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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea 3era Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 560

INFORME POSITIVO

30 de enero de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 560, tiene a bien recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 560, tiene como propósito añadir un nuevo inciso (ss) y renumerar el actual inciso (ss) como inciso (tt) del Artículo 7 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de ordenar la creación e implementación de un Sistema Digital de Control de Población que centralice la información sobre la población correccional, facilite la administración eficiente del sistema correccional y garantice la integración de tecnologías digitales para la gestión segura y efectiva de los datos de los confinados.

La Comisión de Seguridad Pública, realizó su evaluación de la presente pieza legislativa en torno a los memoriales explicativos provistos a la Comisión de Seguridad Publica y Asuntos del Veterano del Senado. De conformidad con ello, a la Comisión homóloga del Alto Cuerpo, le fueron provistos memoriales por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Puerto Rico Innovation & Technologies Services (PRITS), y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

A continuación, presentaremos de forma sintetizada las expresiones de las agencias antes mencionadas, señalando particularmente las recomendaciones de estas.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR):

El Departamento de Corrección y Rehabilitación manifestó apoyar la presente medida. A esos efectos indicó que la presente pieza legislativa va en acorde a lo establecido en la Ley 75-2019, estatuto orgánico de PRITS. Ante ello, expresaron la necesidad de contar con la ayuda especializada de esta agencia para el cabal asesoramiento en todas las etapas de la implementación de este Sistema. Expresaron que el expertise de PRITS será necesario para el fortalecimiento del sistema de ciberseguridad con el propósito de proteger la información confidencial y recibir retroalimentación.

Asimismo, catalogaron a la medida como de vanguardia al proponer un sistema digital unificado con miras a consolidación de toda información pertinente relacionada con los servicios y programas de los Miembros de la Población Correccional/Persona Privada de la Libertad (MPC/PPL).

Añadieron que actualmente la agencia se encuentra trabajando en un expediente digital desde el año 2024, para el cual se firmó un contrato de servicios profesionales de tecnología con vigencia hasta el 30 de junio de 2030 por una cuantía de $2,070,000.00. Expresaron que dicho proyecto se trabajará en fases y que por esta razón la presente medida será cónsona con la política pública que se desea implementar para adoptar los servicios que ofrece el gobierno a la población.

Finalmente, recomendaron la expansión del sistema propuesto para que se evalúe la posible creación de una base de datos entre las agencias del gobierno con el propósito de que se pueda rastrear a una persona desde su arresto por la policía hasta su ingreso al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sobre este particular manifestaron:

Esta base de datos de integración con otras agencias (Departamento de Salud, Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia, entre otras), nos permite por otro lado, conocer si está recibiendo algún beneficio del Gobierno, el cual deba ser cancelado una vez es arrestado e ingresado. Por otro lado, permite un análisis más certero a la hora de evaluar cualquier privado de libertad para cualquier privilegio.

Puerto Rico Innovation & Technologies Services (PRITS):

La Puerto Rico Innovation & Technologies Services expresó acoger favorablemente la intención legislativa propuesta, debido a que promueve el uso estratégico de tecnologías de información y comunicación (TIC) para robustecer los procesos institucionales, especialmente en un área crítica como lo es el manejo de la población correccional. Añadieron, que la presente intención legislativa es completamente cónsona con lo establecido en su ley orgánica y la intención para la que fue creada esta entidad.

La agencia manifestó respaldar iniciativas que busquen modernizar las estructuras administrativas del gobierno mediante soluciones tecnológicas. Sobre ello, expresaron:

…[R]econocemos que la digitalización del sistema correccional es un paso imprescindible para atender los retos operacionales señalados en la Exposición de Motivos del proyecto. Implementar una plataforma tecnológica centralizada para la gestión de información sobre confinados propicia no solo una mayor eficiencia y transparencia administrativa, sino que además contribuye significativamente a la política pública de rehabilitación y reinserción local.

La agencia reafirmó su disposición para colaborar activamente con el DCR en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Digital de Control de Población Correccional. Manifestaron poseer la experiencia, la capacidad técnica en materia de ciberseguridad y la capacidad de interoperabilidad e innovación digital para la cabal consecución de esta medida. Añadieron que, según el marco legal vigente, incluyendo su ley habilitadora, la entidad posee las competencias, instrumentos normativos y pericia técnica para proyectos como este.

La agencia señaló que los aspectos de seguridad operacional de la población correccional son de la pericia del DCR y que, por tanto, el diseño y éxito del sistema dependerán del trabajo conjunto entre PRITS y el DCR. Recomendaron que para la completa evaluación integral de esta medida, se contase con el insumo del DCR y la opinión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) con la finalidad de contar con una opinión experta que considere los aspectos operacionales y fiscales de la medida, garantizándose así una evaluación completa.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL):

