(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)

(15 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 675

21 DE ABRIL DE 2026

Presentada por los representantes Morey Noble, Méndez Núñez, la representante Lebrón Rodríguez, los representantes Peña Ramírez, Torres Zamora, Román López, Ocasio Ramos, Hernández Concepción, Navarro Suárez, Pacheco Burgos, Santiago Guzmán, las representantes González Aguayo, González González, Martínez Vázquez, los representantes Roque Gracia, Sanabria Colón, Muriel Sánchez, Aponte Hernández, Parés Otero, la representante Pérez Ramírez, el representante Carlo Acosta, Colón Rodríguez, Jiménez Torres, la representante Medina Calderón, Del Valle Correa, los representantes López Román, Rodríguez Aguiló y Pérez Ortiz

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para solicitar respetuosamente a la Honorable Laura Taylor Swain, que tome una decisión final y definitiva sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que no conceda extensiones adicionales al período de mediación cuando estas no adelanten una solución justa, razonable y sostenible, y que encamine el proceso hacia una determinación final sin dilaciones innecesarias, en aras del bienestar económico y social del Pueblo de Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante, "AEE") es la corporación pública históricamente responsable del sistema eléctrico y actualmente vinculada a la titularidad, planificación y obligaciones del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico. Por décadas, la AEE acumuló una deuda de aproximadamente nueve mil millones de dólares ($9,000,000,000) en principal, producto de malas prácticas administrativas, subsidios políticos, señalamientos de corrupción, y la incapacidad de modernizar su infraestructura energética. Esta deuda convirtió a la AEE en uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico de la Isla y en una carga insostenible para sus abonados y contribuyentes.

El 2 de julio de 2017, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (en adelante, "la Junta") presentó, en representación de la AEE, una petición de ajuste de deudas al amparo del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, Ley Pública 114-187). Dicho caso fue asignado a la Honorable Laura Taylor Swain. Desde esa fecha hasta el presente, han transcurrido casi nueve (9) años sin que el proceso haya concluido con una resolución definitiva que permita a la AEE reorganizarse, modernizarse y ofrecer servicio confiable y asequible al pueblo de Puerto Rico.

Durante este tiempo, el proceso de reestructuración se ha caracterizado por una sucesión prolongada de mediaciones, acuerdos frustrados, extensiones de plazos, disputas entre acreedores y la ausencia de liderazgo decisivo. Esta realidad ha mantenido un estado de incertidumbre jurídica, financiera y operacional que afecta a los abonados, al Gobierno y a la recuperación económica de Puerto Rico. Al momento de la presentación del caso, la AEE contaba con una deuda en bonos de aproximadamente ocho mil novecientos millones de dólares ($8,900,000,000), además de obligaciones con prestamistas de líneas de combustible, acreedores comerciales y otros acreedores no garantizados.

Las partes sostuvieron múltiples rondas de negociación durante los años 2017 y 2018 sin lograr un acuerdo sustantivo. La situación fue agravada dramáticamente por el Huracán María, que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, causando daños catastróficos a la infraestructura eléctrica de la Isla, que tardó casi un año en ser parcialmente restaurada. El huracán no solo empeoró la ya deteriorada condición financiera de la AEE, sino que también generó litigios adicionales, reclamaciones de seguros y una mayor complejidad en las negociaciones.

La pandemia del COVID-19, que llegó a Puerto Rico en marzo de 2020, trajo consigo una contracción económica severa que redujo el consumo de energía y los ingresos de la AEE, complicando aún más sus proyecciones financieras. En paralelo, el Gobierno de Puerto Rico adjudicó a LUMA Energy el contrato para operar, mantener y modernizar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, lo que añadió complejidad operacional, regulatoria y fiscal al proceso de reestructuración.

