GOBIERNO DE PUERTO RICO

20.^a Asamblea 3.^a Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 679

INFORME NEGATIVO

13 de enero de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 679 (P. de la C. 679), no recomienda su aprobación. A continuación, exponemos las razones de nuestra recomendación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 679 tiene como propósito enmendar los artículos 8 y 15 de la Ley Núm. 119-2011, según enmendada,^[1] a los fines de establecer que, cuando la acción penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Gobierno para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos.^[2]

Esta intención legislativa se ha presentado en al menos tres asambleas legislativas distintas: (1) el P. de la C. 679, (2) el P. de la C. 989 (presentado el 21 de septiembre de 2021); (3) también había sido presentado como el P. de la C. 776 (presentado el 10 de febrero de 2017). En ambas anteriores instancias fue presentado por varios grupos de miembros de este cuerpo, de los cuales solo continúa siendo legislador el compañero autor de la versión actual. El P. de la C. 989 de 2021 recibió un veto expreso el 27 de febrero de 2023, mientras el P. de la C. 776 de 2017 no fue atendido en la Comisión de lo Jurídico de la 18va. Asamblea Legislativa. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, asumimos nuestra responsabilidad de atender la legislación que es referida a vuestra Comisión.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. de la C. 679, así como sus versiones anteriores, tiene como intención lograr que en aquellos casos de naturaleza penal en que: luego de una adjudicación de los hechos en sus méritos, la acción penal no prospere, resulte en una absolución, el imputado de delito obtenga un resultado final favorable por cualquier fundamento, se cumpla con un contrato de desvío o la posibilidad que tiene el Gobierno para encausar a la persona imputándole la comisión del delito se extinga, se aplique la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. Según establece la medida en su Exposición de Motivos:

[en] las enmiendas introducidas por la Ley 287-2018 [que enmendó la Ley 119-2011], no se reconoce la figura de impedimento colateral por sentencia en las distintas circunstancias previamente reconocidas por el Tribunal Supremo.

Como parte de estas circunstancias esta medida nos refiere a los siguientes casos, según resueltos por nuestra máxima corte. Son los siguientes:

• Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994), donde no se encontró causa para arresto contra la persona imputada del delito que dio base a la confiscación de un vehículo y el Tribunal Supremo reconoció la doctrina de impedimento colateral.
• Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004), se determinó que la desestimación de los cargos criminales por incumplimiento con los términos de juicio rápido constituía impedimento colateral por sentencia.
• Ford Motor Credit v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008), se resolvió que procedía la devolución del vehículo incautado dado el archivo de una causa criminal al amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, tras confrontar la naturaleza rehabilitadora de la citada Regla y la confiscación que “sirve de castigo” se determinó que el archivo y sobreseimiento de la causa criminal, tras la declaración de rehabilitación, constituía una exoneración en los méritos, por lo que se reconocía que aplicaba el impedimento colateral por sentencia.
• Díaz Morales v. Depto. de Justicia, 174 DPR 956 (2008), se reconoció la figura de impedimento colateral por sentencia una vez el menor cumpliera con el contrato de desvío.
• Coop. Seguros Múltiples v. E.L.A., 180 DPR 655 (2011), se reconoció la figura de impedimento colateral cuando la muerte de la persona imputada de delito tiene como resultado que se extinga la acción penal.
• Santini Casiano v. E.L.A., 199 DPR 389 (2017), se resolvió que procede la impugnación de la confiscación, luego de una determinación de no causa para acusar. Así, nuestro más Alto Foro, validó la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en los casos de confiscaciones tan reciente como en el año 2017.

Examinados los motivos de esta legislación, procedemos a discutir los puntos más importantes de documentos que obran en nuestro expediente sobre este proyecto de ley y sus versiones anteriores.

