GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 2^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 844

5 de noviembre de 2025

Presentado por el señor Rivera Schatz

Coautores los señores Colón La Santa, González López, Matías Rosario; las señoras Moran Trinidad, Pérez Soto; el señor Reyes Berríos; y los señores Rosa Ramos y Sánchez Álvarez

Referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos

LEY

Para establecer la “Ley Especial de Moratoria Obligatoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre el establecimiento de prórrogas automáticas en el cobro de deudas garantizadas y no garantizadas; paralización de ejecuciones hipotecarias; establecer moratorias en el pago de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable, así como de deudas con el Departamento de Hacienda y con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a todo ciudadano empleado federal que, como consecuencia de un cierre del Gobierno Federal, sufra una reducción o pérdida total de ingresos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Federal de los Estados Unidos, del cual depende gran parte de la economía de Puerto Rico, atraviesa en ocasiones por cierres parciales o totales, (“government shutdowns”) debido a la falta de la aprobación de las asignaciones presupuestarias para el nuevo año fiscal. Tal y como viene ocurriendo desde el pasado 1ro. de octubre de 2025, estas situaciones ocasionan que miles de empleados federales en Puerto Rico se vean súbitamente privados de su ingreso regular, enfrentando graves dificultades económicas para sostener sus hogares y continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras.

El cierre del Gobierno Federal, que a través de los años ha llegado a extenderse hasta por treinta y cinco (35) cuarenta y tres (43) días, no solo impacta a los empleados federales y sus familias, sino también a la estabilidad económica de la Isla, afectando el comercio, la banca, cooperativas, entre otros, ya que se reduce el consumo, aumentan las morosidades, y, por ende, se ponen en riesgo las obligaciones crediticias y los servicios esenciales.

En reconocimiento de esta realidad, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de mitigar los efectos adversos de estos eventos, que, aunque no son constantes ni ocurren anualmente, cuando ocurren, tienen un impacto considerable, que justifica y requiere la implementación de legislación preventiva y de apoyo económico y financiero, ante la reducción o pérdida de ingreso.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un marco legal que provea moratorias automáticas temporales, prohibiciones de suspensión de servicios esenciales, paralización de procesos judiciales de cobro y otros mecanismos de apoyo, protección y alivio a los empleados federales que se ven afectados como consecuencia de un cierre gubernamental federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley Especial de Moratoria Obligatoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico”.

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de esta Ley, las palabras o frases que a continuación se enumeran, tienen el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja claramente otro:

