenible mediante alianzas estratégicas con el sector privado y otras entidades gubernamentales. Asimismo, se priorizarán acciones dirigidas al bienestar integral del trabajador, garantizando condiciones laborales seguras, programas de apoyo, y acceso a beneficios que fomenten un entorno laboral justo y digno.

Este compromiso se ejecutará a través de diversas unidades y componentes del Departamento, entre ellas la Unidad Anti-Discrimen, el Negociado de Normas del Trabajo, la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo, la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador, OSHA y el Negociado de Estadísticas.

En conclusión, el presupuesto solicitado para el año fiscal 2025-2026 es una herramienta fundamental para la implementación de un plan de trabajo ambicioso pero necesario. A través de una administración responsable y estratégica, el Departamento del Trabajo aspira a cumplir con su compromiso de velar por los derechos de los trabajadores, fomentar el empleo de calidad y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

La OATRH administra la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como: “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, Ley 8-2017), la cual tiene como objetivo, reconociendo que nuestros servidores públicos son el recurso más importante para el Gobierno de Puerto Rico, transformar el sistema de personal del servicio público e instituir al Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único.

El Director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), el licenciado Facundo Di Mauro Vázquez, indicó que el presupuesto del año fiscal 2025-2026 es de $12,035,000 de los cuales $6,059,000 serían asignados para la partida de nómina y costos relacionados. Además, comento que para este año fiscal 2024-2025, el presupuesto aprobado fue de $12,083,000.

Esto representa una reducción de $48,000.00 en el presupuesto propuesto, en comparación con el presupuesto actual. Esta reducción impacta mayormente la partida para gastos operacionales de la agencia en los fondos Especiales Estatales, la cual es $25,000.

El Director de la OARTH añadió que la asignación por parte del Fondo General Estatal representa también una disminución de $23,000.00 en comparación del presupuesto corriente.

Dicha disminución corresponde a $120,000 para el pago de pensiones "PayGo" y el pago de pensiones de la Ley 80-2020, conocida como la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.

1 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Lcdo. Francisco A. Quiñones Rivera, Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) indicó que el Departamento unifica bajo una misma estructura organizacional el sistema correccional para menores transgresores (antes Administración de Instituciones Juveniles) y para adultos (antes Administración de Corrección), el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, el Programa de Salud Correccional y la agencia adjunta conocida como Junta de Libertad Bajo Palabra.

El DCR es el organismo de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación tanto de la población adulta como de menores, así como también, tiene a su haber la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal.

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, indicó que la misión está centrada en proveer custodia y rehabilitación a los miembros de la población correccional ofensores y trasgresores, por medio de la implantación de servicios de calidad, la integración, combinación e innovación de programas educativos, de fe y de reinserción comunitaria.

Además, explicó que el sistema de menores se compone de 2 instituciones y 2 centros de servicios multifamiliares en comunidad. El sistema de adultos dispone de 4 complejos correccionales y de 23 instituciones, 10 programas de comunidad para atender personas sentenciadas, 13 centros regionales de servicios con antelación al juicio para atender imputados de delitos, 5 oficinas de evaluación y asesoramiento para atender agresores de violencia (doméstica, sexuales, etc.).

También supervisan otros servicios tales como: 6 unidades de Investigaciones y Arrestos para los 13 centros del Programa de Servicios con Antelación al Juicio; 2 unidades de ruta y escolta y 2 unidades de operaciones especiales para las 2 instituciones juveniles; 5 unidades de ruta y escolta, 2 unidades de Fuerzas Conjuntas, 6 unidades caninas, 5 brigadas de mantenimiento y ornato, 1 unidad de supervisión electrónica, 5 talleres de transportación, entre otros.

El Lcdo. Francisco A. Quiñones Rivera, comentó que para el Año Fiscal 2025-2026 la agencia solicitó del Fondo General la cantidad de $515,182,000 de los cuales $264,473,000 corresponden a Nómina, $193,814,000 a Gastos Operacionales y $56,895,000 a PayGo.

$264,473,000

$50,544,000

$75,161,000

$1,294,000

$3,532,000

$1,002,000

$39,171,000

$13,000,000

$5,495,000

$4,378,000

$50,000

$56,895,000

$0

$187,000

2 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA (DV)

La Secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, indicó que el Departamento de la Vivienda (DV), fue creado en virtud de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, como el organismo gubernamental responsable de elaborar y ejecutar la política pública de vivienda y desarrollo comunal del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el desarrollo de las actividades en el campo de la vivienda de interés social, así como promover la participación de entidades privadas en el desarrollo de vivienda de interés social y subsidiada.

Además, comentó que el Departamento se compone de la Secretaría de Recursos Humanos, Secretaría de Planificación Estratégica, Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Viviendas, Secretaría de Subsidio y Desarrollo Comunitario, Secretaría de Adquisición y Ventas de Propiedades y la Oficina de Sistemas de Información. También administra los Programas de Community Development Block Grant (CDBG) Estatal y Disaster Recovery y Continuum of Care Program (CDBG DR).

También cuenta con oficinas regionales en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan y tiene actualmente una plantilla de 697 empleados. Los cuales se desglosas en 238 empleados pagados con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General y 459 con Fondos Federales.

Además, se proyecta el posible reclutamiento de aproximadamente 22 empleados adicionales para el programa CDBG DR, lo que elevaría la plantilla a 719 empleados durante el año fiscal 2026.

La Secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, indicó que el Presupuesto del Departamento para el año fiscal 2025-2026 asciende a $2,263,591,000. Este se compone de fondos por parte de:

La Secretaria indicó, que el Presupuesto Recomendado de $2,263,591,000, refleja una disminución total de $1,105,696,000, en comparación al aprobado para el año fiscal 2025. Esta disminución se refleja principalmente en la partida de Fondos Federales. La Secretaria de Depto. destaco, que el presupuesto por concepto de fondos federales es uno variable, esto, ya que algunos programas tienen "grants" con diferentes periodos para su uso y no necesariamente van de acuerdo con el año fiscal estatal. Por eso el presupuesto se realiza considerando los desembolsos de acuerdo con el comportamiento de los programas, los "close out" de algunos de ellos y la apertura de otros, la cual es determinada por el gobierno federal. Por tal razón, la partida de fondos federales puede variar de acuerdo con el comportamiento de los factores antes mencionados. Entendemos, que finalmente para el Año 2025 el Departamento tendrá aproximadamente $1,569,296,779, por concepto de fondos federales. Respecto a la partida con cargos al Fondo General, Pérez Peña explicó que refleja una baja de $12 millones, ya que no se contempló la asignación para el pago para mejoras permanentes en esta etapa del proceso presupuestario.

Finalmente, la Secretaria del Departamento de la Vivienda, solicito una partida adicional de $15.3 millones para el pago de nómina y mantener una fuerza laboral sin que se afecten los servicios esenciales que se ofrecen. Para nómina, la asignación recomendada es de $12.9 millones. La disminución entre la cantidad solicitada y la recomendada nos obliga a reconsiderar el reclutamiento de nuevo personal.

ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA (AVP)

El Administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP) el Sr. Juan A. Rosario Hernández, indicó que el Presupuesto de la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia gubernamental adscrita al DV tiene un presupuesto recomendado para el próximo año fiscal 2025-2026 de $758,238,000. De esta cantidad, un 99.2% o $752,374,000 provienen de fondos federales. Este presupuesto se utiliza para cubrir los Siguientes gastos:

Además, comentó que como parte del presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-2026 se contempla una partida de fondos estatales de $3.1 millones o 0.4% del presupuesto, destinados para cubrir la nómina de 10 proyectos estatales, así como el gasto de nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, transferidos a nuestra agencia por movilidad.

Finalmente, el Administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP) el Sr. Juan A. Rosario Hernández, mencionó que la AVP cree firmemente que el desarrollo económico es fundamental para asegurar una mejor calidad de vida para las comunidades, Por tal razón, manejan distintos programas con el fin de fomentar la independencia económica y social de los conciudadanos. La AVP invertirá para el año fiscal 2025-2026 aproximadamente $39 millones en servicios al residente a los fines de mejorar su calidad de vida.

4 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP)

El Ing. Edwin E. González Montalvo, Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mencionó en su ponencia que la misión del Departamento establece como objetivo primordial el desarrollo de un sistema de transportación masivo integrado que, unido a la infraestructura vial y a la prestación de servicios, facilite el desarrollo económico de Puerto Rico en armonía con el ambiente.

Además, indicó que en el Secretariado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ofrecen servicios a la ciudadanía a través de tres directorias:

El Ing. Edwin E. González Montalvo, explicó que conforme con el Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, transfiere, agrupa y consolida en el Departamento a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y a la Autoridad de los Puertos. Trabajan incansablemente para llevar a Puerto Rico hacia un mayor desarrollo económico, a través de una infraestructura moderna, un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente.

Como parte del compromiso que tiene esta administración, el Ing. González destacó que han adoptado medidas inmediatas para atender, estabilizar, reparar y mitigar las áreas afectadas por deslizamientos, que coloquialmente conocemos en la agencia como los deslizamientos huérfanos. Estos son deslizamientos que algunos datan de hace más de 20 años y no cuentan con una fuente de financiamiento. Cumpliendo con la Orden Ejecutiva de nuestra Gobernadora, el DTOP solicito en el presupuesto para el próximo año fiscal unos $66 millones provenientes del fondo general. El DTOP y la ACT trabajarán un MOU para utilizar la flexibilidad y los recursos de la Autoridad con el fin de agilizar este proceso. A la fecha, han identificado, unos 508 deslizamientos que, utilizando un costo promedio de reparación por deslizamiento de $400 mil, necesitarían alrededor de $203 millones en este cuatrienio, para poder completar estas mejoras.