La Junta presentó un nuevo Plan de Ajuste de Deudas para la AEE que contemplaba descuentos significativos para los tenedores de bonos. Los acreedores rechazaron las propuestas de la Junta, alegando que los descuentos propuestos eran excesivos y que el plan no se podía ratificar bajo la ley aplicable. El Tribunal ordenó nuevas rondas de mediación y designó a un mediador para facilitar las negociaciones. Durante el año 2022, el mediador designado por el Tribunal sostuvo numerosas sesiones con las partes, pero los acreedores, la Junta y la AEE no pudieron llegar a un acuerdo sobre los términos del Plan de Ajuste. Los plazos para completar la mediación fueron extendidos en múltiples ocasiones por la Juez Swain, siempre con la expectativa de que las negociaciones en curso producirían eventualmente un consenso. El año concluyó sin un plan acordado ni un proceso de confirmación en curso.

En 2023, la Junta presentó una Declaración de Divulgación (Disclosure Statement) y un Plan de Ajuste revisado para la AEE, intentando avanzar el caso hacia la etapa de confirmación. Se programaron vistas ante el Tribunal para atender el plan, pero estas fueron repetidamente pospuestas debido a disputas persistentes entre las partes sobre los términos, el monto de los descuentos para los tenedores de bonos, las reclamaciones de acreedores comerciales y la estructura final del plan.

La Juez Swain continuó concediendo extensiones al período de mediación a solicitud de las partes, con fundamento en que las negociaciones activas ofrecían perspectivas de acuerdo. Sin embargo, estas perspectivas nunca se materializaron. Cada extensión concedida fue seguida por un nuevo impasse, nuevas solicitudes de extensión y un nuevo ciclo de aplazamientos. El año 2023 concluyó sin un plan de ajuste confirmado.

Durante los años 2024 y 2025, el patrón de extensiones, aplazamientos y negociaciones infructuosas continuó de forma recurrente. Las partes y el mediador sostuvieron múltiples rondas adicionales de negociación sin alcanzar un consenso definitivo. El Tribunal programó y reprogramó vistas de confirmación en varias ocasiones, solo para que fueran pospuestas de nuevo ante la ausencia de un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, la empresa Genera PR inició operaciones para gestionar la generación de energía, añadiendo nuevas complejidades al marco operacional y financiero de la AEE.

Los honorarios legales y de asesoría financiera acumulados en el caso durante estos años han ascendido a cientos de millones de dólares, recursos que provienen directamente de las arcas públicas y que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura energética, reducir las tarifas eléctricas o atender otras necesidades apremiantes del pueblo de Puerto Rico. Mientras los abogados y consultores continúan facturando, los abonados siguen pagando tarifas eléctricas entre las más elevadas en comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y manteniendo un sistema energético deteriorado.

La prolongación indefinida del proceso de reestructuración de la deuda de la AEE ha tenido consecuencias devastadoras para Puerto Rico que van mucho más allá del ámbito estrictamente financiero.

En primer lugar, los residentes y empresas de Puerto Rico continúan pagando las tarifas eléctricas que se encuentran entre las más altas de los Estados Unidos, lo que afecta directamente la competitividad económica y el presupuesto familiar. Esta situación impone una carga directa sobre el presupuesto de las familias puertorriqueñas, en particular las de escasos recursos, y reduce dramáticamente la competitividad de las empresas locales frente a competidores de otras jurisdicciones.

En segundo lugar, la incertidumbre generada por la prolongación del proceso de reestructuración ha desincentivado la inversión en el sector energético y en la economía de Puerto Rico en general. Los potenciales inversionistas encuentran difícil comprometerse con proyectos de largo plazo cuando el marco financiero y regulatorio del sistema eléctrico sigue siendo incierto. Esto ha retrasado la transición hacia la modernización de la red eléctrica y el cumplimiento de las metas de energía limpia establecidas en la ley.

En tercer lugar, los cientos de millones de dólares gastados en honorarios de abogados, consultores financieros, asesores de reestructuración y otros profesionales representan recursos que han sido sustraídos del sistema energético y del pueblo de Puerto Rico sin producir la certeza final y el beneficio público esperado. Cada mes que pasa sin una resolución definitiva añade nuevos costos profesionales al proceso, en un ciclo donde los únicos beneficiarios son los profesionales que facturan por hora.

