(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)

(30 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 634

26 DE FEBRERO DE 2026

Presentada por los representantes Torres Cruz y Pacheco Burgos

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los procesos de consulta, posibles beneficios, obras, materiales y equipos necesarios, impacto fiscal, cambios en funciones de personal, uso de fondos asignados, federales o estatales, y término estimado para la ejecución, entre otros fundamentos, considerados por la Policía de Puerto Rico para establecer un Plan para la Consolidación de Cuarteles, según anunciado por el Superintendente de la Policía, Joseph González Falcón; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tan reciente como el 30 de julio de 2025, se aprobó la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, Ley 83-2025, según enmendada, que separó dicho cuerpo policial del Departamento de Seguridad Pública (DSP), en donde operaba como un negociado adscrito a este, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada. Este nuevo marco legal, mandata una adecuada transición de poderes, así como otorga al Superintendente de la Policía amplias facultades para mejorar y optimizar su funcionamiento, conforme al alto interés público que reviste la Seguridad Pública en Puerto Rico.

La Exposición de Motivos de la Ley 83-2025, supra, destaca en su parte pertinente:

“Aunque reconocemos que la citada Ley 20-2017, supra, ha logrado importantes avances en el ámbito de la seguridad de Puerto Rico entre sus componentes y con otras agencias gubernamentales, es importante distinguir que, en lo que respecta al funcionamiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, éste ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental…

La creación de este nuevo componente policiaco busca, utilizar mejor los recursos fiscales y humanos, en un solo componente gubernamental. De igual forma, la creación de la Policía de Puerto Rico le dará los poderes necesarios a su Superintendente, para que lleve a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a la erradicación e investigación de actividades criminales.

Con esta Ley, promoveremos la maximización de los recursos y se identificarán recursos adicionales para proveerles a nuestros agentes de orden público las herramientas necesarias para que puedan cumplir cabalmente con su misión de proteger la vida y propiedad de todos los puertorriqueños…”

En este sentido, es necesario reconocer que los Cuarteles de la Policía son esenciales como instrumentos para el cumplimiento de las importantes funciones de la Policía de Puerto Rico. Estos centros de trabajo y compromiso tienen que con contar con los recursos suficientes para que los miembros de la Policía puedan ejercer sus responsabilidades a favor de la ciudadanía; no solo con facilidades modernas con los equipos, vehículos y materiales adecuados, sino con condiciones de trabajo dignas para todo el personal, la necesaria coordinación de esfuerzos con las diferentes policías municipales y su ubicación cercana a las comunidades que sirven, lo cual permite el conocimiento de las problemáticas que los afectan y su pronta atención. Factores, entre muchos otros, que también deben ser considerados en los procesos de reubicación o consolidación que puedan proponerse para los cuarteles.

Precisamente, según publicado el pasado día 23 de febrero de 2026^[1], el Superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, informó que ausculta la posibilidad de consolidar cuarteles de la Policía como estrategia para atender de manera más efectiva los asuntos de seguridad de nuestra Isla. Asimismo, expresó que como parte de este proceso se está analizando la cercanía de los cuarteles policiacos en uso, la posibilidad de fusionar el personal asignado a estos, el sentir de las comunidades donde están sitos, la posible reducción de las tareas administrativas, la comunicación que ha tenido con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a estos fines, como entidad titular de 92 cuarteles y 13 comandancias en Puerto Rico, así como los proyectos de nuevos cuarteles.

El Superintendente, González Falcón, abundó sobre estos procesos que, a pesar de que al momento se analiza las posibles fusiones de personal policiaco en ciertos pueblos, antes de tomar cualquier decisión se discutirá el asunto con las personas que se verían impactadas por los cambios. (énfasis nuestro) Específicamente expresó: “Antes de tomar cualquier decisión, vamos a tener un plan para presentar lo que se pretenda hacer a todo el mundo, de manera que puedan ver el impacto y beneficio que tendría en sus respectivas comunidades”.

En consecuencia, afirmó que ninguna determinación se tomará a la ligera y que cualquier consolidación de cuarteles requerirá de tiempo de análisis para determinar si es funcional. Objetivos, que requieren un minucioso examen que garantice el bien común a toda la ciudadanía de manera eficiente, imparcial, justa y responsiva al imperativo de Seguridad Pública como servicio público esencial.