De igual forma el Secretario destaco que la agenda de inversión en proyectos de construcción sigue sumamente activa y como parte de los proyectos más importantes que están encaminando para el próximo año fiscal, se encuentran los siguientes:

Además, el Secretario del DTOP, señaló que el presupuesto propuesto de la agencia para el próximo Año Fiscal 2025-2026 asciende a la cantidad de $192,886,000 de los cuales, $57,402,000 provienen de la Resolución Conjunta del Fondo General y $135,484,000 provienen del Fondo Especial Estatal.

La comparación del Presupuesto Solicitado vs. el Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2025-2026 refleja una disminución

El Ing. Edwin E. González Montalvo, indicó que las Oficinas Administrativas del Secretario están a cargo de desarrollar la administración de personal, procesar y emitir órdenes de compra, brindar el mantenimiento y operación de las facilidades, prestar asesoría y servicios legales tecnológicos y de información a las áreas, realizar el debido monitoreo del procesó presupuestario y tramitar el pago de facturas de suplidores, contratistas y otras obligaciones contraídas.

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AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT)

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin E. González Montalvo, indicó que la ACT es una corporación pública con personalidad jurídica separada y distinta del gobierno central, creada en virtud de la Ley 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada. La ACT tiene como deber la construcción y reconstrucción de la red vial de Puerto Rico, la administración y mantenimiento de la red de autopistas de Puerto Rico (PR-18, PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66), y los sistemas de transportación colectivo del Tren Urbano, Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano.

Además, indicó que la JSAF envió una carta, el 6 de marzo, en la cual indica el calendario de entrega del Plan Fiscal y Presupuesto de la ACT. Tal y como se señala en esa comunicación, el pasado 28 de marzo entregaron su versión del plan fiscal y estaremos presentado el presupuesto el 27 de mayo.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) estableció que el Presupuesto Recomendado contará con una inversión sustancial en mejoras permanentes, financiada principalmente con fondos federales de la Administración Federal de Carreteras, Administración Federal de Tránsito, Emergencia Federal y del Programa de Mitigación de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG-MIT). Los programas que tendrá uso en el presupuesto son:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), explicó que el DTOP y la ACT han contribuido históricamente en el desarrollo económico que tanto Puerto Rico necesita, en especial para la industria de la construcción. Más importante aún, han mejorado significativamente la vida de los residentes de Puerto Rico renovando las condiciones de muchas vías de redaje por donde se transita diariamente, a la vez ha mitigado considerablemente los dañas asociados a las emergencias.

Actualmente la ACT cuenta con una empleomanía de 744 empleados; buscando como mejorar nuestros servicios el próximo año fiscal piensan convocar unos 52 puestos. El Director destaco que entiende que esta ronda de reclutamientos será una exitosa, ya que luego de la aprobación del plan de clasificación han logrado atraer nuevos talentos a la ACT.

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO (ATI)

El Director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) de Puerto Rico, el Sr. Josué Meléndez, indicó que la ATI es responsable de proveer una gama de servicios de transporte colectivo destinados a mejorar la infraestructura de transporte público de la isla y facilitar el acceso de los ciudadanos a opciones de transporte seguras y eficientes. Los servicios de transporte que ofrece la ATI incluyen el Tren Urbano, Autobuses, Lanchas y Paratránsito (Llame y Viaje)

Según indica el memorial explicativo sometido a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el Presupuesto Consolidado Recomendado para el año fiscal 2026 de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) de Puerto Rico es de $151,278.000.

Como parte de los proyectos que esta trabajando la ATI el Director destacó:

8 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC)

El Hon. Sebastián Negrón Reichard, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), explicó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se presenta, para el año fiscal 2025-2026, como el eje fundamental del Gobierno de Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico sostenible y competitivo de la Isla. Esta agencia, que consolida diversas oficinas y programas bajo una sola estructura organizativa, está estratégicamente posicionada para enfrentar los retos del presente y capitalizar las oportunidades del futuro. Su enfoque holístico e integrado permite coordinar esfuerzos antes dispersos, aumentando así su efectividad e impacto en los sectores económicos clave.

Además, indicó que con una fuerza laboral de aproximadamente 500 empleados distribuidos entre oficinas como la de Incentivos para Negocios, Gerencia de Permisos, Desarrollo de Negocios y Energía, así como entidades como la Compañía de Fomento Industrial y la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, el DDEC ha consolidado un modelo operativo que busca maximizar la inversión pública en proyectos de alto impacto.

El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), comentó que para el año fiscal 2025-2026, la agencia solicito un presupuesto total de $96.7 millones, compuesto por $32.6 millones del Fondo General y $64.1 millones de Fondos de Ingresos Propios. Con relación a la partida de Fondos Federales, estos estiman recibir la cantidad de $215 millones. Este presupuesto incluye un aumento del 22% respecto al año anterior, justificado principalmente por la necesidad de impulsar proyectos estratégicos y la transformación del sistema de permisos en la isla.

Entre las principales estrategias programáticas del DDEC destaca el "reshoring", una iniciativa enfocada en atraer de regreso a Puerto Rico sectores críticos de la manufactura estadounidense. Mediante la Orden Ejecutiva 2025-012, se establece una política pública dirigida a ofrecer incentivos fiscales, mejorar la infraestructura y facilitar permisos para fomentar la inversión en manufactura. Esta estrategia será liderada por un grupo multisectorial encabezado por el DDEC, cuya meta es consolidar a Puerto Rico como un destino competitivo para la inversión industrial.

A la par con el “reshoring”, el DDEC propone una profunda reforma del sistema de permisos en la isla, reconociendo que el desarrollo económico no puede avanzar sin procesos ágiles y transparentes. A través de las órdenes ejecutivas OE-2025-002 y OE-2025-003, se han creado mecanismos y grupos de trabajo destinados a simplificar y acelerar los trámites, especialmente aquellos relacionados con proyectos críticos o financiados por fondos federales. Este esfuerzo se ha diseñado de forma participativa, incluyendo el insumo de múltiples sectores profesionales y empresariales, y promete ser uno de los pilares para el crecimiento económico en el próximo cuatrienio.

Otro eje prioritario es la optimización del Código de Incentivos, consolidado bajo la Ley Núm. 60-2019, el cual integra más de 30 leyes previas en un solo marco. La Oficina de Incentivos enfrenta un retraso considerable en la tramitación de casos y se ha trazado como meta principal para el año fiscal digitalizar procesos, reforzar la fiscalización y reorganizar su estructura operativa. Estas acciones buscan no solo mayor eficiencia administrativa, sino también garantizar que los beneficios fiscales realmente impulsen el desarrollo empresarial.

El Secretario indicó, que el DDEC ha justificado el aumento de fondos solicitado con un enfoque en la responsabilidad fiscal, proponiendo usar $10 millones de sobrantes previos para financiar parte del alza y reducir el impacto al Fondo General. El aumento contempla también la contratación de personal clave y el fortalecimiento de áreas como OGPe, la Oficina de Desarrollo de Negocios y la Oficina de Incentivos. Además, se asegura el pago completo de pensiones mediante el mecanismo del Pay-Go.

Finalmente, el Secretario enfatizo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no representa un gasto, sino una inversión en la transformación estructural de Puerto Rico. Invertir en esta agencia es apoyar a los emprendedores, reforzar la manufactura, promover el empresarismo juvenil, y facilitar la transición energética del país. Cada iniciativa presentada está dirigida a insertar a Puerto Rico en una nueva etapa de desarrollo, donde la eficiencia gubernamental, el clima de inversión y la participación multisectorial sean los pilares de un crecimiento económico sostenible.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO (CTPR)

El Sr. Jorge Pérez Gonzáles, Director Ejecutivo Interino de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, indicó que la CTPR, fue fundada en virtud de la Ley Núm. 10 del 18 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de la regular el desarrollo del sector turístico en Puerto Rico”.

El Director Ejecutivo Interino, explicó que la Corporación Pública se encuentra adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) del Gobierno de Puerto Rico, y su cuerpo rector es una Junta de Directores compuesta por siete (7) miembros, cuyo Presidente es el Secretario del DDEC. Además, comentó que la CTPR, es la principal entidad encargada de promover el turismo entre los residentes locales.

La Compañía de Turismo cuenta con dos fuentes principales de ingresos. La primera de estas es la distribución de los Ingresos de la Operación de Tragamonedas bajo la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada “Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”, La segunda, es la distribución de los Recaudos del Impuesto de habitación (Room Tax) bajo la Ley Núm. 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

El Sr. Jorge Pérez Gonzáles, indicó que peticionó $13 millones adicionales que ascenderán el presupuesto de la corporación pública a $163.7 millones para el siguiente año fiscal.

Además, comentó que este aumento en la partida de gastos operacionales responde a la necesidad de reforzar áreas estratégicas esenciales para el desarrollo y posicionamiento del sector turístico de Puerto Rico. Destaco los costos relacionados a las aportaciones hechas a “Discover Puerto Rico”, así como en acuerdos cooperativos con agencias gubernamentales, líneas aéreas y cruceros.

Finalmente, el Sr. Jorge Pérez Gonzáles, comentó que la CTPR mantiene una cultura fiscalmente conservadora y responsable. Mantienen una cultura de observar, evaluar y ajustar su presupuesto en una base mensual. El dinero utilizado para apoyar, respaldar y auspiciar eventos no son un gasto, sino una inversión en el sector Turístico. Por eso es importante tener los recursos necesarios para promocionar, incentivar, desarrollar y mantener la industria del turismo en nuestra Isla y ser un sector relevante en la economía de Puerto Rico.