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) expresó que la implementación de la presente medida, según estiman, conllevaría un costo de $2.3 millones. Además, expresaron que en la actualidad se les imposibilita exactamente precisar el costo total de implantación y mantenimiento de la Plataforma propuesta, debido a la falta de información técnica detallada sobre el alcance y los requisitos específicos de la iniciativa. La OPAL expresó que, aunque existe un estimado inicial, la magnitud del proyecto y su implementación a largo plazo podrían implicar gastos adicionales sustanciales que deben ser considerados en la planificación presupuestaria.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Las agencias concernidas a expresarse sobre la presente medida avalaron la implantación de este proyecto. Particularmente señalaron la pertinencia del proyecto en cuanto a su intención de crear un sistema unificado y eficiente en los procesos administrativos de centralización y consolidación de la información sobre la población privada de libertad. A grandes rasgos, manifestaron que dicho proyecto en acuerdo con la normativa vigente y la política pública de la implementación tecnológica en el aparato gubernamental procurará uniformidad interagencial, fortalecerá la seguridad de los datos y optimizará la administración de los servicios a cargo del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Las entidades concernidas llegaron al consenso de que dicha implantación ahorrará tiempo, esfuerzo y brindará organización a los datos sensibles que se manejan en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Como principal entidad encargada de la ejecución de este proyecto, PRITS expresó su total apoyo y disposición para la consecución de mismo. La entidad manifestó que cuenta con los recursos y conocimientos especializados para dicho proyecto y que el mismo se encuentra dentro del marco estatutario de sus funciones inherentes. Destacaron su expertise en materia de ciberseguridad y la capacidad de interoperabilidad e innovación digital, señalando particularmente el sistema zero trust, para la protección de la información sensible que se maneja en el DCR.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) manifestó que, aunque el costo mínimo estimado para la implementación del sistema será de aproximadamente $2.3 millones, resulta indispensable contar con información técnica más detallada que permita determinar con precisión el alcance financiero completo, para comenzar con el proyecto, y para la continuidad del sistema a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ha informado que, desde el año 2024, se encuentra en proceso de desarrollo de un expediente digital. Dicho proyecto es respaldado por el Contrato de Servicios Profesionales de Tecnología 2024-000-077, con vigencia hasta el 30 de junio de 2030, con una cuantía ascendente a $2,070,000.00, contemplando su ejecución en fases conforme a lo dispuesto en la cláusula primera del contrato. Lo anterior es evidencia de que el DCR ya ha dispuesto de recursos financieros, técnicos y humanos para avanzar en la modernización de su sistema de información. Entendemos que, dicho esfuerzo preexistente a esta medida contribuye a mitigar en parte la inquietud manifestada por OPAL respecto a la disponibilidad de fondos. Con dicha partida se establece una base estructurada sobre la cual se integrará y ampliará el Sistema Digital de Control de Población Correccional propuesto, reduciendo la incertidumbre asociada con la implementación inicial y asegurando un uso más eficiente de los recursos disponibles.[1]

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes entiende que esta medida promueve la modernización digital de la gestión de la población correccional, alineándose con las políticas de innovación y eficiencia del Gobierno de Puerto Rico. Su éxito dependerá del manejo adecuado de los recursos ya existentes para el desarrollo de este Sistema y de la adecuada asignación de aquellos recursos que faltasen. Además, se requerirá de la coordinación entre DCR, PRITS, OGP y demás agencias involucradas para el completo desarrollo de este Sistema. Ante ello, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tendrán el deber ministerial de garantizar anualmente los fondos necesarios, asegurando la plena operatividad, seguridad y eficiencia del Sistema Digital de Control de la Población Correccional.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Conforme al insumo fiscal provisto por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la implantación del Sistema Digital de Control de Población Correccional podría alcanzar un costo aproximado de $2.3 millones. Si bien esta cifra sirve como estimado inicial, la OPAL señala que la ausencia de información técnica detallada sobre el alcance funcional y operativo de la plataforma impide precisar con exactitud el costo total de implantación y mantenimiento a largo plazo, por lo que no se descarta la posibilidad de gastos adicionales sustanciales.

No obstante, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya ha comprometido $2,070,000 mediante el Contrato de Servicios Profesionales de Tecnología 2024-000-077, lo que provee una base financiera y estructural que atenúa, aunque no elimina por completo, la incertidumbre presupuestaria identificada por la OPAL. En ese contexto, aun cuando resta identificar recursos para cubrir la diferencia estimada, la Comisión entiende que la medida es fiscalmente manejable y que su viabilidad final dependerá de la adecuada planificación y coordinación interagencial en las etapas subsiguientes de implementación.

CONCLUSIÓN

Contando con el beneficio de los memoriales antes citados, la presente Comisión evaluó el Proyecto del Senado 560 y considera necesario el que se añada un nuevo inciso (ss) y se renumere el actual inciso (ss) como inciso (tt) del Artículo 7 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de ordenar la creación e implementación de un Sistema Digital de Control de Población que centralice la información sobre la población correccional, facilite la administración eficiente del sistema correccional y garantice la integración de tecnologías digitales para la gestión segura y efectiva de los datos de los confinados.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Cuerpo Legislativo su Informe Positivo, recomendando la aprobación del Proyecto del Senado 560, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

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Hon. Félix Pacheco Burgos

Presidente

Comisión de Seguridad Pública

  1. Si bien el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ya ha comprometido $2,070,000 mediante el Contrato de Servicios Profesionales de Tecnología 2024-000-077, OPAL estima que la implementación total del Sistema Digital de Control de Población Correccional podría alcanzar $2,300,000, dejando un déficit aproximado de $230,000. No obstante, la existencia de este contrato preexistente proporciona una base financiera, técnica y estructurada que reduce la incertidumbre asociada con la implementación inicial y facilita la planificación eficiente de los recursos adicionales que sean necesarios para completar el proyecto.

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