Más aún, cuando se informó por el Director ejecutivo de la AEP, Félix G. Lasalle Toro, de trabajos que se realizarán este año que suman $115 millones de dólares para las instalaciones que utiliza la Policía, así como unos $4 millones invertidos en mitigación. Fondos públicos por utilizarse, que dependerá su asignación de las evaluaciones a realizarse en los cuarteles para identificar las necesidades apremiantes.

A tenor con lo expuesto, es deber de esta Cámara de Representantes, dentro de nuestros amplios poderes y facultades, fiscalizar y asegurar que estos procesos se lleven a cabo bajo los más rigurosos parámetros de Ley y Orden. En particular, cuando la Policía de Puerto Rico próximamente formulará la petición presupuestaria para el próximo año fiscal 2026-2027 que de seguro incluirá partidas para poner en vigor este Plan de Consolidación de Cuarteles. Así también, en cuanto al rol de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), que recientemente también advertía de un posible déficit de recursos para el mantenimiento y mejoras capitales a los cuarteles porque el canon actual de arrendamiento de estos sólo pagaba una tarifa mensual de sesenta y cinco ($.65) centavos de dólar por pie cuadrado.

Adicional, teniendo presente que en la actual Asamblea Legislativa se han radicado varias medidas para investigar las condiciones actuales de los cuarteles de la Policía en diferentes áreas para identificar las mejoras necesarias a estos. Esto, conforme a los reclamos ciudadanos para su debida atención, por lo cual este plan propuesto no debe trastocar estos legítimos esfuerzos, sino posibilitar su debida coordinación e implantación.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los procesos de consulta, posibles beneficios, obras, materiales y equipos necesarios, impacto fiscal, cambios en funciones de personal, uso de fondos asignados, federales o estatales, y término estimado para la ejecución, entre otros fundamentos, considerados por la Policía de Puerto Rico para establecer un Plan para la Consolidación de Cuarteles, según anunciado por el Superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

Sección 2.-Como parte de la investigación a realizarse, la Comisión deberá identificar, entre otras:

1. Cuándo comenzaron las gestiones para auscultar la viabilidad de consolidar cuarteles;
2. Qué sucedería con los cuarteles que se queden vacantes; si relevarán a la Policía de continuar con el pago de los cánones de arrendamiento o si tendrán que continuar pagando los mismos a la AEP;
3. Qué gestiones ha realizado la AEP para brindar mantenimiento adecuado a las facilidades arrendadas por la Policía;
4. Cuántos cuarteles de la Policía se encuentran en planes de remodelación;
5. Cuándo se comenzaron las gestiones para iniciar los procesos de planificación de viabilidad, diseños o ¨rendering¨ de nuevas facilidades;
6. Cómo la consolidación ayudaría a reducir el número de miembros del sistema de rango que se encuentran en cuarteles realizando funciones de civiles;
7. Si se ha presupuestado fondos para el pareo de los proyectos de mejoras por daños a estructuras tras el paso de huracanes (Fondos FEMA);
8. Si para los cuarteles que pertenecen a la AEP todavía existen bonos pendientes de pago o se han saldado o descargado los mismos en algún proceso de quiebra;
9. Si existe un análisis sobre el promedio del tiempo actual de respuesta a emergencias por parte de la Policía y si el tiempo de respuesta se afectaría con el cierre de cuarteles;
10. Cantidad de querellas pendientes o casos activos de OSHA en los cuarteles que se espera se vean impactados por la consolidación;
11. Si se descontinuará el mantenimiento rutinario para los cuarteles que serán cerrados para ser consolidados (incluyendo filtraciones, alumbrado y aire acondicionado);
12. El impacto que tendría la consolidación de cuarteles en los espacios de estacionamientos disponibles para vehículos oficiales y para el público en general;
13. Incidencia de inundaciones que hayan afectado los cuarteles a ser consolidados.

Sección 3.-La Comisión estará facultada para rendir informes parciales y un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

1. https://ww.elvocero.com/ley-y-orden/policiacas/article_387fd2ae-6e5d-4ff5-9f80-db21cefa0608, del 23 de febrero de 2026, Por: Pedro Menédez Sanabria ↑