GOBIERNO DE PUERTO RICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 726

INFORME NEGATIVO

19 DE FEBRERO DE 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tiene el deber de someter a este Augusto Cuerpo el presente Informe Negativo sobre el P. de la C. 726

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 726 surge con la intención de enmendar la Ley 300-1999, conocida como la "Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud". La propuesta legislativa busca eximir a las amas de llave contratadas por los gobiernos municipales del pago de los cargos requeridos para obtener la certificación de antecedentes criminales, facilitando así su reclutamiento y retención.

La exposición de motivos de la pieza reconoce a las amas de llave como un pilar fundamental del sistema de cuidado domiciliario en Puerto Rico. Estos profesionales ofrecen servicios esenciales a ciudadanos de edad avanzada, personas encamadas y pacientes con diversidad funcional, permitiendo que esta población permanezca en sus hogares y evite una institucionalización innecesaria.

No obstante, la ley vigente impone un costo de certificación que la medida identifica como una barrera económica sustancial para las administraciones municipales que financian estos programas con fondos limitados. El proyecto aspira a balancear la protección de los ciudadanos vulnerables con un alivio económico razonable que dignifique la labor de estos cuidadores.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para evaluar el presente Proyecto, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, y a la Defensoría de Personas con Impedimentos. A la fecha de redacción de este informe, no se ha recibido ante la Comisión de Salud, el memorial solicitado al Departamento de Justicia.

Departamento de Salud

(16 de octubre de 2025)

El Departamento de Salud se opuso firmemente a la medida, fundamentando su posición en su rol constitucional como garante de la salud pública y seguridad de los ciudadanos. El Secretario de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero, explicó que el Programa Puerto Rico Background Check no es meramente administrativo, sino un mandato federal vinculado al Affordable Care Act (ACA) y financiado originalmente por los CMS para prevenir el abuso y negligencia de poblaciones vulnerables.

El memorial desglosa una estructura de costos operativos ineludibles que superan los $1.1 millones anuales, incluyendo una nómina de 19 empleados ($700,000) e inversiones en infraestructura biométrica de más de $400,000. Salud enfatizó que el cargo actual de $69.95 (del cual solo percibe $23.95) cubre gastos obligatorios como el pago al FBI de $13.25 por transacción y $8.80 en tecnología de biometría.

Finalmente, la agencia advirtió que la exención comprometería la sostenibilidad financiera del programa al no identificarse una fuente de financiamiento recurrente para cubrir el déficit. Además, señalaron que el sistema ha sido efectivo en identificar a proveedores no aptos que de otro modo habrían tenido acceso a personas que no siempre pueden reportar abusos.

Defensoría de Personas con Impedimentos

(3 de octubre de 2025)

La DPI, bajo la dirección del Dr. David Figueroa Betancourt, presentó un análisis detallado sobre la demografía de la población con discapacidad en la isla, señalando que existen aproximadamente 763,503 ciudadanos con impedimentos, de los cuales unos 170,884 requieren cuidados especializados por terceros. La agencia enfatizó que los servicios de respiro y cuidado son escasos y costosos, lo que justifica la búsqueda de soluciones prácticas para fortalecer estos programas.

En su memorial, la DPI otorgó un endoso condicionado, proponiendo una modificación técnica para que la exención no sea un artículo nuevo, sino una enmienda insertada en el Artículo 6 de la Ley 300. Argumentaron que esta integración legislativa cumpliría con el propósito de la medida de manera más sucinta, asegurando que el personal municipal esté exento de "cualquier cargo, sello o arancel" al solicitar la certificación del SICHDe.

A pesar de su simpatía con el proyecto, la DPI recordó que el proceso de verificación incluye la toma de huellas dactilares por el Departamento de Justicia, con un costo actual de $70.00, y que el sistema requiere que el solicitante realice una autoverificación en registros de ofensores sexuales. Esta estructura de costos y seguridad es el punto donde la intención legislativa choca con la realidad operativa del sistema

IMPACTO FISCAL

El P. de la C. 726 conllevaría impacto fiscal al presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

Tras un análisis exhaustivo, esta Comisión concluye que el P. de la C. 726, aunque nace de una intención loable, no resulta viable, es peligroso para la estabilidad del sistema de protección ciudadana. La seguridad de nuestros niños y personas con impedimentos no puede estar sujeta a compromisos presupuestarios que debiliten el único mecanismo efectivo de verificación de antecedentes criminales en la isla.

La medida falla principalmente en dos vertientes: la fiscal y la de equidad. Primero, el proyecto no identifica una partida presupuestaria que sustituya los ingresos perdidos, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de mandatos federales y la operación de las oficinas regionales de salud. Segundo, la exención crearía un trato desigual injustificado entre las amas de llave municipales y aquellas que laboran en el sector privado o para organizaciones sin fines de lucro, quienes realizan la misma labor esencial pero seguirían sujetas al pago.

Por lo tanto, ante la realidad de que el costo de la certificación representa apenas $2 mensuales distribuidos en su vigencia de tres años, y considerando que la integridad del sistema biométrico es innegociable, esta Comisión no puede avalar una pieza que desestabilice el programa. La protección de los más vulnerables requiere un sistema autosostenible y uniforme que no admita excepciones basadas en el patrono del solicitante

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 726.

Respetuosamente sometido,

Hon. Gabriel Rodríguez Aguiló

Presidente

Comisión de Salud