En cuarto lugar, la falta de una resolución definitiva perpetúa la incertidumbre crediticia de Puerto Rico, dificultando el acceso del gobierno a los mercados de capital en condiciones favorables y obstaculizando la recuperación económica de la Isla. El caso de la AEE es uno de los últimos grandes asuntos pendientes en el proceso general de reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo PROMESA, y su resolución es indispensable para cerrar ese capítulo y proyectar estabilidad fiscal.

Por todo lo expuesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico entiende firmemente que ha llegado el momento de que la Honorable Laura Taylor Swain, en el pleno ejercicio de su autoridad judicial, ponga fin a este proceso prolongado, rechace cualquier solicitud adicional de extensión de la mediación que no resulte estrictamente necesaria para adelantar una solución final, y encamine el caso hacia una determinación definitiva sobre el Plan de Ajuste de Deudas de la AEE. El pueblo de Puerto Rico ha esperado suficiente, y no puede continuar manteniendo los costos económicos, sociales y emocionales de una reestructuración que lleva casi una década sin concluir.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Este Cuerpo Legislativo efectúa la siguiente expresión:

La Cámara de Representantes de Puerto Rico expresa su más profunda preocupación y consternación ante la prolongación excesiva del proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, el cual lleva casi nueve (9) años ante los tribunales federales sin una resolución definitiva, con graves consecuencias para el Pueblo de Puerto Rico.

Por tal motivo solicita respetuosamente a la Honorable Laura Taylor Swain, que tome una decisión final y definitiva sobre el Plan de Ajuste de Deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico con la mayor brevedad posible y sin más dilaciones. De igual modo, solicita respetuosamente a la Honorable Laura Taylor Swain que no conceda extensiones adicionales al período de mediación en el caso de la AEE, salvo que el Tribunal determine que son estrictamente necesarias y para producir un acuerdo entre las partes después de múltiples rondas de negociaciones a lo largo de varios años, y que continuar extendiéndolo solo perpetúa los perjuicios económicos y sociales que sufre el Pueblo de Puerto Rico.

La Cámara de Representantes exhorta a la Honorable Laura Taylor Swain a que proceda de inmediato a la celebración de la vista de confirmación del Plan de Ajuste de Deudas de la AEE, emita su resolución definitiva sobre el asunto y ponga fin a la incertidumbre que afecta el sistema energético de Puerto Rico y el bienestar económico de sus ciudadanos. Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como una limitación a la independencia judicial ni a la discreción procesal del Tribunal bajo PROMESA.

De igual modo, este Cuerpo Legislativo hace un llamado urgente a todas las partes involucradas en el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, incluyendo la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, los tenedores de bonos, los prestamistas de líneas de combustible, las aseguradoras y los demás acreedores incluidos los pensionados, a que actúen con sentido de urgencia, responsabilidad y buena fe para alcanzar una solución que sea justa, rápida, razonable y sostenible para el pueblo de Puerto Rico y que permita al sistema energético de la Isla avanzar hacia su modernización y recuperación.

Asimismo, declara que los intereses de los aproximadamente 3.2 millones de residentes de Puerto Rico, quienes dependen de un sistema eléctrico confiable y asequible para su bienestar diario, deben ser la consideración primordial en la resolución de este proceso de reestructuración, por encima de los intereses particulares de los acreedores o de cualquier otra parte.

Sección 2. El Secretario de la Cámara de Representantes de Puerto Rico enviará copias certificadas traducidas al idioma inglés de esta Resolución a la Honorable Laura Taylor Swain, a la Casa Blanca, al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO), al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la Honorable Gobernadora de Puerto Rico; a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; al Senado de Puerto Rico y a los principales medios de comunicación de Puerto Rico, para su conocimiento y la acción que proceda.

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.