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", crea esta Junta adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y se establece que la misma ejercerá los poderes concedidos en esta Ley, con el propósito de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico a fin de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los habitantes de la Isla. La misión es Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.

El Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico el Lcdo. Héctor Morales, informó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSAF) recomendó un presupuesto para el 2025-2026 de $10.8 millones con cargo al Fondo General, una varianza de $52.7 millones en la cantidad que inicialmente solicitó el organismo.

El licenciado indicó que requirió un presupuesto $63.6 millones para contemplar los ajustes realizados durante el pasado año fiscal y el presente que están relacionados con solicitudes de revisión de casos del “Civil Service Reform”.

Además, explicó que se solicitaron fondos requeridos para continuar con los planes de ordenación territorial, la cantidad restante de pareo de fondos federales y asumir costos operacionales ante la posibilidad de que una subvención para el programa “Post-Disaster Code Enforcement” termine en octubre de 2025.

El Lcdo. Morales, comentó que la JSF no ha incluido en los pasados años fiscales el acceso a sobre $1 millón en recaudos por multas administrativas, a pesar de que la ley orgánica establece que este importe ingresará al Fondo Especial de la Junta de Planificación.

LA AUTORIDAD PARA EL REDESARROLLO DE LAS FACILIDADES Y TERRENOS DE ROOSEVELT ROADS

El Ing. Gabriel Hernández Rodríguez, Director Interino de la Autoridad para el Redesarrollo de las Facilidades y Terrenos de Roosevelt Roads, indicó que la entidad es una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada mediante la Ley 508-2004, según enmendada. Su existencia está autorizada por un término de 40 años y su propósito principal es el redesarrollo económico de los terrenos y facilidades que formaban parte de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads.

El Ing. Gabriel Hernández Rodríguez, explicó que el Presupuesto Solicitado para el año fiscal 2025-2026 asciende a un total de $8,561,000, distribuidos entre $3,656,000 para nómina (Payroll) y $4,905,000 para gastos operacionales (OpEx). Este monto representa un aumento significativo respecto al presupuesto de referencia (baseline), el cual se establece en $4,371,000. La diferencia, o varianza, asciende a $4,190,000, distribuida entre un incremento de $1,432,000 en nómina y $2,758,000 en operaciones.

Además, indicó que la varianza en nómina responde a una necesidad urgente de reclutamiento de personal para la agencia, lo cual refleja un reconocimiento institucional de las limitaciones actuales en recursos humanos y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa. Por su parte, la varianza en gastos operacionales está directamente relacionada con las obligaciones de mantenimiento de las instalaciones de la antigua Base, incluyendo aspectos críticos como seguridad, manejo de aguas, áreas verdes y el funcionamiento de la planta de agua potable, entre otros servicios esenciales.

El Ing. Gabriel Hernández Rodríguez, destacó que, al momento de la preparación del presupuesto, se había contemplado la posibilidad de una extensión de fondos federales o la aprobación de un nuevo “Grant” para sufragar parte de estas necesidades. No obstante, durante una visita oficial en febrero de 2025, el Sr. Castro, “Project Manager” de la “Office of Local Defense Community Cooperation” (OLDCC), informó que no se otorgará ninguna extensión ni se aprobará un nuevo “Grant”. Ante este escenario, se hizo un llamado formal a la evaluación y reconsideración del presupuesto asignado a la agencia, ya que la eliminación de fondos federales previstos agrava la necesidad de recursos para continuar con las operaciones y los servicios a la comunidad.

11 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Lcdo. Eliezer Ramos Parés, Secretario del Departamento de Educación, indicó en su Memorial Explicativo que la misión de la escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz para la construcción de una sociedad justa y democrática, cultivando la ética, la solidaridad y la conciencia social. También destacó que la escuela debe ser una unidad dinámica de cambio social, capaz de desarrollar de manera explícita las actitudes, destrezas y conocimientos que preparen a los estudiantes de manera competente y con creatividad para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educación debe responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes, diversificando los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluación, tanto en horario regular como en horario extendido. Reconocen la importancia del desarrollo del conocimiento y las competencias académicas, en armonía con el desarrollo emocional y social del estudiante.

El Secretario comentó que la visión del Departamento es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que desarrolle las actitudes, las destrezas y los conocimientos de todos los estudiantes para que los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de contribuir al bienestar común.

El Secretario del Departamento de Educación, comentó que el presupuesto consolidado vigente 2024-2025 del Departamento de Educación asciende a $5,312 millones, mientras que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal 2025-2026 es de $5,130 millones. En cuanto al fondo general, el presupuesto actual es de $2,869 millones y se propone un presupuesto de $2,969 millones, lo que representa $99 millones adicionales.

El Secretario, indicó, que, aunque no se contempla el cierre inmediato de escuelas para el inicio del semestre en agosto, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) evalúa actualmente el impacto de la baja matrícula en la eficiencia operativa y el uso de fondos públicos.

Además, detalló que cerca de 200 escuelas están funcionando con una cantidad baja de estudiantes que terminan afectando el resto del sistema. Indicó que entre los principales desafíos que enfrenta el Departamento, es el excedente de maestros que se genera cuando no hay suficientes estudiantes para crear grupos.

El número total de escuelas es de 870, una reducción significativa comparada con las casi 1,400 que existían en el año 2012. En cuanto a personal docente, se informó que hay 27,000 maestros en el sistema, aunque alrededor de 19,000 son maestros de salón de clases. El resto corresponde a personal como bibliotecarios, consejeros, trabajadores sociales y maestros de apoyo.

El Secretario también ofreció detalles sobre la inversión por estudiante. Para el estudiante regular, el gasto aproximado con fondos estatales es de $2,800. Sin embargo, al considerar fondos estatales y federales combinados, la cifra asciende a $5,376 por alumno.

Además, explicó que el Departamento enfrenta el reto de la culminación de los fondos federales ESSER que ayudaron en áreas como seguridad, transportación, mantenimiento y servicios compensatorios. Por ello, se solicitó una asignación estatal robusta para mantener estos servicios, en especial los remedios provisionales en Educación Especial.

El Secretario, explicó que, en el caso de los estudiantes de educación especial, el costo por estudiante es considerablemente más alto. En promedio, se puede estar hablando de cerca de $5,000 adicionales por estudiante para cubrir servicios y nómina, reconociendo que estos fondos responden a obligaciones legales y necesidades particulares del estudiantado.

El secretario comentó, que cada escuela tiene un plan interno para atender ausencias, pero su ejecución depende del director escolar. Sostuvo que el recurso está disponible, pero el proceso de activación varía de escuela en escuela.

Las interrupciones académicas por cancelaciones frecuentes de clases también despertaron preocupación. Ramos Parés informó que se identificaron planteles donde no se ofrecieron clases durante varios días consecutivos.

Actualmente, el Departamento está en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para incluir los gastos de mantenimiento y seguridad escolar dentro de la fórmula conocida como “School Based Budgeting” (SBB). Buscan que estos elementos se consideren al momento de asignar recursos, para tener una visión más realista de los costos operacionales.

Finalmente, el Lcdo. Eliezer Ramos Parés, indicó que el poder cubrir las necesidades, permitirá el cumplimiento de los objetivos delineados en su plan, para el mayor beneficio de la razón de ser del sistema de Educación Pública; los estudiantes.

22 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE PUERTO RICO

La Hon. Janet Parra Mercado, Secretaria Designado al Departamento de Justicia comentó durante su comparecencia que la misión primordial del Departamento es asegurar el fiel cumplimiento de la Constitución y las Leyes del Gobierno, y fortalecer la integridad de las instituciones gubernamentales, defendiendo al Pueblo de Puerto Rico en acciones civiles y criminales. Esto con el fin de dotar al país de un sistema de justicia ágil y confiable, que aspire a los más altos principios de igualdad y dignidad humana.

Por disposición de ley, la Secretaria de Justicia es la representante legal del Gobierno, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y, que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de Puerto Rico.

Además, explicó que el Departamento, por conducto del Ministerio Público, tiene a su cargo la investigación y el procesamiento criminal de los delitos o faltas que se cometen en la jurisdicción de Puerto Rico.

La Lcda. Parra Mercado, indicó que el Departamento también provee servicios directos a las víctimas del crimen y de mantener un sistema central de información de justicia criminal, que permite la interconexión y análisis de datos de las agencias de ley y orden, tanto a nivel estatal como federal.

La Agencia cuenta con 8 áreas programáticas, bajo las cuales se agrupan las divisiones que componen el Departamento:

Además, al presente, el Departamento cuenta con varias áreas operacionales y de servicio directo a la ciudadanía, tales como: las 13 Fiscalías de Distrito, 13 Oficinas de Asuntos de Menores y Familia, 29 secciones del Registro de la Propiedad, la Secretaría de lo Civil, el Albergue de Protección a Víctimas y Testigos, la Junta de Confiscaciones, y el Sistema de Información de Justicia Criminal, entre otros.

La Lcda. Parra Mercado, indicó que el Departamento cuenta con 1,411 empleados que brindan servicio directo a la ciudadanía, y cuya nómina se cubre, principalmente, por el fondo general. Así las cosas, y teniendo como norte el poder cumplir responsablemente con el deber ministerial dentro de un marco de crisis fiscal, durante el proceso presupuestario, nuestro equipo de trabajo realizó un análisis exhaustivo de las necesidades económicas del Departamento para un adecuado funcionamiento.