1. Acreedor – persona natural o jurídica, titular de una deuda y que tiene derecho a cobrarla. Incluye al Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), entre otros.
2. Cierre Gubernamental –Interrupción parcial o total de las operaciones del Gobierno Federal, la cual se prolonga por al menos quince (15) días consecutivos.
3. Deudas – dinero o propiedad debida a otra persona, natural o jurídica. No incluye obligaciones para el sustento de menores o para el sustento de personas de edad avanzada conforme a la Ley 168-2000, según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”.
4. Deudor – persona que debe dinero.
5. Deuda garantizada – deuda en la cual la persona acreedora retiene un objeto de valor como garantía. Si se producen atrasos en pagos de deudas garantizadas, el acreedor podrá embargar la garantía realizando una ejecución sobre la cosa.
6. Deuda no garantizada – deuda en la cual el acreedor no retiene ninguna garantía.
7. Empleado Federal – Toda persona que ocupe un puesto dentro de una agencia o entidad del Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo empleados civiles, o uniformados o contratistas, que no reciben remuneración o la misma se ve sustancialmente reducida durante un cierre gubernamental.
8. Entidad Financiera – toda institución bancaria, cooperativa de ahorro y crédito, institución hipotecaria o entidad emisora de crédito personal o de tarjetas de crédito autorizada a hacer negocios en Puerto Rico de conformidad a las leyes del Gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos.
9. Reducción Sustancial de Ingreso – significa una disminución en la cantidad de dinero que regularmente recibe una persona por concepto de salarios, y que es de tal naturaleza que afecta su estabilidad económica, limita su capacidad para poder cumplir con el pago para el suplido de sus necesidades esenciales, así como de otras deudas y responsabilidades económicas.
10. Servicios Esenciales – son aquellos servicios básicos y fundamentales para el funcionamiento de la sociedad; para asegurar las necesidades básicas de las personas y que garantizan su bienestar y calidad de vida.  Incluyen los servicios de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados, así como servicios de telecomunicaciones.
11. Servicios de Telecomunicaciones – servicios ofrecidos directamente al público mediante paga, por compañías de telecomunicaciones autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, los cuales se originan y terminan en Puerto Rico, sin importar las instalaciones o medios utilizados. No incluye los servicios de difusión mediante radio, televisión, servicio de cable televisión, multichannel multipoint distribution service, antenas comunales de televisión, IPTV, ni servicio de televisión satelital “DBS”.
12. Moratoria - Pausa o supensión temporal del cumplimiento de una obligación de pago con requerimiento de cubrir cantidades adeudadas al recobrar sus ingresos en un período de tiempo regulado, estupulado por ley o mediante acuerdo de buena fe y voluntaria entre deudor y la entidad financiera o proveedor de servicios esenciales.
13. Acreedor Hipotecario - significa cualquier persona natural o jurídica o una entidad prestataria o financiera o un banco o una cooperativa debidamente autorizados por las Leyes de Puerto Rico y/o las Leyes de los Estados Unidos de América para conceder, que conceda y/o que administre préstamos con garantía hipotecaria sobre uno o varios inmuebles.
14. Deudor Hipotecario - significa toda persona que ha incurrido en un préstamo primordialmente para fines personales, familiar o de uso doméstico evidenciado por un pagaré hipotecario el cual, en la mayoría de ocasiones en garantía por una hipoteca, una hipoteca directa, pagaré, u otra evidencia de deuda acordada entre las partes, que grave una propiedad inmueble residencial.
15. Escritura de Modificación de Hipoteca Elegible - significa todo instrumento público otorgado ante un notario público mediante el cual se enmiende, nove, modifique, cancele parcialmente, se incremente, cualquier hipoteca de un Préstamo Hipotecario Residencial Elegible en el Registro de la Propiedad.
16. Préstamo Hipotecario Residencial - significa cualquier préstamo hipotecario otorgado primordialmente para fines personales, familiares o de uso doméstico evidenciado por un pagaré hipotecario el cual en la   mayoría de ocasiones en garantía por una hipoteca, una hipoteca directa, pagaré, u otra evidencia de deuda acordada entre las partes, que grave una propiedad inmueble residencial.
17. Moratoria Hipotecaria - Conceder a un deudor hipotecario un término de incumplimiento en el pago de su préstamo hipotecario residencial para que luego de dicho periodo el deudor hipotecario pueda encaminarse a cumplir con el mismo. Una consecuencia del periodo de moratoria en los préstamos hipotecarios residenciales es el incumplimiento del deudor hipotecario con los términos y condiciones originalmente pactados. Para subsanar dicho incumplimiento, el deudor hipotecario puede llegar a un acuerdo con el acreedor hipotecario de forma voluntaria y de buena fé para cubrir los balances pendientes de pago elegibles para moratoria de pagos por la pérdida de ingresos a raíz del cierre de gobierno una vez recupere su fuente de ingresos en un periodo no mayor de 30 días una vez reabra el gobierno federal.

Artículo 3.- Moratoria Automática Obligatoria

1. Todo acreedor, incluyendo, entidades financieras, así como el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), deberá, durante la vigencia de un cierre gubernamental, ofrecer una moratoria mínima de noventa (90) sesenta (60) días en el pago de préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de auto, planes de pago, y tarjetas de crédito, deudas garantizadas y no garantizadas, a los empleados federales afectados por un cierre gubernamental.
2. Durante este periodo, no se acumularán cargos por mora ni intereses o penalidades adicionales, ni podrá reportarse información negativa al historial crediticio del deudor. En la eventualidad de un cierre de gobierno mayor a sesenta (60) días, se realizarán extensiones por períodos de treinta (30) días adicionales.
3. Una vez solicitada por el empleado federal la moratoria establecida en esta Ley, la misma se activará de manera automática e inmediata y se aplicará retroactivamente a la fecha de inicio del cierre gubernamental.
4. Los empleados deberán presentar evidencia de empleo federal. y de su estatus como empleado afectado por el cierre de gobierno mediante documentación oficial emitida por sus agencias, tales como: formas SF-50, SF-8 o formas oficiales, emitidas a tales fines; notificación formal de suspensión temporera de empleo “Furlough Notice”; notificación formal de designación de empleado exceptuado o esencial requerido a trabajar sin paga “Furlough Excepted Status Notice”, y/o las cartas emitidas por las agencias a ser entregadas a los acreedores por las agencias para las cuales laboran.
5. Los derechos y beneficios concedidos mediante esta disposición podrán ser renunciados voluntariamente por el deudor y, por ende, continuar este con el pago de sus deudas según acordado con el acreedor.
6. Las disposiciones contenidas en esta Ley no serán aplicables a las obligaciones correspondientes al sustento de menores según orden judicial o emitidas por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Tampoco serán aplicables a las obligaciones establecidas conforme a la “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”, Ley 168-2000, según enmendada.

