GOBIERNO DE PUERTO RICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 235

29 DE OCTUBRE DE 2025

Presentada por los representantes Ferrer Santiago, Torres García, Feliciano Sánchez, Figueroa Acevedo, Fourquet Cordero; las representantes Hau, Higgins Cuadrado, Martínez Soto; el representante Rivera Ruiz de Porras; la representante Rosas Vargas; los representantes Torres Cruz, Varela Fernández y la representante Vargas Laureano

Referida a la Comisión de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Hacienda a establecer una exención contributiva sobre el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) aplicable a los materiales de construcción y sobre los Impuestos sobre Servicios rendidos a otros comerciantes (B2B) cuando el servicio esté relacionado a la construcción de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico; ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a establecer una exención del pago de cargos y derechos relacionados a permisos de construcción expedidos para el desarrollo de vivienda asequible en Puerto Rico por un periodo de cinco (5) años, a los fines de fomentar la construcción de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico para mitigar la crisis prevaleciente de escasez de unidades de vivienda en la isla; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, Puerto Rico enfrenta una crisis significativa en la asequibilidad de vivienda, exacerbada por el aumento en los costos de construcción y la escasez de unidades disponibles. Así lo demuestran estudios recientes, como el Índice de Vivienda Asequible, publicado por la firma de economistas Estudios Técnicos, que cerró el 2024 en 57%, una de las cifras más bajas desde que se calcula este indicador. El índice, que mide la capacidad de una familia típica para obtener un préstamo hipotecario con un 20% de pronto pago, bajó de 65% en 2023, a 57% en 2024. Un valor de 100% representa el ingreso ideal para adquirir una vivienda promedio^[1].

Esta situación se agrava por el alza sostenida en los precios de las propiedades. Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el precio promedio de una unidad nueva subió un 18.4% en 2024, alcanzando los $367,716. Mientras que las viviendas usadas aumentaron 12.8%, a $212,811^[2]. Asimismo, a pesar de que ocurrió una leve baja en las tasas de interés hipotecarias, de 7.06% en mayo a 6.72% en diciembre de 2024, los niveles siguen siendo elevados frente al promedio prepandemia de 4.04%.

De otra parte, se estima que los costos de construcción y desarrollo de nuevas viviendas han incrementado en un treinta por ciento (30%) debido a gastos relacionados con regulaciones gubernamentales, permisos y costos de infraestructura^[3].

Del mismo modo, el alza en los precios de los materiales de construcción es un factor determinante en el encarecimiento de las viviendas por factores como la inflación, los aranceles a materiales importados y las interrupciones en la cadena de suministro. Esta situación no solo afecta a los desarrolladores y constructores, sino que también impacta directamente a las familias puertorriqueñas que buscan adquirir una vivienda digna y accesible.

Los costos de construcción no tan solo se ven impactados por el alza en los precios de los materiales, sino también por los gastos asociados a los servicios que los comerciantes deben contratar para llevar a cabo una obra. Los servicios rendidos a otros comerciantes comprenden labores de arquitectura, ingeniería, diseño, instalación y otros servicios técnicos, resultan indispensables en la ejecución de proyectos residenciales. Al gravarse con el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), dichos servicios incrementan el costo final de la construcción y, en consecuencia, el precio de venta de las viviendas. La inclusión de una exoneración contributiva para este tipo de servicios representa una medida necesaria para abaratar los costos de los proyectos y ampliar las posibilidades de acceso a vivienda asequible para las familias puertorriqueñas

A esto se suma que el panorama para este año luce aún más cuesta arriba a causa de las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien reinstauró aranceles de 50% al acero y aluminio^[4], materiales claves en la construcción, lo que, sin duda alguna, ejercerá una presión adicional en el costo de construir nuevas unidades, que se traducirá en precios más altos para los compradores.

Igualmente, según estimados de la Asociación de Constructores de Puerto Rico y datos publicados por Puerto Rico Builders Exchange, el costo promedio del saco de cemento ha aumentado de $6.50 a $9.25 en los últimos tres años^[5]. A su vez, construir una vivienda sencilla de dos habitaciones y un baño puede costar entre $130,000 y $190,000, dependiendo de la zona y disponibilidad de materiales. Estos aumentos impactan desproporcionadamente a familias de ingresos bajos y medios, así como a pequeños contratistas y municipios que intentan desarrollar vivienda accesible. Es por ello que resulta imperativo promulgar alternativas que viabilicen la adquisición de viviendas costo efectivas para la clase trabajadora puertorriqueña, que reduzcan los costos de construcción y los precios de las viviendas, facilitando así el acceso a una vivienda propia para más ciudadanos.

Por todo lo antes expuesto y con el objetivo de aliviar la carga económica para fomentar la construcción y adquisición de viviendas, es meritorio que esta Asamblea Legislativa ordene una exención temporera del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) aplicable a los materiales de construcción, así como una exención del pago de cargos y derechos relacionados a permisos de construcción expedidos para el desarrollo de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico, según definido en la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda”, por un periodo de cinco (5) años.