La Hon. Janet Parra Mercado, indicó que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal 2026 es por la cantidad de $186,043,000. Sin embargo, solicitan un presupuesto que asciende a $204,875,000.

El Presupuesto Solicitado del Fondo General, desglosado por origen de recurso y concepto de asignación, es el siguiente. La cantidad propuesta de $177,904,000 se subdivide en los siguientes conceptos:

Finalmente, la Lcda. Parra Mercado, explicó el presupuesto propuesto en el fondo general requiere fondos adicionales que permitirán al Departamento poder cumplir con varios asuntos importantes para el funcionamiento de la agencia. Primeramente, la nómina del presupuesto propuesto asciende a $105,795,000, lo cual es $11,838,000 menor, comparado con el presupuesto solicitado. Dicha reducción afecta directamente el pago de la nómina de las vacantes en los nombramientos por ley y reclutamiento de nuevo personal en todos los programas del Departamento. En cuanto a los gastos operacionales, el presupuesto propuesto es $6,571,000 menor, comparado con el presupuesto solicitado.

Esta situación imposibilita que se asignen nuevamente los $6,417,000 de la subvención estatal de los cuales $6,400,000 se distribuyen a entidades sin fines de lucro. Reiteran su agradecimiento por la oportunidad brindada, con el fin de brindarles un panorama en torno a la situación fiscal actual del Departamento de Justicia y nuestras recomendaciones para el próximo año fiscal.

JUNTA LIBERTADA BAJO PALABRA

La Presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra la Lcda. Aixa S. Pérez Mink, indicó que la Junta fue creada por la Ley Núm. 118, de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la Junta de Libertad Pajo Palabra" (Ley Núm. 118-1974).

Además, comentó que la Junta es una agencia con funciones cuasi judiciales adscrita al Departamento ale Corrección y Rehabilitación (DCR). Actualmente, está compuesta por una (1) Presidenta y dos (2) Miembros Asociados, todos nombrados por el gobernante y confirmados por el Senado de Puerto Rico. La función principal de la Junta es evaluar y otorgar el privilegio de libertad bajo palabra a los miembros de la población correccional que cumplan con los requisitos establecidos por ley y reglamento. Además, Junta asesora el gobernante en cuanto a Las Clemencias Ejecutivas.

La Ley Núm. 90-1995, enmendó la Ley Núm. 118-1974 e incorporó la participación de las víctimas de delitos en los procedimientos de libertad bajo palabra. Esto, promovió equilibrio entre los derechos de los confinados a la rehabilitación con la protección de las víctimas.

La Presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra la Lcda. Aixa S. Pérez Mink, explicó que, en cuanto a la legislación más reciente, la Ley Núm. 66-2022 y la Ley Núm. 85-2022 han tenido un impacto directo en la labor de la Junta. La primera enmienda establece bonificaciones para los confinados que se benefician de libertad bajo palabra, lo cual fomenta su rehabilitación mediante el estudio y el trabajo. La segunda ley reduce el tiempo mínimo de reclusión cumplir para poder ser referido a evaluación para el privilegio de libertad bajo palabra, lo que generado un aumento en la cantidad de solicitudes que reciben.

La Presidenta, comentó que el Presupuesto Consolidado solicitado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el Año Fiscal 2025-2026 es de $3,160,000 del Fondo General, que incluye nómina, costos operacionales y otros gastos relacionados como el “Pay As You Go” y las aportaciones a entidades gubernamentales.

Finalmente, la Presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, indicó que la Junta depende del recurso humano para en el funcionamiento y cumplimiento de las leyes que les rigen. Por lo cual, la necesidad más apremiante que la agencia enfrenta en la actualidad es el reclutamiento y retención del personal gerencial. Debido a la especificidad del trabajo que se realice en la Junta, es necesario contar con un talento humano que posea la educación, destrezas y experiencia para ejercer cabalmente las funciones requeridas. Estos reclutamientos se han visto afectados por las limitaciones presupuestarias de la agencia.

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

El Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico fue originalmente creado bajo el amparo de la Ley Núm. 13 del 24 de julio de 1985. Actualmente, la ley orgánica es la Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020, conocida como la ‘Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico’. Su misión es analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la Verdad en Beneficio de la Sociedad. Una parte de nuestra visión es ofrecer un servicio de calidad con prontitud, caracterizado por la calidad y la sensibilidad dentro de un ambiente de compañerismo, comunicación efectiva, respeto, confianza y profesionalismo.

Por ley se requiere que las divisiones científicas y técnicas deben mantenerse acreditadas. En estos momentos las Divisiones de Investigación Médico Legal, Laboratorio de Criminalística y la División de Investigación Forense están acreditadas por National Association of Medical Examiners (NAME) y por el ANSI National Accreditation Board (ANAB). El Laboratorio de Criminalística está acreditado bajo el estándar ISO/IEC 17025:2017, como Laboratorio Forense de Prueba (“Forensic Testing Laboratory”). La División de Investigación Forense está acreditada bajo el estándar ISO/IEC 17020:2012, como Inspección Forense (“Forensic Inspection”).

La División de Investigación Forenses es una unidad dedicada a esclarecer los casos más desafiantes y delicados relacionados con la pérdida de vidas humanas. Con un enfoque especializado en escenas violentas y en situaciones donde las causas de la muerte no están claras, nuestro equipo de Investigadores Forenses está altamente capacitado y preparado para abordar cualquier escenario, por más complejo o extenso que sea.

Entre las tareas que se llevan a cabo en la División, se incluyen la recolección de evidencia en la escena del crimen, el análisis detallado de cada hallazgo y la elaboración de informes exhaustivos que documentan cada aspecto relevante del caso. Esto incluye Informes de Hallazgos de Escena, Análisis Forenses, así como Informes de Desarrollo y Levantamiento de Impresiones Dactilares.

La Dra. María Conte Miller, Directora del ICF, indicó que para próximo Año Fiscal 2025-2026, la solicitud de fondo que hace la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es de poco más de $32 millones, lo que supera por unos $9 millones la asignación que propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Además, comentó que esos gastos son para cubrir la nómina con salarios atractivos y reclutar nuevo personal especializado, entre ellos los patólogos forenses, profesión altamente competitiva y con limitada cantidad de recursos a través de todo Estados Unidos. Otra parte sería para cubrir gastos operacionales, entre los que se incluyen tecnología, transformación digital, mantenimiento y reparación de equipos (generadores, microscopios, procesadores de muestras, escáneres, entre otros), la ejecución de pruebas, el manejo de cadáveres y su entrega a las familias, pago de acreditaciones, limpieza y mantenimiento de instalaciones, transportación, entre otros, incluyendo los aumentos de tarifas de entre 20% a 30% de parte de los suplidores.

La Directora del ICF, indicó que el ICF está solicitando unos $19.9 millones para los gastos de nómina, un incremento de $4.2 millones comparado con el último presupuesto.

La Dra. justificó ese aumento presentando el trasfondo de los avances acontecidos en el ICF por los pasados tres años, incluyendo las mejoras salariales que han ayudado a la retención de personal especializado en puestos críticos y esenciales, así como el reclutamiento de nuevo personal.

Finalmente, la Dra. Miller, explicó que el ICF actualmente está entre los 15 mejores institutos del mundo, y fue reconocido por segundo año consecutivo con uno de los más prestigiosos galardones que se otorgan a institutos forenses a nivel mundial, además, indicó que conlleva una gran responsabilidad que debe estar respaldada por un presupuesto que viabilice el sostenimiento de ese nivel de calidad, eficiencia y cumplimiento.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (DRD)

El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, explicó que el DRD tiene el deber ministerial de fomentar el desarrollo integral de la población a través del deporte y la recreación. Este compromiso institucional ha crecido exponencialmente con la delegación de múltiples responsabilidades a nuestra agencia por mandato legal. No obstante, este crecimiento en obligaciones no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los recursos.

El Secretario, indicó que necesitará una asignación de $79.3 millones para el presupuesto del año fiscal 2025-2026 para aumentar la plantilla de empleados, continuar las responsabilidades de la agencia y desarrollar nuevos espacios comunitarios que fomenten el deporte y la recreación.

El Secretario, explicó que, para el año fiscal en curso, el Departamento solicitó un presupuesto ascendente a $79.3 millones, $19.7 millones más, que la asignación aprobada para el año fiscal 2024-2025 de $59.6 millones. Detallando que esa situación limita la capacidad del Departamento para cumplir de forma efectiva con los mandatos legales y las expectativas ciudadanas, por lo que solicita una asignación presupuestaria más robusta.

23 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912 según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia pública.

Su misión es propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.

El Secretario de Salud de Puerto Rico, el Dr. Víctor M. Ramos Otero, indicó que el Presupuesto Recomendado para el Departamento de Salud es de $1,315.7 millones, compuesto por $492.1 millones del Fondo General y Asignaciones Especiales, $181.5 millones de Ingresos Propios y $642.1 millones de Fondos Federales. Además, indicó que aún persisten múltiples necesidades sin cubrir, entre ellas $13 millones para residencias médicas, $10 millones para tratamientos de hepatitis en la población penal, y $4.1 millones para aumentos salariales de enfermeras.

Entre tanto comentó que el presupuesto no es simplemente un número. Es la herramienta que les permitirá salvar vidas, ampliar servicios, fortalecer la vigilancia epidemiológica y acelerar la transformación que ya comenzaron. Se trata de responder con rapidez y sensibilidad a las necesidades reales de la gente.