Artículo 4.- Paralización de Procesos Judiciales

1. Durante la vigencia de un cierre gubernamental federal, se ordena la paralización automática de todos los procedimientos judiciales de ejecución de hipoteca, cobros de dinero y desahucio instados contra empleados federales en los tribunales de Puerto Rico.
2. Los tribunales deberán suspender los términos procesales y la celebración de vistas, sin que se considere dilación atribuible a las Partes.
3. La paralización continuará vigente hasta treinta (30) días después de culminado el cierre gubernamental.
4. El Poder Judicial podrá emitir directrices administrativas para garantizar la aplicación uniforme de esta disposición.

Artículo 5.- Servicios Esenciales

1. Durante un cierre gubernamental y hasta treinta (30) días después de su conclusión no podrán suspenderse servicios esenciales a empleados gubernamentales federales que se vean afectados por el mismo, según definido mediante este estatuto. Ello incluye:
2. Servicios provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA Energy, o cualquier otra entidad gubernamental o privada a cargo de la generación y distribución del servicio de energía eléctrica.
3. Servicios provistos por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o cualquier otra entidad gubernamental o privada a cargo de la distribución del servicio de agua potable y alcantarillado.
4. Servicios de telecomunicaciones, según definidos mediante el presente estatuto, provistos por compañías de telecomunicaciones autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico.
5. Estas entidades a cargo de la prestación de servicios esenciales deberán ofrecer planes de pago razonables una vez se restablezcan los salarios.

Artículo 6.- Exención de Penalidades y Reclamaciones

1. Ninguna persona natural o jurídica, entidad gubernamental o privada sujeta a las disposiciones contenidas en esta Ley, podrá imponer penalidades o recargos, ni iniciar procedimientos judiciales o extrajudiciales de cobro contra empleados federales durante el periodo de vigencia de la moratoria o paralización ordenada.
2. Durante el periodo de vigencia de la moratoria o paralización ordenada, ninguna persona natural o jurídica, sujeta a las disposiciones contenidas en esta Ley, podrá reportar información negativa al historial crediticio del deudor.
3. Luego de culminado el periodo de vigencia de la moratoria concedida conforme a esta Ley, ninguna persona natural o jurídica, podrá reportar información negativa al historial crediticio del deudor, por este haberse acogido a los beneficios y derechos establecidos por virtud de esta Ley.

Artículo 7.- Programas de Apoyo y Asistencia Complementaria

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, mediante el seguro por desempleo, así como el Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia y sus programas adscritos, y Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en un término de diez (10) días de la aprobación de esta Ley, deberán identificar e implementar medidas coordinadas y programas de apoyo para el pago de renta, compra de alimentos, alternativas laborales y otros servicios para asistir al empleado federal afectado con el sustento de sus gastos esenciales.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en un periodo de diez (10) días calendarios de la activación de las provisiones de esta ley, permitiendo a los empleados federales afectados por el cierre de gobierno a someter sus solicitudes, someter documentación requerida, obtener determinación de elegibilidad y acceso a los recursos disponibles ante las agencias previamente mencionadas.

Artículo 8.- Reglamentación

En un término no mayor de cinco (5) días de la aprobación de esta Ley, el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Junta Reglamentadora del Servicio Público y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), emitirán las normas que resulten necesarias para su implantación y fiscalización de conformidad a la jurisdicción que corresponde cada una de dichas entidades.

Artículo 9.- Penalidades

1. Cualquier persona, acreedor o proveedor de servicios que viole las disposiciones de esta Ley o de las normas o reglamentos que se emitan por virtud de esta, estará sujeta a multa administrativa la cual en ningún caso excederá de cinco mil dólares ($5,000.00).
2. Cualquier persona natural o jurídica que reporte información negativa del deudor acogido a los beneficios de esta Ley, a las entidades de crédito, estará sujeto a una multa administrativa de $10,000. Además, será responsable de completar todas las acciones necesarias para eliminar cualquier reporte negativo que haya efectuado en perjuicio del deudor.
3. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Junta Reglamentadora del Servicio Público serán las entidades a cargo de la fiscalización e implementación de las multas y penalidades correspondientes de conformidad con la jurisdicción de cada una de estas.

Artículo 10.- Interpretación

Las disposiciones de esta Ley deberán ser interpretadas liberalmente para alcanzar sus propósitos.

Artículo 11.- Separabilidad

Si algún artículo, inciso, parte, párrafo, cláusula o precepto de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuera declarado inconstitucional o nulo, por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al artículo, inciso, parte, párrafo, cláusula o precepto de esta Ley, o su aplicación, que haya sido declarado inconstitucional o nulo; las demás disposiciones permanecerán en pleno vigor.

Artículo 12.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.