En 2017 el Departamento de Justicia nos indicó, sobre el P. de la C. 776 los siguientes puntos de derecho sobre esta intención legislativa:^[3]

• El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado en varias ocasiones que una acción civil no se ve impedida por la absolución previa del imputado, acusado de contrabando e incumplimiento por los procedimientos aduaneros. El Tribunal ha razonado que la diferencia entre el peso de la prueba en los casos penales y civiles impide la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Igualmente la doctrina de cosa juzgada estaría fuera de lugar, ello, pues, la acción de confiscación era una civil, no penal.
• El Proyecto [de la Cámara 776] considerado plasma la normativa esbozada por el Tribunal Supremo [de Puerto Rico] en su sentencia. Reiteramos que la aprobación de cualquier medida legislativa, que limite la facultad del Gobierno supeditando la acción por confiscación a los resultados del caso criminal tendría el efecto de convertir la confiscación en una criminal. Ello resultaría contrario a los propósitos de la Ley Núm. 119-2011 y convertiría en letra muerta tanto el primer párrafo del artículo 8, como el artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, dejando de esta manera sin efecto la actual Ley Uniforme de Confiscaciones.
• En aras de cumplir con esta política pública, indudablemente el Gobierno sostuvo y se reafirmó, por medio de la Ley Núm. 119-2011, la naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente de cualquier otra acción ya sea penal, civil, administrativa o de cualquier otra naturaleza. Y es que sujetar el procedimiento civil de la confiscación al desenlace de la causa criminal claramente contradice el resto de las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011 y su política pública. Además de que va en contra de la presunción de legalidad y corrección a favor del Estado antes mencionada y opera en contra de la política pública del Gobierno de Puerto Rico, toda vez que la confiscación tiene la función manifiesta de servir de disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego de la sociedad, debido al temor que infunde la pérdida de la propiedad.
• Si el enjuiciamiento criminal culmina sin determinar la inocencia o culpabilidad del acusado, o cualquier determinación de derecho sobre la constitucionalidad de la confiscación, queda meridianamente claro que la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia no impone trabas para comenzar cualquier procedimiento civil confiscatorio. Es y ha sido la política pública del Gobierno crear mecanismos que faciliten y agilicen el proceso de confiscación; y que estos mecanismos velen por los reclamos y derechos de las personas afectadas por una confiscación.

Tenemos dos documentos de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) con respecto a esta intención legislativa: sobre el P. de la C. 776 y el P. de la C. 989.

En el 2018, la OSL señaló varios aspectos sobre puntos de derechos relacionadas con este proyecto de ley. En particular mencionaron:^[4]

• Impedimento Colateral por Sentencia. Entre las doctrinas de cosa juzgada, nuestro más Alto Foro ha reconocido la figura del impedimento colateral por sentencia. Esta figura jurídica cobra vigencia cuando en el pronunciamiento de una sentencia válida y final se adjudica un hecho esencial, de manera tal que la determinación se torna concluyente en el segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén implicadas causas de acción distintas. Por tanto, no se requiere que el segundo proceso sea virtualmente idéntico al anterior, pues basta con la previa adjudicación de un hecho esencial.
• Proceso de Confiscación. [Mediante la Ley Núm. 119] la Asamblea Legislativa mantuvo intacta la política pública que ha regido en nuestra jurisdicción en cuanto a la naturaleza in rem de las confiscaciones. En varios artículos de la Ley Núm. 119 el legislador ratificó que la confiscación es un proceso civil que va dirigido contra la misma cosa y, por consiguiente, es independiente de cualquier otro proceso que se pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los bienes ocupados…. [La] Ley 119 es una excepción al mandato constitucional que prohíbe tomar propiedad privada sin justa compensación. No obstante, está sujeta al mandato constitucional de que nadie será privado de su propiedad sin el debido proceso de ley. En el proceso de confiscación in rem se permite que el Gobierno vaya directamente contra la propiedad como parte de una ficción jurídica que considera que a la cosa se le pueda fijar responsabilidad independiente a la del autor del delito. Esa ficción jurídica justifica un proceso civil separado en el que se pretende confiscar una propiedad utilizada para cometer un delito, aun cuando su dueño reclama inocencia y argumenta que no se le puede privar de su propiedad por la conducta criminal de un tercero. De esta situación surge la doctrina del tercero inocente, uno de los temas que más se trata en la jurisprudencia sobre el proceso in rem de confiscación.
• Una absolución en los méritos de un caso criminal sobre el delito que motivó la confiscación adjudica con finalidad irreversible el hecho central, tanto del caso criminal como el de confiscación: que la propiedad de la cual se trate no se utilizó para la comisión del delito. Nuestro más Alto Foro judicial ha resuelto que procede la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en un pleito de impugnación de confiscación en las siguientes instancias: (1) la absolución en los méritos durante un juicio en su fondo; (2) la exoneración del imputado al advenir final y firme la determinación de no causa probable para acusar; y (3) la supresión de la única evidencia incriminatoria durante el procedimiento criminal.
• El impedimento colateral por sentencia también aplica cuando, a pesar de que no se dilucidaron los méritos según lo dispongan las Reglas de Procedimiento Criminal y su jurisprudencia interpretativa. En estos casos, se exige “la desestimación del segundo proceso, aun cuando tenga por objeto un delito distinto, si al resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron hechos necesariamente decisivos para el segundo.”
• Ante todo lo anterior, la OSL determinó que no existe impedimento legal para la aprobación de la medida. Asimismo, concluyeron que la pieza legislativa aquí examinada atempera la Ley 119 con las normas jurisprudenciales más recientes en torno al impacto de la confiscación cuando se extingue la acción penal que dio base para ello.