Las prioridades que el Secretario de Salud comentó y describió fueron las siguientes:

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)

La Ley 67-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", crea la citada Administración, adscrita al Departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y administrativa. Esta Administración será responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Por su parte, la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico", crea las Cartas de Derechos para adultos y menores que reciben servicios de salud mental. Mediante esta Ley, se autoriza al Administrador de la ASSMCA; a establecer la reglamentación necesaria a fin de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo; a formular e implantar los programas de prevención y tratamiento, establecer los controles de calidad de los mismos, con el objetivo de cumplir con los propósitos de esta Ley.

La Dra. Catherine Oliver Franco, Administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) detalló un presupuesto recomendado ascendente a $147 millones.

Además, indicó que una asignación adicional de $31.4 millones para poder cumplir con el programa de gobierno y sostener servicios como los hogares psiquiátricos, la Línea PAS y el nuevo sistema de expediente médico electrónico. Esta última herramienta es vital tanto para la operación como para la acreditación federal de sus hospitales.

La Administradora, informó que fueron eliminados $12.3 millones relacionados a la emergencia por el COVID-19.

CENTRO DE DIABETES PARA PUERTO RICO

La Ley 166-2000, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Investigación, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes", crea esta corporación pública, como una entidad independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, la cual es responsable de ejecutar la política pública en relación con la planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, orientación, prevención y tratamientos para la diabetes.

Desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico, la dirección insistió en que una inversión recurrente de $2.29 millones generaría un ahorro de $51 millones a mediano y largo plazo, al reducir las complicaciones de salud por falta de tratamiento preventivo.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

La Ley 72-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico" (ASES), crea esta corporación pública, la cual tiene existencia perpetua con personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y estará regida por una Junta Directores. La ASES tiene la responsabilidad de implantar, administrar y negociar, un sistema de seguros de salud que le brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médico-hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien los requiera. El Plan de Reorganización Núm. 3 de 26 de julio de 2010, conocido como el "Plan de Reorganización de Seguros de Salud para Empleados Públicos" transfiere a la ASES, la facultad de gestionar, contratar dichos beneficios e implementar las disposiciones de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos".

La Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Lymari Colón Rodríguez, informó que, al momento, esa dependencia opera con una asignación que cubre un 76% del porcentaje de asistencia médica federal (FMAP, en inglés), equivalente a $4,000 millones, adicional a los $928 millones en fondos estatales, que representan un 24%.

Además, indicó que maneja una cubierta que alcanza al 42% de la población puertorriqueña a través del Plan Vital y el Plan Platino, mediante un pareo de fondos federales y estatales que suma $4,900 millones.

Finalmente, la directora ejecutiva comentó que el modelo sigue siendo uno de los más dependientes de fondos federales en todo Estados Unidos y sus territorios.

CENTRO CARDIOVASCULAR DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE

La Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe", crea la referida corporación pública. La misma es una entidad independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y está dirigida por una junta de directores. Esta Corporación es responsable de formular o ejecutar la política pública relacionada a la planificación, organización, operación y administración de los servicios cardiovasculares a ser rendidos en Puerto Rico

El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe expuso un presupuesto de $91.6 millones con cargo a ingresos propios, destacando inversiones en nómina, servicios especializados y modernización de equipo médico. Solo para insumos médicos y quirúrgicos, se han reservado $28.4 millones, además de $12.6 millones para contratación de personal altamente cualificado.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (ASEM)

La Administración de Servicios Médicos (ASEM) presentó un presupuesto consolidado de $236.8 millones, de los cuales $91.1 millones provienen del Fondo General, $147.5 millones de ingresos propios. Las principales partidas incluyen $29.4 millones en nómina, $17.8 millones para servicios profesionales y $22.5 millones en aportaciones al sistema de retiro. El resto del presupuesto proviene de ingresos propios generados por facturación de servicios hospitalarios y ambulatorios que se brindan a la ciudadanía y de los anticipos recibidos de las instituciones hospitalarias por concepto de bienes y servicios brindados.

Los servicios de cuidado directo al paciente se organizan de la siguiente manera:

Los servicios auxiliares y de apoyo que ASEM vende a las entidades consumidoras son:

29 de abril de 2025

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Comparece el General Arthur J. Garffer, Secretario del Departamento de Seguridad Pública, acompañado de los Comisionados; Joseph González Falcón, Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico; José Reyes Cañada, Comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1; Ángel Jiménez Colón, Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Josué Iván Piñero, Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos; Abner Gómez Cortes, Comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas; y el Lcdo. Ángel Luis García Rodriguez, Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales.

El Secretario del Departamento de Seguridad Pública, indicó que el Departamento de Seguridad Pública (en adelante, DSP), se creó conforme establece su ley orgánica, Ley 20-2017, mejor conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, del compromiso del Gobierno de Puerto Rico de poder cumplir con la lucha contra el crimen, el manejo de emergencias y proveer una respuesta integrada de sus componentes de seguridad.

El DSP se creó para reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública a nivel estatal e incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. Conforme establece el Artículo 1.03 de la Ley 20, antes citada, el DSP tiene, sin limitarse, las siguientes funciones:

Entre los Negociados adscritos al DSP, se encuentran el Negociado de la Policía de Puerto Rico; el Negociado del Cuerpo de Bomberos; el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas; el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1; y el Negociado de Investigaciones Especiales.

El Negociado de la Policía de Puerto Rico, tiene entre sus deberes y obligaciones proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, tiene entre sus deberes y obligaciones prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, tiene entre sus deberes y obligaciones el proteger a las personas en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveer de la forma más rápida y efectiva la asistencia necesaria para la protección de vida y propiedades; y la más pronta recuperación y estabilización de los servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales.

El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, tiene entre sus deberes y obligaciones garantizarle a la ciudadanía en general un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado médico prehospitalario y/o transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada para preservar su salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.

El Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, tiene entre sus deberes y obligaciones la dirección y administración de la prestación del servicio de atención de llamadas del público al 9-1-1 y la distribución de dichas llamadas a los Negociados del DSP, otras agencias o instrumentalidades, otros proveedores de servicios de emergencias o cualquiera otro que sean autorizados por el Departamento para su eficaz atención.

El Negociado de Investigaciones Especiales, tiene entre sus deberes y obligaciones desarrollar técnicas especializadas en el campo de la investigación criminal y el análisis de información criminal para cumplir con las funciones que le asigna esta ley. También servirá como centro especializado para investigaciones que requieran alto grado de peritaje, así como para identificar posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra la corrupción gubernamental y el crimen organizado.

El Secretario del Departamento de Seguridad Pública, indicó que el Presupuesto Consolidado Solicitado del Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados asciende a $1,305,747,000. Esta cantidad incluye $1,229,164,000 de la Resolución Conjunta del Fondo General, $65,575,000 de los Fondos Especiales y $11,008,000 de Fondos Federales.

A continuación, se presenta el Presupuesto Consolidado Recomendado para el Año Fiscal 2025-2026 del Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados:

Secretariado Departamento de Seguridad Publica

El Presupuesto Recomendado Propuesto para el AF2026, asciende a la cantidad de $268455,000 que comparado con el presupuesto vigente de AF 2025, por la cantidad de $270,293,000 , representa una varianza de $1,838,000

El cumplimiento con el Acuerdo para la Reforma de la Policía de Puerto Rico constituye uno de los principales compromisos institucionales del DSP. Con 301 requerimientos organizados en once áreas clave, la reforma busca profesionalizar y humanizar los procesos policiales. El Secretario del DSP, designado como representante principal del gobierno en este proceso, lidera los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, en coordinación con el Comisionado del Negociado de la Policía.

El Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico presenta una estrategia integral que abarca desde una asignación presupuestaria sólida y transparente hasta proyectos transformadores, que buscan mejorar la infraestructura, la eficiencia administrativa y el bienestar del personal y la ciudadanía. Estas acciones reflejan un compromiso firme con la seguridad, la justicia y la reforma institucional como pilares fundamentales del desarrollo gubernamental

Negociado de la Policía de Puerto Rico

El Presupuesto Solicitado Consolidado asciende a $874,478,000. Los recursos incluyen $751,856,000 millones provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; y $122,622,000 millones para gastos operacionales. Haciendo la comparativa con el AF 2025 tendrán un amento en nómina de $2,712,000 dos millones setecientos doce mil dólares y una disminución en los gastos operacionales de $20,104,000 de veinte millones ciento cuatro mil dólares.

Esta solicitud de fondos incluye los fondos para cubrir la necesidad de los doce (12) programas agrupando funciones y objetivos similares, con el propósito de lograr mayor eficacia y efectividad en el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Negociado del Cuerpo de Bomberos

En el presupuesto solicitado para el año fiscal 2025-2026, el propuesto global por  noventa y uno millones doscientos cincuenta y cinco mil dólares ($91,251,000), de los cuales setenta y nueve millones quinientos diez y nueve mil ($79,519,000) son propuesto para cubrir los gastos de la nómina y beneficios marginales de los empleados existentes; mientras que once millones setecientos treinta y dos mil dólares ($11,732,000) son los propuestos para sufragar los gastos operacionales, incluyendo el pago de utilidades y primas de fidelidad. Conforme a la necesidad real del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Negociado de Investigaciones Especiales

En el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025-2026, no refleja un aumento (varianza) comparando con el recomendado por JSF AF 2026. No obstante, el presupuesto recomendado por la JSF para el AF 2026 es de $5,076,000 millones.

