GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 2^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 690

INFORME POSITIVO

29 de octubre de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 690 (P. de la C. 690), recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 690 propone crear la Ley de Procedimiento Especial en Casos de Vicio de Construcción para garantizar que las personas tengan un proceso sumario, justo y ágil para resolver los agravios sufridos como consecuencia de vicios de construcción; crear comisionados especiales; establecer un límite a la indemnización por cada reclamación; enmendar el artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, para aumentar el plazo de caducidad que tal artículo impone por concepto de responsabilidad civil al contratista o arquitecto, por la ruina causada, por vicios de construcción, siempre y cuando medie negligencia crasa.

TRASFONDO

La intención legislativa de este proyecto tiene su génesis en la reconstrucción de Puerto Rico desde septiembre de 2017, tras el paso de los devastadores huracanes Irma y María-y que se agravó luego de los terremotos de la época de Reyes en el año 2020. Esta intención fue plasmada en dos proyectos presentados en asambleas legislativas pasadas. Nos referimos a los siguientes:

1. Proyecto de la Cámara 1178, presentado el 17 de septiembre de 2018 ante la decimoctava asamblea legislativa de Puerto Rico. Ese mismo día fue referido a la Comisión Conjunta del Código Civil, sin recibir trámite legislativo ulterior.
2. Proyecto de la Cámara 448, presentado el 25 de enero de 2021. Ese mismo día fue referido a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de la decimonovena asamblea legislativa de Puerto Rico. El 17 de julio de 2024, esta versión recibió un informe negativo de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Ambas versiones—así como el P. de la C. 690—fueron presentadas por el compañero Franqui Atiles. Él se mantiene firme en su compromiso de atender las necesidades de su distrito, las cuales se reflejan en muchas comunidades de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

A continuación, se expone lo más importante de los puntos expresados en los memoriales que recibió esta comisión.

El Departamento de la Vivienda (Vivienda), apoya la medida, sujeto a ciertas enmiendas que fortalecen la intención legislativa original de este proyecto. Vivienda reconoce la pertinencia de esta iniciativa y coincide en la importancia de atender la responsabilidad de los desarrolladores frente a los vicios de construcción. Se presentan consideraciones necesarias para lograr un balance entre la protección ciudadana y la viabilidad de los proyectos de vivienda:

• En primer lugar, es importante que se incluya una definición amplia del término “desarrollador”, que abarque el dueño de la obra, al contratista, al ingeniero y al arquitecto, de modo que no quede duda sobre la responsabilidad de quienes participan en el desarrollo de un proyecto. De igual manera, lo responsabilidad por vicios de construcción debe aplicarse a todo tipo de edificación, ya sea residencial o comercial.
• Manifestamos nuestra preocupación en cuanto a los proyectos de vivienda de interés social. El extender el término de responsabilidad podría encarecer las unidades y desalentará los desarrolladores a participar en este tipo de proyectos, afectando así directamente a las familias de menos recursos. Ese aumento de costos se reflejaría principalmente en la etapa de diseño, obligando al uso de materiales más costosos y poniendo en riesgo la viabilidad de futuros desarrollos.
• En cuanto a la intervención de Vivienda, entendemos más adecuado que esta se limite a los casos relacionados con propiedades de interés social o aquellas que han recibido fondos o subsidios públicos. También consideramos necesario aclarar que las reclamaciones acumuladas contra un mismo desarrollador deben responder a la negligencia cometida en una misma obra o proyecto, paro evitar cargas desproporcionadas.

• En [un] aspecto técnico, consideramos indispensable velar por la claridad y precisión del texto de la medida, a fin de evitar interpretaciones contradictorias en su aplicación. Por ello, recomendamos que se aclare expresamente en el Artículo 3 la referencia al "Tribunal”, de modo que no quede ambigüedad sobre la jurisdicción competente para entender los casos.
• Asimismo, en el Artículo 5, resulta necesario establecer de manera detallada el procedimiento para cubrir los honorarios de los Comisionados Especiales, así como el término que tendrán estos funcionarios para presentar sus determinaciones y conclusiones. La certeza en estos aspectos técnicos fortalece la efectividad de la medida y garantiza seguridad jurídica para todas las partes involucradas.
• Por último, con relación a la enmienda propuesta al Artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico, Vivienda se ha expresado en varias ocasiones sobre este particular y ha sido consistente en su posición. En cada ocasión, si bien ha endosado los esfuerzos dirigidos a fortalecer la protección de los ciudadanos frente a los vicios de construcción, también ha sido claro en señalar que extender el plazo de responsabilidad civil únicamente a proyectos de vivienda de interés social tendría un carácter oneroso y discriminatorio, cuya consecuencia directa sería desalentar la participación de desarrolladores en la construcción de vivienda destinada a las poblaciones más vulnerables.