Resuélvese POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1. Definiciones
2. “Impuesto sobre venta y uso” – Significa los impuestos sobre venta e impuestos sobre uso, según se establecen en las secciones 4020.01 y 4020.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”.
3. “Administración de Vivienda Federal” – Significa Federal Housing Administration (FHA).
4. “Materiales de construcción” – Significa aquellos bienes tangibles como cemento, varillas, acero, madera, bloques, ladrillos, paneles de yeso, techos, ventanas, puertas, aluminio, sellado de techo, sistemas eléctricos, de plomería y demás materiales necesarios para la edificación, reconstrucción o rehabilitación de estructuras a ser dedicadas para vivienda.
5. “Permiso de construcción” – Significa todos los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos, según establecidos mediante la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” para la construcción, reparación o rehabilitación de estructuras a ser dedicadas para vivienda.
6. “Secretario” – Significa Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
7. Servicios rendidos a otros comerciantes – Significa lo establecido en la Sección 4010.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”.
8. Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico – Significa los establecido para el mismo termino según la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda”.

Sección 2.- Exención Contributiva Temporal a Materiales de Construcción.

Se ordena al Departamento de Hacienda a establecer una exención contributiva sobre el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), aplicable a la venta y uso de todos los materiales de construcción para ser utilizados en la construcción o desarrollo de proyectos de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico.

También, se ordena al Departamento de Hacienda a eximir del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), aplicable a la venta y uso de todos los materiales de construcción para ser utilizados en la reconstrucción o rehabilitación de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico.

Toda persona con derecho a reclamar la exención aquí concedida deberá certificar al comerciante su condición como persona exenta mediante los mecanismos dispuestos a tales efectos por el Secretario.

1. Exención Contributiva Temporal a Servicios rendidos a otros comerciantes con relación a la construcción de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico.

Se ordena al Departamento de Hacienda a establecer una exención contributiva sobre el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre Servicios rendidos a otros comerciantes, relacionados a la construcción o desarrollo de proyectos de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico.

1. Certificación

El Secretario concederá certificados de exención del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre materiales de construcción, a los fines de asegurar el debido cumplimiento con los términos, disposiciones y propósitos en virtud de los cuales se otorga la exención. Asimismo, el Secretario tendrá la facultad de solicitar, pero sin limitarse a, lo siguiente:

1. exigir al contribuyente que presente evidencia que se juzgue pertinente a la exención reclamada, según sea el caso;
2. requerir que se le autorice a realizar aquellas inspecciones o fiscalizaciones periódicas que estime necesarias;
3. requerir un inventario de los materiales a ser utilizados para la obra para la cual se solicita exención acompañado de un plano que sustente la cantidad de materiales. Este estimado puede ser enmendado hasta un cinco (5) por ciento de las cuantías inicialmente presentadas;
4. requerir que se evidencie la culminación de construcción, reparación o rehabilitación de la obra para cuyos materiales se solicitó exención.

Dicha certificación podrá ser utilizada para solicitar exoneración del pago de cargos y derechos relacionados a las expediciones de permisos de construcción por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Si una persona utiliza un certificado de exención del pago del impuesto y, subsiguientemente las utiliza, almacena o consume para fines no exentos, será responsable del pago del impuesto más una multa administrativa de hasta el veinticinco por ciento (25%) de la cantidad exenta.

1. Exoneración en Permisos de Construcción

Se ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a establecer una exención del pago de cargos y derechos relacionados a las expediciones de permisos de construcción o desarrollo de proyectos de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico.

Para obtener dicha exoneración, será requisito presentar la certificación expedida por el Departamento de Hacienda, según lo establecido en la Sección 3 de esta Resolución Conjunta.

La presente exoneración no será de aplicación a cualquier cargo o derecho cobrados a beneficio del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Sección 4.- Reglamentación

Se ordena al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a que, dentro de un término de treinta (30) días, adopten la reglamentación necesaria para implementar las disposiciones contenidas en esta Resolución Conjunta.

1. Informes y Evaluación

Se ordena al Departamento de Hacienda a que, una vez concluido el periodo de exención, presente un informe en el que detalle el impacto fiscal de esta medida, incluyendo datos sobre el volumen de ventas de materiales de construcción durante el periodo vigente de la exención. Además, deberá someter otro informe en el que presente una evaluación sobre cómo esta medida contribuyó a la reducción de costos en proyectos de construcción y al aumento de viviendas asequibles para la comunidad.

Ambos informes deberán ser entregados a la Asamblea Legislativa dentro de un término no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de que culmine el periodo de exención otorgado en esta Resolución Conjunta.

1. Cláusula de Separabilidad

Si cualquier disposición de esta Resolución Conjunta fuera declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, el resto de sus disposiciones permanecerán en vigor.

1. Vigencia

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá una duración por un término de cinco (5) años, contados a partir del inicio de su vigencia.

1. https://www.metro.pr/noticias/2025/06/04/se-agrava-la-crisis-de-vivienda-asequible-en-puerto-rico/ ↑

2. Id. ↑

3. https://apnews.com/article/puerto-rico-gao-report-hurricanes-earthquakes-fema-9a6a720fcc48e2f4e80870bbc453be56 ↑

4. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/06/fact-sheet-president-donald-j-trump-increases-section-232-tariffs-on-steel-and-aluminum/ ↑

5. Id. ↑