 

En los fondos de gastos operacionales se quedarían desprovisto la cantidad de $391,309, que se detallan a continuación: 

 

 

 

La JSF recomienda para el AF 2026 la cantidad de $736,000.00 y la necesidad del NIE es de $1,127,309. 

Negociado de Cuerpo de Emergencias

El Presupuesto Consolidado Propuesto Solicitado por el Negociado de Cuerpo de Emergencias Médicas es de veintinueve millones setecientos treinta y nueve mil dólares ($29,739,000).  Esta cantidad incluye $21,324,000 de la Resolución Conjunta del Fondo General y $8,415,000 de los Fondos Especiales Estatales. 

Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1

El Presupuesto Solicitado por el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 está basado en el promedio histórico de sus ingresos propios por concepto de los cargos telefónicos 9-1-1 que, en los pasados 10 años, ha promediado $23,525,000 anuales aproximadamente. 

30 de abril de 2025

SECRETARIADO DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

La Secretaria del Departamento de la Familia la Sra. Suzanne Roig Fuentes, indicó que la Ley Orgánica del Departamento de la Familia, Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada (3 L.P.R.A. § 211b) y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, crearon lo que hoy conocemos como el Departamento de la Familia. Su estructura programática y operacional actual está compuesta por el Secretariado, que cuenta con diez (10) oficinas regionales y ochenta y nueve (89) oficinas locales, ocho (8) de las cuales constituyen centros de servicios integrados, juntas y comisiones adscritas. De igual forma, cuenta con cuatro (4) administraciones bajo la sombrilla del Secretariado con funciones asesoras, operacionales y administrativas. Este andamiaje es responsable de la coordinación, planificación y ofrecimiento de servicios complejos para poblaciones y áreas geográficas con diversas necesidades y retos muy particulares. Las Administraciones del Secretariado son:

La Secretaria explicó que la función principal del Secretariado es desarrollar, integrar y coordinar la política pública; formular planes y programas; preparar e integrar el presupuesto de todo el Departamento y evaluar la efectividad y eficiencia de las operaciones. En adición, bajo esta área se ubican los proyectos dirigidos a atender a las personas sin hogar, el programa de liderazgo transformacional y otros proyectos especiales, que han sido desarrollados a partir de necesidades identificadas en los diferentes sectores de la comunidad.

La Secretaria indicó que el Presupuesto Consolidado Recomendado para el año fiscal 2025-2026 del Secretariado es de sesenta y ocho millones setecientos veintiún mil dólares ($68,721,000) compuesto de fondos estatales y federales. La ADFAN tiene un presupuesto consolidado recomendado de doscientos ochenta y ocho millones, ochocientos trece mil dólares ($288,813,000). Por su parte, la ADSEF, tiene un presupuesto consolidado de tres mil ciento ochenta y siete millones, novecientos noventa mil dólares ($3,207,990,000). La ASUME tiene un presupuesto consolidado recomendado de cuarenta y un millones, setecientos veinte mil dólares ($41,720,000). Finalmente la ACUDEN tiene un presupuesto consolidado recomendado, de ciento cincuenta y un millones, novecientos setenta mil dólares ($151,970,000). Esto representa un gran total de tres mil setecientos cincuenta y nueve millones, doscientos catorce mil dólares ($3,759,214,000) entre fondos estatales y federales para el bienestar de los residentes en nuestra Isla.

SECRETARIADO

El presupuesto consolidado recomendado para el Secretariado para el Año Fiscal 2025-2026 asciende a sesenta y ocho millones, setecientos veintiún mil dólares ($68,721,000). Los recursos incluyen cuarenta y nueve millones, cuatrocientos treinta y dos mil dólares ($48,974,000) provenientes del Presupuesto del Fondo General, y diecinueve millones, setecientos cuarenta y siete mil dólares ($19,747,000) de Fondos Federales.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Emergency Solution Grant", "Child Care and Development Block Grant", "Continuum of Care Program" y "Social Security Disability Insurance". Los fondos federales permitirán sufragar en su totalidad los gastos relacionados con el Programa de Determinación de Incapacidad del Seguro Social, así como el financiamiento parcial de los procesos de licenciamiento a lugares para el cuido de niños y adultos mayores. Además de proveer para la subvención de iniciativas para combatir el sinhogarismo en Puerto Rico.

ADFAN

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, crea la Administración de Familias y Niños (ADFAN) como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia. La misma está a cargo de los programas de protección de niños y jóvenes; trabajo social familiar e intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros; protección y cuidado de ancianos e impedidos; y desarrollo de trabajo comunitario con énfasis en servicios de orientación, educación y prevención primaria, dirigidos a facilitar el desarrollo integral de la persona, de manera que sea un individuo autosuficiente. La Administración, además, propiciará proyectos colectivos que promuevan una responsabilidad compartida entre la comunidad y el gobierno en el cual la comunidad asuma un rol de protagonista en el manejo de los problemas que afecten la calidad de su vida.

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2025-2026 asciende a doscientos ochenta y ocho millones, ochocientos trece mil dólares ($288,813,000). De estos, doscientos diecinueve millones, ciento cuarenta y ocho mil dólares ($219,148,000) provienen del Presupuesto del Fondo General y sesenta y nueve millones, seiscientos sesenta y cinco mil dólares ($69,665,000) de Fondos Federales.

ACUDEN

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, crea la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia. La ACUDEN tendrá la facultad de administrar y desarrollar todo lo relacionado con los programas federales de "Head Start", "Early Head Start" y los establecidos por el "Child Care and Development Block Grant Fund Act", dirigidos al cuidado y desarrollo integral de menores de edad, desde etapas formativas tempranas.

El presupuesto consolidado solicitado para el año fiscal 2025-2026, asciende a ciento cincuenta y un millones, novecientos setenta mil dólares ($151,970,000). Los recursos incluyen: catorce millones, sesenta mil dólares ($14,060,000) provenientes del Presupuesto del Fondo General y ciento treinta y siete millones novecientos diez mil dólares ($137,910, 000) de Fondos Federales. “Head Start”, “Child Care and Development Block Grant”, “Temporary Assistance for Needy Families” TANF y “Child and Adult Care Food Program”.

ADSEF

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, crea la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia. La ADSEF está a cargo, sin que ello constituya una limitación, de los programas de ayudas y asistencia económica y de Asistencia Nutricional (PAN); adiestramiento, capacitación y desarrollo vocacional-ocupacional; servicios para el empleo en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y los Programas de Rehabilitación Económica Social (PRES) que atiende a las familias consideradas de extrema pobreza, entre otros.

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2025-2026 asciende a tres mil doscientos siete millones, novecientos noventa mil dólares ($3,207,990,000). Los recursos incluyen ciento cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil dólares ($104,759,000) provenientes del Presupuesto del Fondo General y tres mil ciento tres millones, doscientos treinta y un mil dólares ($3,103,231,000) de Fondos Federales.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: Programa de Asistencia Nutricional (PAN); Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF); Programa de Distribución de Alimentos (TEFAP); Programa de Cuidado de Niños (Child Care); y el Programa de Crisis y Subsidio de Energía (LIHEAP). Los Fondos Federales y Estatales destinados a los programas que brindan beneficios a la población a través de los diferentes Programas que administra la ADSEF se presentan en el renglón de incentivos y subsidios, dirigidos al bienestar de las personas.

ASUME

La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", crea esta Administración (ASUME) como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia, encargada de prestar todos los servicios relacionados al sustento y manutención de menores mediante el fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias.

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2025-2026 asciende a cuarenta y un millón, setecientos veinte mil dólares ($41,720,000). Los recursos incluyen diecisiete millones, ochocientos treinta y siete mil dólares ($17,837, 000) provenientes del Presupuesto del Fondo General, y veintitrés millones ochocientos ochenta y tres mil dólares ($23,883,000) correspondiente a Fondos Federales.

Finalmente, la Secretaria comentó que el Departamento de la Familia continuará ampliando los servicios que ofrece, dando mayor participación al tercer sector, firmando nuevos acuerdos colaborativos y restructurando el Departamento dentro de los parámetros establecidos en ley para convertirlo en una entidad mucho más ágil y eficiente. Su norte es el proveer servicios a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad: niños, jóvenes, adultos mayores, personas sin hogar y personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

2 de mayo de 2025

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (DRNA)

El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Hon. Waldemar Quiles Pérez, expresó en su ponencia escrita que por virtud de la Ley Núm. 23 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se crea el Departamento, el cual será responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico contenida en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución.

El Secretario, indicó que el Presupuesto Solicitado para el del DRNA para el año fiscal 2025-2026 asciende a $362 millones de dólares, pero la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendó una cantidad total de $285.8 millones.

El secretario, comentó sobre un aumento de $61.6 millones de dólares en la asignación del Fondo General que necesitará para sufragar el arrendamiento de las casas bombas de control de inundaciones y optimizar la infraestructura tecnológica durante el próximo año fiscal.

Además, indico que este incremento es importante para la operación y mantenimiento de las 13 casas bombas alrededor de la Isla, por lo que solicitó una partida de $176.6 millones de dólares del Fondo General. De esta cantidad, unos $47.9 millones se destinarían a los contratos de limpieza, seguridad y el aumento en las primas de seguro de las casas bombas.

El secretario Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, comentó que logró un acuerdo que ronda los $30 millones de dólares con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para el pago del rediseño de las 13 casas bombas. Además, adelantó que será un proyecto de última tecnología con un sistema de información geográfica (SIG) que permita conocer, desde un cuarto control en la sede del DRNA, con las casas bombas, la cantidad de combustible y el nivel del agua en momentos de inundaciones. Uno de las que recibirá mayor atención es la casa bomba de la avenida Baldorioty de Castro, en Santurce, que ha sido eje de problemas durante pasados eventos de lluvias.