En el 2021, y refiriéndose al P. de la C. 989, la OSL informó lo siguiente:^[5]

• La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, con el propósito de regular todo lo relacionado a los procesos de confiscaciones. El estatuto antes citado, derogó la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”. El artículo 30 de la Ley Núm. 119-2011 dispuso que la misma comenzaba a regir inmediatamente después de su aprobación y su aplicación es de carácter retroactivo. No obstante, en la nueva legislación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico siguió reconociendo que la extinción de la acción penal era impedimento a la confiscación de los bienes de naturaleza lícita.
• Tras aprobarse la Ley Núm. 287-2018, se dejó sin efecto la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo en las distintas circunstancias que aquí reseñamos. De esta forma, la legislatura alteraba el axioma de carácter constitucional…enmendando la sentencia, como modalidad de la figura de cosa juzgada. El impedimento colateral por sentencia es una figura del derecho civil que opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de la sentencia, se dilucida y determina mediante sentencia válida y final y tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas.
• Las enmiendas propuestas por esta medida no son ajenas a nuestro ordenamiento jurídico. La OSL entiende que este proyecto debe aprobarse, ya que reivindica las garantías sustantivas y procesales reconocidas por nuestro más alto foro judicial.

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) nos expresa,^[6] en síntesis, que “hasta el presente no se han aprobado enmiendas a la Ley Núm. 119-2011 que en efecto incorporen la doctrina consistentemente aprobada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconociendo la figura del impedimento colateral por sentencia en el contexto de dicha ley, asunto que es la clara intención de las enmiendas propuestas por el Proyecto. La aprobación del [P. de la C. 989] permitirá que lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011 sobre el proceso de confiscación armonice con lo dispuesto en su artículo 9 sobre los bienes que están sujetos a confiscación, corrigiendo así una situación que se viene arrastrando desde la aprobación de dicha ley que ha causado la radicación de múltiples pleitos en nuestros tribunales.”

La ABPR recomendó a la Asamblea Legislativa la aprobación del P. de la C. 989; que como dijimos es una de las versiones anteriores de la intención legislativa del P. de la C. 679 el cual es el objeto de este Informe.

La Asociación de Compañías de Seguro (ACODESE) se expresó en 2022 sobre la aprobación del P. de la C. 989.^[7] En síntesis, nos plantean que:

Ordenar al Estado devolver la propiedad aún cuando nadie ha impugnado la confiscación, puede atentar contra la naturaleza de la misma confiscación civil o in rem. Además, el lenguaje citado presenta un conflicto con la presunción de corrección y legalidad de la confiscación dispuesta en el artículo 15. Si el interés de esta Asamblea Legislativa es impedir que el Estado ocupe y confisque para sí una propiedad privada si no prevalece el proceso penal, el Tribunal Supremo podría concluir que entonces no existe una confiscación civil y que lo que corresponde es una confiscación penal o in personam. Recordemos que nuestro derecho es uno rogado y corresponde a la persona afectada por la confiscación ejercer su derecho de impugnarla.

