RC0680.docx

RC0680.docx Descargar original ↓ Ver en SUTRA ↗

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 680

22 DE ABRIL DE 2026

Presentada por el representante Ferrer Santiago

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), incluyendo, pero sin limitarse, a la contratación y remoción de personal de confianza o de carrera, solicitud y autorización de empleados en destaque, eliminación o creación de nuevas plazas, reubicación de empleados, degradaciones de puestos, nómina de empleados regulares y de confianza, pago de diferenciales, estatus de toda querella o reclamo ante la Junta de Apelaciones de la OCPR, enmiendas o derogaciones de cualquier reglamento interno, contratación de servicios profesionales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o compraventa de propiedades, manejo de presupuesto, así como cualquier otro asunto que implique erogación o uso de fondos públicos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo 3, Sección 22, estableció el cargo de Contralor, que es nombrado por el gobernador o gobernadora con el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico por un término de diez (10) años, y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión.

Nuestra Constitución establece, además, que “[e]l Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador”.

La Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, es la ley orgánica que, por mandato constitucional, habilita la creación y regula el funcionamiento de esta entidad. En el Artículo 1 de dicha ley, se establece que el Contralor “será responsable principalmente a la Asamblea Legislativa”.

El pasado 22 de octubre de 2025, Carmen Vega Fournier juramentó como la nueva Contralora de Puerto Rico luego de haber obtenido el consentimiento de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Desde entonces, han sido múltiples los señalamientos que se han realizado sobre su gestión al mando de esa oficina, como cuando estuvo cinco meses sin emitir ni un solo informe de auditoría, lo que atribuyó a “un proceso de cambio de imagen, formato y logos” ^[1].

Asimismo, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) confirmó públicamente que abrió una investigación sobre el contrato que le otorgó la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), firmado por Vega Fournier, a la exsecretaria de Justicia Janet Parra, en violación al Artículo 4.6(b) de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”^[2].

De igual manera, el diario El Nuevo Día reportó que, a solo un mes y medio de llegar al cargo, Vega Fournier derogó el reglamento de personal y enmendó otro sobre organización para, entre otras cosas, introducir el destaque interagencial, regular el servicio de confianza y crear más cargos de contralor auxiliar, un empleado de confianza de alto nivel que responde directamente a la jefatura de la agencia^[3].

Estas actuaciones de Vega Fournier arrojan sombras sobre la imparcialidad que debe mantener la OCPR a la hora de contratar y de realizar movidas de personal que puedan incidir sobre su mandato constitucional de auditar e investigar todo desembolso de fondos públicos por parte de las agencias, municipios e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, es imprescindible que esta Cámara de Representantes, a la cual se reporta directamente la OCPR por disposición constitucional y estatutaria, investigue su administración, operación y funcionamiento, a los fines de asegurarse que la entidad encargada de fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos propicie una sana gerencia a nivel interno.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.– Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), incluyendo, pero sin limitarse, a la contratación y remoción de personal de confianza o de carrera, solicitud y autorización de empleados en destaque, eliminación o creación de nuevas plazas, reubicación de empleados, degradaciones de puestos, nómina de empleados regulares y de confianza, pago de diferenciales, estatus de toda querella o reclamo ante la Junta de Apelaciones de la OCPR, enmiendas o derogaciones de cualquier reglamento interno, contratación de servicios profesionales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o compraventa de propiedades, manejo de presupuesto, así como cualquier otro asunto que implique erogación o uso de fondos públicos.

Sección 2.-La Comisión podrá requerir a la Oficina del Contralor de Puerto Rico la producción de declaraciones, información y documentos, al igual que realizar todas las vistas, reuniones e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta Resolución.

Sección 3.-La Comisión podrá realizar referidos a las agencias pertinentes y rendirá un Informe Final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Documento oficial de SUTRA convertido a texto para facilitar la lectura. El formato puede variar respecto al original; para la versión exacta usa “Descargar original”.