En cuanto al reclutamiento de personal, el Secretario explicó que el DRNA requiere un presupuesto de $68.5 millones de dólares para nómina, de los cuales $47.7 millones provendrán del Fondo General. Esta cantidad persigue contratar a 55 empleados necesarios para la operación de la agencia y unos 75 nuevos vigilantes como un número óptimo. Sin embargo, iniciarán la contratación de 45 vigilantes que en estos momentos completan dos academias paralelas cuando gran parte de estos puestos están ocupados por personas próximas a alcanzar la edad de retiro.

9 de mayo de 2025

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Secretario del Departamento de Agricultura, Josué E. Rivera Castro, indicó que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Puerto Rico es la agencia bajo la Sección 6 del Articulo IV de la Constitución de Puerto Rico, encargada de establecer e implementar la Política Pública Agrícola.

Explicó que el marco de Ley provee la autoridad al Secretario de Agricultura para llevar a cabo todos aquellos programas dirigidos a promover, desarrollar y facilitar la producción agrícola, dando apoyo técnico y estableciendo aquellos incentivos necesarios para fomentar y desarrollar, actividades agrícolas necesarias para suplir los abastos de alimentos, así como la generación de empleos y desarrollo económico al pueblo puertorriqueño.

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010, crea el Departamento de Agricultura como un organismo dentro de la Rama Ejecutiva. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DAPR) como agencia sombrilla está compuesto por varias agencias y corporaciones públicas. Las cuales son:

La ADEA tendrá a su cargo implantar de manera integral todos los programas de servicios a los agricultores con el fin de facilitar el trámite de éstos al solicitar servicios del Gobierno de Puerto Rico. La ADEA también tiene como política pública el fortalecimiento y apoyo al agricultor, como figura importante y fuerza motora del desarrollo de nuestros servicios agrícolas. A tales fines, tiene como propósito propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca, operación o empresa agropecuaria.

La CSA tiene personalidad jurídica separada y distinta del Gobierno de Puerto Rico y está facultada para proveer seguros agrícolas contra pérdidas o daños a plantaciones, cosechas, animales, y demás estructuras y equipos para usos agrícolas causados por peligros naturales.

La Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico", crea la Autoridad de Tierras como un cuerpo corporativo y político que constituye una corporación pública, con el fin de llevar a cabo la política agraria de Puerto Rico, según se determina en dicha Ley, y para realizar los actos necesarios para poner término al latifundio corporativo, impedir su reaparición en el futuro, asegurar a los individuos la conservación de sus tierras, ayudar a la formación de nuevos agricultores, facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor bien público bajo planes de producción eficiente y económica, incluyendo la elaboración industrial de productos agrícolas. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", la Autoridad queda adscrita al Departamento de Agricultura como uno de sus componentes. Por su parte, la Ley 40-2019, transfiere a la Autoridad de Tierras el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, adscrito a ADEA para ofrecer servicios de mejoras permanentes. Además, transfiere a la Autoridad la facultad para establecer el Programa de Acueductos Rurales para que brinde asistencia técnica en el proceso de organización, diseño, construcción, establecimiento, operación y mejoras de acueductos rurales.

El FIDA fue creado para fomentar el desarrollo agrícola y agroindustrial de Puerto Rico. Ello incluye ayudar a potenciar y desarrollar la siembra, la crianza, la pesca, el procesamiento y la elaboración, el mercado, la distribución y la venta de productos agrícolas en general, en y fuera de Puerto Rico. Además, tiene como propósito, fomentar, incentivar, organizar, financiar, capacitar, invertir u subsidiar y, de cualquier otra forma, promover los asuntos relacionados con dicho desarrollo agrícola y agroindustrial.

El Secretario, comentó que el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2025-2026 para el Departamento de Agricultura asciende a $38,458,000 millones. Al Presupuesto Recomendado se añade $3,558,000 millones de Ingresos Propios y $947,000. 00 de Fondos Federales, para un gran total consolidado de $42,963,000 millones.

Además, indicó que la Asignación Presupuestaria concebida de $42,963,000, para el año Fiscal 2025-2026, les permitirá desarrollar una serie de iniciativas dirigidas a alcanzar nuestros objetivos programáticos, entre los cuales destacan, los siguientes:

Finalmente, el Secretario del Departamento de Agricultura, explicó que pesar de las dificultades fiscales que enfrentan, el Departamento de Agricultura y sus agencias adscritas, han mantenido sus servicios de manera ininterrumpida y con la calidad que el agricultor merece. Esto es gracias al esfuerzo y compromiso del su personal, que han demostrado una gran dedicación y profesionalismo, sin importar las adversidades.

AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO (ATPR)

La Agro. Helga I. Méndez Soto, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), explicó que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) se crea mediante la Ley Núm. 26 del 21 de abril de 1941, según enmendada. Por disposición del Plan de Reorganización Número 4 del 29 de julio de 2010, la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias son componentes del Departamento de Agricultura.

Detalló que la misión de la agencia es custodiar y administrar los terrenos de alto valor agrícola para ponerlos a la disposición de los agricultores mediante arrendamientos económicamente viables para el desarrollo de proyectos agrícolas. Su política pública es la de conservar y salvaguardar los terrenos agrícolas y, de la misma forma, adquirir para los mismos fines aquellos terrenos que por su alto potencial agrícola deban preservarse.

La Agro. Méndez Soto, indicó que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico genera sus propios ingresos y para el Año Fiscal 2026 solicitaron un presupuesto de gasto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Junta de Supervisión Fiscal por la cantidad de $18,076,211 y se le aprobó la cantidad de $12,195,000 para una diferencia de $5,881,211.

La Directora aclaró que esa diferencia surge de la solicitud de presupuesto para el pago de una demanda de cobro e intereses por $6,000,000 aproximados, la solicitud de aprobación de fondos por $155,000 para el pago de intereses de préstamos con FIDA y la cantidad de $212,000 en servicios comprados. que se solicitaron para la reparación del desprendimiento del techo de la Autoridad de Tierras.

La Agro. Helga I. Méndez Soto, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), comentó que su meta convertir a la Autoridad de Tierras en el dínamo que impulse el desarrollo agrícola ordenado en las mejores tierras del pueblo puertorriqueño, ya que no basta con poseer las tierras, el reto es hacerlas producir.

9 de mayo de 2025

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL CONSUMIDOR (DACO)

La Secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Hon. Valerie Rodríguez Erazo, explicó que la misión del Departamento de Asuntos del Consumidor es vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias en Puerto Rico; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo en Puerto Rico. La visión del Departamento de Asuntos del Consumidor es lograr que el consumidor encuentre un mercado justo y honrado a través de la educación, y la fiscalización rigurosa.

Además, comentó, que el Departamento de Asuntos del Consumidor es un departamento ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico creado por medio de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, como una respuesta a la creciente complejidad del mercado de bienes y servicios, las prácticas no deseables de algunos comerciantes y lo indefenso que el consumidor quedaba ante tales situaciones.

La Secretaria indicó que para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto propuesto de la agencia es de $18,711,000 o $2,355,000 mayor al presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal. La petición de aumento se concentra en alrededor de $2 millones en fondos no recurrentes para atender toda la infraestructura tecnológica y otra partida de $600,000 del Fondo General para la contratación de más personal.

Además, comentó que DACO cuenta con aproximadamente 2,500 infracciones sometidas que equivalen a $650,000 que aún no se han cobrado. Por esta razón se solicitó una partida en el presupuesto 2025-2026 para crear una plataforma o sistema digital para tales fines.

Aclaro que, para atender esta situación, la administración designó un “task force” cuyo objetivo es completar el proceso de conciliación, pero puntualizó que los miembros son empleados con otras responsabilidades en el Departamento.

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), cuenta con una plataforma digital que permite realizar algunas transacciones en línea, entre ellas, pagar las facturas. Entre enero y abril de 2025, han recibido aproximadamente $265,666.70 en pago de facturas. Sin embargo, cuentan con alrededor de otros $213,971.34 en facturas no pagados en la plataforma digital. Esto se debe a varios factores, entre ellos el cobro del por ciento adicional por el uso del sistema digital, que pudo haber causado que los comerciantes emitieran su pago de manera física. Esta plataforma tiene sus limitaciones, por lo que ya comenzó una evaluación de plataformas en otras jurisdicciones para mover a la agencia a una más digital, ágil y eficiente en sus procesos.

CENTRO DE BELLAS ARTES DE PUERTO RICO LUIS A. FERRÉ

El Gerente General del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, Luis A. Ferré, el Sr. Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, indicó que la Ley 43 del 12 de mayo de 1980, creó la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico, adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña, y determinó sus propósitos, funciones y poderes como organización corporativa capaz de garantizar un funcionamiento eficiente y la solvencia económica para administrar los programas y operaciones consistentes con los objetivos de su creación. Como entidad de gobierno que recibe asignaciones presupuestarias del fondo general, esta corporación se adhiere a los memorandos relacionados al desarrollo del proceso presupuestario que establece la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cada año fiscal.

Además, comentó que la misión de la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico Luis A. Ferré (CBA) es administrar y coordinar la mejor utilización y eficiencia de sus instalaciones físicas, y mantener en óptimas condiciones el complejo de salas de representación, para el uso de los productores nacionales e internacionales de las distintas expresiones de las artes, que facilite el presentar espectáculos artísticos dirigidos al disfrute, el entretenimiento de todos los residentes y visitantes del país, con el fin de contribuir al enriquecimiento de nuestra vida cultural.