Es importante que se aclare si es necesario o si debe interpretarse que se está eliminando la presunción de corrección al instruir al Gobierno que debe devolver la propiedad independientemente de lo que acontezca en [el] proceso penal, aún sin existir una acción de impugnación.

Por otro lado, puede ser el caso que se solicite que la sentencia sea final y firme, contrario a lo que se propone en la medida, antes de poder aplicar la doctrina de cosa juzgada y aplique el impedimento colateral por sentencia. Lo anterior, toda vez que ordenar la devolución del vehículo y concluir el proceso de confiscación a la espera de una conclusión final y firme del proceso penal, y facultar al Estado a iniciar otro proceso de confiscación acarrea serias dificultades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si antes de recaer la sentencia desfavorable, el vehículo que ha sido devuelto, es vendido a un tercero? ¿Procedería prohibir disponer del vehículo en todos o en algunos casos? ¿Podrá confiscarse? ¿Cómo afecta esta instrucción a los casos en que se consigna fianza y se recupera el vehículo al inicio de los procedimientos?

La ACODESE entiende [y recomienda] que lo que se debe procurar es mantener la práctica de tener que esperar por una sentencia final y firme para poder levantar cualquier planteamiento de impedimento colateral por sentencia y que sea necesario impugnar por la confiscación por la vía judicial o administrativa para dicha defensa.

Según nos plantea el Departamento de Seguridad Pública (DSP) (sobre el P. de la C. 989):

En nuestro ordenamiento jurídico, la confiscación, es el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en relación con la comisión de determinados delitos. Esta facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados con la actividad criminal puede concretizarse como parte del proceso judicial que se efectúa en contra del propietario o poseedor de la propiedad confiscada, así como también mediante una acción contra la cosa u objeto mismo. La primera de estas vertientes se conoce como confiscación criminal, la cual se realiza como parte de la acción in personam contra un imputado en un caso criminal, y se impone la confiscación como una pena adicional. Dicha confiscación criminal forma parte integral del procedimiento penal contra el propietario de la cosa a ser incautada y la convicción de éste es el fundamento que origina la confiscación.

La segunda vertiente es la confiscación civil, que es una acción in rem, mediante la cual se imputa la utilización de una propiedad confiscada con la comisión del delito. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se refiere a esta ficción jurídica que permite ir directamente contra la cosa como si esta fuese responsable por el delito. El indebido uso que se le de a la misma, le da la potestad al Estado de tomar posesión sobre ésta. Los elementos necesarios para concluir si procede este tipo de confiscación civil es: (1) la existencia de prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito; (2) que exista un nexo entre la comisión de delito y la propiedad confiscada. La confiscación civil constituye una acción independiente del resultado de la acción penal que el Estado pueda presentar por el mismo delito contra un sospechoso particular.

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico, el impedimento colateral por sentencia, modalidad de la doctrina de cosa juzgada, tiene el propósito de promover la economía procesal y judicial, proteger a los litigantes de defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma controversia, evitar litigios innecesarios y decisiones inconsistentes. En el ámbito confiscatorio, nuestro más Alto Foro, ha expresado que, la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica automáticamente a procedimientos de impugnación de confiscación relacionados a los mismos hechos de una acción penal previamente adjudicada.