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) no favoreció el P. de la C. 690, según redactado.^[1] Entre las objeciones más importantes a la redacción original del proyecto se encuentran:

• El PC690 no reconoce que existen varias figuras en el proceso de construcción, todas ellas con roles e intereses diferentes, pero con responsabilidad compartida sobre un proyecto de construcción. Menciona solo “arquitecto” y contratista cuando hay muchísimos proyectos en donde no hay arquitectos envueltos en el proceso de desarrollo y construcción. Debe ampliarse el lenguaje para incluirá al desarrollador, los ingenieros y el inspector. El inspector, que puede ser arquitecto o ingeniero, es una figura clave porque garantiza al estado que la construcción se hizo de acuerdo con los planos del diseñador, que puede ser arquitecto o ingeniero, y con los códigos de construcción vigentes. Se recomienda se ajuste el lenguaje para incluir no solo al arquitecto, sino también al ingeniero, inspector y desarrollador, si lo hubiere, en sus diferentes roles. Se prefiere, además el término “diseñador” al de “arquitecto” porque el término “diseñador” incluye a todas las personas facultadas en ley para diseñar proyectos de construcción.
• Quince años es excesivo. Se recomienda que prevalezca el término de 10 años que existe en la mayor parte de las jurisdicciones, pero que se amplíe el ámbito de las personas responsables para incluir: diseñador, consultores del diseñador, inspector, contratista y desarrollador (si lo hubiere).

▪El aumentar a 15 años el término de responsabilidad muy probablemente aumentará el costo de las pólizas de responsabilidad del arquitecto, costo que se le pasará al consumidor.

▪Requerirá además el mantener registros y planos por mayor tiempo y esto encarecerá los servicios de arquitectura e ingeniería para el público en general.

▪El arquitecto puede especificar y recomendar productos y materiales, pero no tiene control de la mano de obra del contratista ni de acciones fraudulentas durante el proceso de construcción.

• El Artículo1483 ya establece que el arquitecto es responsable cuando dirige la obra, sin embargo, se debe hacer claro que si el diseñador (arquitecto o ingeniero) no está involucrado en la obra de construcción se le debe eximir de responsabilidad completamente si hay desviaciones en la obra con respecto a lo especificado en los planos.
• La medida se presenta a destiempo. Si la intención legislativa es proteger a los que recibieron servicios de arquitectura, diseño y construcción bajo los programas de rehabilitación, y en particular, porque es de conocimiento general que hubo muchos trabajos fraudulentos durante los primeros meses de la recuperación de María e Irma, este proyecto de ley no provee remedios a esas personas, puesto que no es retroactivo ni impone responsabilidad al Desarrollador, en este caso, Vivienda. Se recomienda que se extienda la responsabilidad decenal únicamente para proyectos con fondos gubernamentales/federales y se establezcan mecanismos de fiscalización y querellas más sencillos que los propuestos. No es costo-efectivo ni sencillo para el ciudadano común presentar la reclamación ante el Tribunal. El Departamento de la Vivienda podría fungir como el mediador y primer panel para dilucidar este tipo de disputas.
• El término de 20 días para la parte querellada es poco tiempo. Cualquier proyecto de construcción es complejo y al haber en nuestro ordenamiento varias partes responsables, es imposible hacer una investigación adecuada sobre lo que pudo haber ocurrido en tan solo 20 días. El Colegio sugiere que el término se suba a por lo menos 45 días.

Por último, la Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de Puerto Rico (ACGA) compareció en oposición a la medida. Para la ACGA, el Código Civil de Puerto Rico incluyó más protecciones para los consumidores de construcciones. A manera de ejemplo, la asociación analizó los artículos 1375 y 1541. También intimó que lo que propone este proyecto parece abordarse por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) mediante la Ley Núm. 130-1967, según enmendada,^[2] y el Reglamento Núm. 2268.

La ACGA estimó que la naturaleza sumaria del P. de la C. 690—similar a la Ley Núm. 2-1961^[3]—no se ajusta a la realidad de los pleitos por vicios de construcción, los cuales suelen ser de larga duración por la complejidad del tema. Así, la ACGA prevé que la mayoría de los casos que se puedan instar por el trámite sumario que propone esta medida, serán tratados como casos ordinarios.

La comisión aquilató estas ponencias y redactó enmiendas para poder atender algunas de estas preocupaciones.^[4] Pesa más en nuestro ánimo el interés de atender las necesidades de los ciudadanos a los que servimos. Las disposiciones de esta legislación no deberían preocupar a la industria de la construcción, si sus miembros ejercen sus oficios de manera correcta, responsable y de conformidad con los códigos y la ciencia.

CONCLUSIÓN

El P. de la C. 690 representa una iniciativa que responde a las necesidades del mercado de vivienda en Puerto Rico. Es en ese contexto que esta comisión evaluó con detenimiento la medida.

Coincidimos con la intención de esta pieza legislativa, la cual lleva varios años en proceso de implantarse. Cuando se trate de reclamaciones vinculadas a vicios de construcción, habrá un procedimiento expedito. Si resulta que son reclamaciones inmeritorias, ahí quedará el asunto. Si se trata de reclamaciones válidas, el querellante encontrará un remedio justo, y eficaz para su reclamo.

En fin, esta comisión recomienda que se apruebe el P. de la C. 690, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente presentado,

José J. Pérez Cordero

Presidente

Comisión de lo Jurídico

1. Documento de 23 de septiembre de 2025, firmado por la Arquitecta Paisajista, Olga E. Angueira Andraca, Presidenta y el Arquitecto Paisajista José Juan Terrasa Soler, director de la Comisión de Asuntos Legislativos de dicha institución, respectivamente. ↑

2. Conocida como Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita al Departamento de Asuntos del

   Consumidor. ↑

3. Conocida como Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. ↑

4. También se incluyó una exclusión para las residencias de alto impacto económico, las cuales son reguladas por la Ley Núm. 101-2025, según enmendada, y conocida como Ley Para la Promoción de Residencias de Alto Impacto Económico. ↑