El Gerente General del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, Luis A. Ferré, detalló que el presupuesto vigente de la corporación suma la cantidad de $7.3 millones, una cantidad que será semejante durante el próximo año fiscal. Sin embargo, indicó que solicitó $1 millón adicional en la partida operacional para la seguridad de las instalaciones y el mantenimiento, incluyendo las nuevas áreas en construcción próximas a terminar relacionadas a un teatro al aire libre; también se incluyó el mantenimiento de la Sala Sinfónica.

Para ese particular, solicitaron que la partida pudiera ser recurrente, pero no expresaron cuál sería el porcentaje recurrente para esos fines.

Finalmente, el Gerente General del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, Luis A. Ferré, indicó que como principal actividad económica de la Corporación es el alquiler de salas para eventos, venta de boletos, venta de espacios para publicidad y servicios al productor, el gerente general adelantó que ya para el año natural 2026 hay fechas reservadas, por lo que proyectan una tendencia de ingresos consistente para poder cumplir con las expectativas de ingresos propios presupuestados.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN)

El Procurador del Ciudadano el Sr. Edwin García Feliciano, solicitó un presupuesto de $3.7 millones para el próximo año fiscal 2025-2026, aunque señaló que la agencia verdaderamente necesita $4.5 millones. Además, indicó que la Junta de Supervisión Fiscal JSF, recomendó un presupuesto con $503,000 menos a la cantidad peticionada.

El Procurador del Ciudadano, resaltó que esta varianza recae en gran parte al aumento en la partida de nómina para el reclutamiento del personal necesario en las oficinas regionales que fueron reabiertas en Arecibo, Ponce y Bayamón durante el año fiscal vigente. De igual manera, se reubicó la oficina central.

Además, indicó que la agencia pretende llenar 13 de 79 plazas vacantes enfocadas en empleados que brindan servicios directos al ciudadano y otros puestos bajos los Procuradores Especializados. Al llenar estas vacantes la agencia busca maximizar las responsabilidades fiscalizadoras para lograr que las agencias sean responsivas a los reclamos de la ciudadanía.

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

La formulación y aprobación del presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico se configura como un ejercicio delegado por la Constitución, que se realiza de manera conjunta entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva. Este proceso implica un análisis responsable y meticuloso tanto de las prioridades programáticas del Gobierno, como de las necesidades de todos nuestros ciudadanos.

Para su adecuada elaboración, se requiere que cada departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico documente y justifique, en función del beneficio social y económico que aporte y en consideración de los recursos disponibles, cada programa que se pretenda incorporar al presupuesto. De igual forma, la formulación de un presupuesto responsable demanda la aplicación de un riguroso criterio en el control de gastos, de modo que los logros alcanzados no se vean comprometidos.

Adicionalmente, desde 2016, el Gobierno de Puerto Rico debe gestionar la solicitud presupuestaria en conformidad con las disposiciones establecidas en la Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187.

Con la intención de tener el tiempo suficiente para realizar una evaluación responsable y detallada del Presupuesto General, se sometió el 17 de marzo de 2025 la Resolución Conjunta de la Cámara 79 de la autoría de la delegación de mayoría. Esta resolución contiene el Presupuesto General presentado por la Hon. Jenniffer A. González Colón, Gobernadora de Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal. Desde el mes de marzo hasta el mes de mayo se efectuaron 15 vistas públicas en las que comparecieron 52 agencias que componen y/o representan el 85% del Presupuesto General. En adición, se realizaron reuniones semanales con OGP, JSAF y diversas organizaciones sin fines de lucro y entidades del sector privado.

El 12 de mayo de 2025, la JSF presentó a la Asamblea Legislativa el Presupuesto propuesto del Fondo General que elaboró en conjunto con la Gobernadora Jenniffer González Colón. Este Presupuesto propuesto fue Radicado como la Resolución Conjunta de la Cámara 136, de la cual se hace este Informe Positivo. Luego de esto, el pasado 11 de junio de 2025 la Asamblea Legislativa recibió una comunicación oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), suscrita por su director, el Sr. Orlando C. Rivera Berríos, mediante la cual se presentan enmiendas a la Resolución Conjunta de la Cámara 136. La misiva detalla ajustes presupuestarios distribuidos entre el Plan Vital de ASES, el Programa de Remedio Provisional del Departamento de Educación y la propia Asamblea Legislativa. Estos ajustes responden a necesidades surgidas tras la radicación del presupuesto original, y se financian sin alterar el presupuesto base de $13,095 millones con cargo al Fondo General.

Esta Asamblea Legislativa tiene el deber y responsabilidad constitucional de evaluar y aprobar la Resolución Conjunta de la Cámara 136 de cumpliendo con las fechas establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal en su carta fechada el 30 de mayo de 2025. Ambos cuerpos, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico deberán aprobar esta resolución en o antes del 16 de junio de 2025. Una vez aprobada, la Junta de Supervisión Fiscal evaluará las enmiendas realizadas y de tener alguna observación, deberá comunicarlas por escrito a la Asamblea Legislativa en o antes de 23 de junio de 2025. De ser necesario hacer enmiendas a la Resolución, estas deben ser realizadas y aprobadas en o antes del 26 de junio de 2025. De esta manera se espera lograr la certificación de presupuesto por parte de la Junta de Supervisión Fiscal en o antes de 30 de junio de 2025.

CONCLUSIÓN

La coyuntura económica obliga a que seamos prudentes al momento de analizar el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. La responsabilidad fiscal y presupuestaria han sido el punto de partida para hacer una evaluación exhaustiva del presupuesto a través de vistas públicas con decenas de agencias, y un análisis profundo de los datos económicos y fiscales del gobierno de Puerto Rico. El proceso inició con la radicación del presupuesto sugerido por la Junta de Supervisión Fiscal, bajo la premisa de que se harían cambios de política pública al interior del tope sugerido por la Junta.

El resultado ha sido un Presupuesto General que ha priorizado la inversión social sobre otro tipo de gasto de gobierno. El propósito de poner empeño en este esfuerzo es debido a que esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso inequívoco de reclamar y ejercer las prerrogativas constitucionales de evaluar y aprobar un presupuesto fiscalmente responsable y balanceado. Este informe es una muestra del trabajo realizado en el proceso de aprobar la ley más importante para nuestro País. Este ejercicio ayudará tanto a la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo a alinearse de conformidad a los parámetros del Plan Fiscal certificado y el Programa de Gobierno de la Gobernadora, de modo que se logre certificar un presupuesto balanceado y que cumpla con los estándares requeridos de responsabilidad financiera.

El presupuesto recomendado bajo la R.C. de la C. 136 de $13,095,000 mil millones aumenta en un 1.5% respecto al presupuesto certificado para el año fiscal 2025 e incluye ciertas reclasificaciones de ingresos del Fondo General como ingresos especiales.
Dicho presupuesto fue elaborado de manera conjunta por la Junta de Supervisión y la administración de la Gobernadora Jenniffer González Colón, con la asistencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Más del 64% (equivalente a $8.6 mil millones) del Fondo General se destina a educación, seguridad pública, salud y al pago de pensiones, lo que refuerza el compromiso del Gobierno con los servicios esenciales y empleados públicos. El aumento en gastos se asigna principalmente a inversiones específicas no recurrentes, orientadas a fortalecer la responsabilidad fiscal y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, evitando obligaciones que impliquen nuevos gastos públicos fijos.

En reconocimiento a los riesgos de variables externas que amenazan la estabilidad fiscal de Puerto Rico, especialmente la posible reducción del apoyo federal, el presupuesto del año fiscal 2026 incorpora salvaguardas para proteger los servicios esenciales. Entre estos mecanismos destacan la creación de reservas presupuestarias, el incremento en retenciones y la implementación de sistemas que permitan la reasignación de fondos en respuesta a modificaciones en las políticas del gobierno federal. De igual forma con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, se aplaza la liberación de ciertos fondos destinados a la expansión de servicios hasta que se obtenga mayor claridad sobre el alcance de las reducciones en el financiamiento federal. En el caso de que dichos fondos se vean reducidos y no puedan compensarse, los recursos inicialmente orientados a la expansión podrán redirigirse para financiar servicios esenciales que anteriormente se cubrían con fondos federales.

Es importante resaltar que el presupuesto del Fondo General no incluye fondos provenientes de ingresos especiales, (ingresos generados a partir de honorarios y servicios dedicados a usos particulares) al igual que fondos federales. Al incorporar estos ingresos adicionales con el Fondo General, el presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026 asciende a $32.6 mil millones.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico continuará impulsando una política pública presupuestaria que establezca disciplina fiscal y rendición de cuentas necesarias para cumplir los requisitos de una gobernanza futura, que asegure la sostenibilidad financiera a largo plazo para Puerto Rico.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes tiene el firme compromiso de presentar este Informe, a los fines de proveer las herramientas necesarias para que se cumpla con nuestra obligación Constitucional a través de la legislación necesaria para tener un presupuesto que atienda las necesidades y obligaciones del Gobierno de Puerto Rico con sus constituyentes. La Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 136, busca aprobar un Presupuesto General con cargo al Fondo General para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva, de la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2026.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representante de Puerto Rico, somete el presente Informe Positivo en el que recomendamos a este Honorable Cuerpo la aprobación de la Resolución Conjunta de Cámara 136, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Eddie Charbonier Chinea

Presidente

Comisión de Hacienda

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