Por último, el DSP nos recuerda que la Ley Núm. 119-2011, dispone que en los procesos de confiscación no será de aplicación la doctrina de Impedimento Colateral por Sentencia en las siguientes instancias:

1. Cuando el acusado haya hecho alegación de culpabilidad;
2. cuando el acusado se someta a un programa de desvío;
3. cuando el acusado fallezca antes o en medio del proceso que se esté llevando a cabo contra una persona;
4. en ausencia de alguna adjudicación expresa en otro proceso penal, civil o administrativo, que se celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la confiscación, en la cual se determine que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito; y
5. en cualquier otra instancia que no se cumplan con los requisitos de la doctrina.^[8]

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Esta medida plantea interrogantes fundamentales sobre nuestro sistema de derecho. Particularmente, para hacer valer nuestras facultades de investigación, procesamiento y juicio de personas acusadas por la comisión de delito. Es nuestra facultad constitucional establecer las conductas que serán objeto de sanción penal, así como lo que sucede con la evidencia que el Gobierno usa para probar la comisión de delito, en específico lo que sucede con la evidencia cuando el ciudadano no es hallado culpable.

Sin embargo, observando con detenimiento las implicaciones de este proyecto de ley, encontramos los siguientes puntos que nos mueven al hacer nuestra recomendación:

• El P. de la C. 679 no toma en consideración ni tampoco dispone el procedimiento específico que debe seguir la Junta de Confiscaciones (en adelante la “Junta”) en aquellos casos en que se acoge la defensa de impedimento colateral por sentencia en un procedimiento criminal.
• No queda claro qué pasaría si la Junta, haciendo uso de las facultades que la Ley le otorgaría, dispone de un bien confiscado y luego resultare absuelto el imputado.
• No dispone a qué persona o agencia gubernamental le corresponde la responsabilidad de restituir el valor de la tasación en los casos en los que la confiscación fue conforme a derecho y no fue impugnada en los tribunales.
• No se vislumbra la posibilidad de que el fondo especial de la Junta se agote y aún exista la obligación de devolver la propiedad confiscada o su importe.
• Por su exposición de motivos, parece limitar la aplicación de las enmiendas a cuando el bien confiscado es un vehículo de motor. Esto es importante pues el artículo 9 de la Ley de Confiscaciones dispone que pueden estar sujetos a confiscación igualmente, los bienes muebles e inmuebles siempre que sea una propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante la comisión de un delito.

Este proyecto de ley es muy bien intencionado y pudiera representar una voluntad de política pública en hacer justicia a ciudadanos que no son hallados culpables de la comisión de delito. Se reconoce la facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa de establecer los contornos del procedimiento que va a seguir el Gobierno ante la confiscación de la propiedad de los ciudadanos. En aras de proteger la facultad para poder esclarecer la comisión de delitos, nos mueve la postura presentada históricamente por el Departamento de Justicia, así como los puntos establecidos en el párrafo anterior.

Por los fundamentos antes expuestos, esta comisión no recomienda la aprobación del P. de la C. 679.

Respetuosamente presentado,

José J. Pérez Cordero

Presidente

Comisión de lo Jurídico

1. Conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. ↑

2. Según el título de este proyecto de ley, el cual fue presentado el 15 de mayo de 2025 por el Rep. Rivera Ruiz de Porras. ↑

3. Memorial del Departamento de Justicia sobre el Proyecto de la Cámara 776, de 13 de noviembre de 2018, Páginas 6-8; énfasis nuestro. ↑

4. Memorial de la Oficina de Servicios Legislativos sobre el Proyecto de la Cámara 776, 25 de mayo de 2018, Páginas 3-8; énfasis en el original y suplido. ↑

5. Memorial de la Oficina de Servicios Legislativos sobre el Proyecto de la Cámara 989, 20 de octubre de 2021, Páginas 3-4. ↑

6. Memorial de la Asociación de Bancos sobre el Proyecto de la Cámara 989, 17 de agosto de 2022, documento de 3 páginas, firmado por la Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, (entonces) Vicepresidenta Ejecutiva. ↑

7. Memorial de la ACODESE sobre el Proyecto de la Cámara 989, 19 de agosto de 2022, documento de 3 páginas, firmado por la Lcda. Iraelia Pernas, Directora Ejecutiva. ↑

8. Véase art. 8 de la Ley Núm. 119-2011. ↑