GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 582

29 DE ENERO DE 2026

Presentado por las representantes Gutiérrez Colón, Lebrón Robles; y
el representante Márquez Lebrón

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la preocupante crisis de salud mental que afecta a las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; con énfasis en la estadísticas de incidencia de condiciones de salud mental, las medidas de consejería tomadas para atender a esta población y el uso de farmacoterapia como tratamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sección 19 del Artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico, “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los confinados para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Este mandato, además de ser un deber constitucional, impone un necesitado compromiso con el trato humanitario y la rehabilitación de las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional.

Históricamente, el manejo de las instituciones carcelarias en Puerto Rico ha sido, como mínimo, desfavorable. La victoria de la población correccional en el caso Morales Feliciano v. Romero Barceló dejó al descubierto los maltratos sistemáticos que se le imponían a personas que ya sufrían las consecuencias propias de la reclusión. En especial, este caso destacó la obligatoriedad de proveer servicios de salud adecuados a esta vulnerable población.

En enero del 2025, la Comisión de Derechos Civiles emitió un informe titulado: “Informe sobre las Muertes de Personas Privadas de Libertad bajo la Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación”. Dentro del informe, la Comisión de Derechos Civiles incluye una cantidad significativa de querellas realizadas por personas custodiadas dentro de distintas instituciones correccionales en las que se denuncia el mal manejo de medicamentos y falta de atención médica.

Asimismo, el Centro de Periodismo Investigativo ha denunciado que mientras el Departamento de Corrección y Rehabilitación construye un hospital psiquiátrico, ni siquiera brinda servicios básicos de salud mental a su población enferma. Señalan, además, que el DCR cuenta con tan solo cinco psiquiatras a tiempo completo y dos a tiempo parcial para atender a miles de personas encarceladas.

Por estas razones, el Gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en tener conocimiento sobre el acceso a servicios de salud mental y las condiciones de tratamiento de salud mental que se le provee a la población correccional.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se ordena tanto a la Comisión de Seguridad Pública como a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la preocupante crisis de salud mental que afecta a las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; con énfasis en la estadísticas de incidencia de condiciones de salud mental, las medidas de consejería tomadas para atender a esta población y el uso de farmacoterapia como tratamiento.

Sección 2. – Como parte de dicha investigación, la Comisión deberá, sin limitarse a:

1. Investigar las estadísticas relacionadas a la incidencia de condiciones de salud mental en cada una de las instalaciones correccionales.
2. Indagar sobre las medidas de apoyo y tratamiento ofrecidas a la población del sistema correccional, con especial énfasis en cuanto a la frecuencia de las citas con profesionales de la salud mental en cada una de las instalaciones correccionales.
3. Examinar el uso de tratamientos farmacológicos en respuesta a diagnósticos de condiciones de salud mental en cada una de las instalaciones correccionales.
4. Indagar sobre las estadísticas de retiro de psicofármacos recetados a pacientes previo a su ingreso a la población correccional.
5. Identificar la cantidad de profesionales de salud mental actualmente empleados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, identificando su profesión, horas de trabajo y responsabilidades.

Sección 3. – La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones a la Cámara de Representantes en un término no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 4. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.