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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 707

26 DE MAYO DE 2026

Presentada por el representante Ferrer Santiago

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre las intervenciones indebidas por parte de La Fortaleza en trámites internos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), según las denuncias realizadas por el exsecretario de esa agencia; así como la intervención ilegal para favorecer a compañías en procesos competitivos de contratación, específicamente en solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita al DDEC; y todo asunto relacionado al nombramiento de funcionarios y cualquier otra decisión sobre el manejo de personal en el DDEC, incluyendo sus entidades adscritas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 8 de abril de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón y el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, presentaron ante el país el nuevo “Código de Planificación y Permisos”, una ambiciosa propuesta para rediseñar el proceso en el que las agencias gubernamentales expiden los permisos en Puerto Rico.^[1]

Por otra parte, el 14 de mayo de 2026, el entonces secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, cursó una misiva a Negrón Reichard en la que defendió al personal de OGPE y rechazó lo que describió como una narrativa pública que menosprecia el trabajo de los empleados de esa oficina y los presenta injustamente como responsables de los problemas históricos del sistema de permisos.^[2]

Ese mismo día, Almodóvar Vélez le envió otra carta a Negrón Reichard en la que defendió la autonomía operacional de la OGPe, en virtud de su ley orgánica y amparado en la Opinión del Departamento de Justicia, Consulta Núm. A-45-25, emitida el 7 de mayo de 2026 y suscrita por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.^[3]

A raíz de estas comunicaciones, se notificó la renuncia de Almodóvar Vélez por “razones personales”, según el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Esta versión fue desmentida luego por el propio Almodóvar Vélez, quien manifestó que le pidieron la renuncia “a petición de Sebastián Negrón”.^[4]

Asimismo, Negrón Reichard anunció, en conferencia de prensa el pasado 18 de mayo, que refirió a Almodóvar Vélez al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Contralora, a la Oficina de Recursos Humanos del DDEC y a la Oficina de Ética Gubernamental por presuntamente contar con evidencia que apunta a violaciones del exsecretario auxiliar de OGPe al Código Penal, al Código Anticorrupción, a la regulación federal aplicable a procesos de RFP, al Reglamento de Personal del DDEC y a la Ley Orgánica de Ética Gubernamental.^[5]

Según Negrón Reichard, una investigación realizada por el bufete HRML, LLC., reveló una “extensa, compleja y desafortunada saga” de acciones por parte de Almodóvar y su jefa de personal, Charlene Neuman, entre ellas haber intentado intervenir en un proceso competitivo (RFP, por sus siglas en inglés) para la otorgación de un contrato con fondos federales.

No obstante, ese mismo día en la noche, Almodóvar Vélez dijo en una entrevista televisiva que detuvo el proceso de RFP luego de que supo de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo que puso en duda a una de las empresas, y rechazó que su intención fuese beneficiar al que no se llevó la subasta. Además, indicó que Negrón Reichard quería beneficiar a una de las empresas licitadoras y lo acusó de “persecución”.^[6]

Luego de estas imputaciones, señalamientos y referidos, Negrón Reichard renunció como secretario del DDEC, efectivo el 26 de mayo, y expresó lo siguiente: “A partir de que refiriera a las autoridades correspondientes los hallazgos de una evaluación sobre un proceso competitivo, las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”.^[7]

Negrón Reichard alega que hubo intervenciones realizadas por otros funcionarios en asuntos cuya autoridad recae únicamente sobre el secretario del DDEC según la ley, lo que ha tenido implicaciones directas sobre la gobernanza interna y la estabilidad institucional de la agencia. Entre las acciones tomadas figura la revocación de las dos suspensiones sumarias impuestas tras los hallazgos de la evaluación relacionada con alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación, divulgada la semana pasada.

En medio de este escenario, más de una decena de funcionarios con puestos de liderato dentro del DDEC optaron por presentar su renuncia. Entre ellos figuran la jefa de personal; la persona encargada de las iniciativas estratégicas y la transformación del sistema de permisos; el asesor legal general; la principal oficial de finanzas del DDEC y PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial); el director de la Oficina de Incentivos; el líder de los esfuerzos de reshoring y semiconductores; la persona responsable del concierge ejecutivo; el director de la división de Rones de Puerto Rico; la persona a cargo de la estrategia de carga aérea; y el director de comunicaciones, entre otros.

La revelación de Negrón Reichard de intervenciones y presiones indebidas por parte de La Fortaleza en asuntos de contratación y manejo de personal dentro del DDEC, en violación a la ley orgánica de esa agencia, es sumamente preocupante y meritorio de que esta Cámara de Representantes investigue para asegurarse de que no se continúe violando la ley y que se atiendan lo antes posible estas denuncias de corrupción.

Igualmente, es imprescindible aclarar la veracidad de las alegaciones en torno a la adjudicación del RFP que le costó el puesto a Almodóvar Vélez, ya que se están acusando mutuamente este último y Negrón Reichard sobre intereses encontrados para favorecer a compañías licitadoras distintas al momento de otorgar un contrato con fondos federales.

El DDEC es una agencia fundamental para posicionar a Puerto Rico como un destino competitivo y listo para estimular nuestra economía, crear empleos y fomentar la inversión; sin embargo, no puede continuar siendo rehén de la lucha de poder y guerra de contratos que el partido de gobierno ha promulgado. Actualmente, se encuentra descabezado en todas sus divisiones y áreas más importantes, lo que tiene un efecto nocivo y devastador a la hora de brindarle un servicio de calidad a nuestra ciudadanía.

Por otro lado, es doctrina constitucional que la Asamblea Legislativa tiene “la facultad y el deber … de fiscalizar la ejecución de la política pública y la conducta de los jefes de departamentos mediante el ejercicio de sus vastos poderes de investigación, citación, vistas públicas, asignación de fondos y aprobación del Presupuesto General”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 428 (1982).

La envergadura del poder investigativo de la Rama Legislativa es tal, que tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como el de Puerto Rico lo han reconocido como un poder inherente. Específicamente, nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que este poder es “secuela y parte indispensable del propio poder de legislar”. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 587 (1983). Así ha quedado demostrado cuando esta Asamblea Legislativa ha investigado otros esquemas delictivos y de encumbramiento, como fue el caso de la investigación senatorial de los asesinatos en el Cerro Maravilla y, más recientemente, la investigación cameral sobre la compra fraudulenta de pruebas de COVID-19.

Por todo lo antes expuesto, y a los fines de garantizar la capacidad operacional y salvaguardar la integridad de los procesos dentro del DDEC, es meritorio que esta Cámara de Representantes investigue las intervenciones indebidas por parte de La Fortaleza en trámites internos del DDEC, así como la intervención ilegal para favorecer a compañías en procesos de RFP, y el nombramiento de funcionarios y manejo de personal en la agencia.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.– Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre las intervenciones indebidas por parte de La Fortaleza en trámites internos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), según las denuncias realizadas por el exsecretario de esa agencia; así como la intervención ilegal para favorecer a compañías en procesos competitivos de contratación, específicamente en solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita al DDEC; y todo asunto relacionado al nombramiento de funcionarios y cualquier otra decisión sobre el manejo de personal en el DDEC, incluyendo sus entidades adscritas; y para otros fines relacionados.

Sección 2.-La Comisión podrá requerir la producción de declaraciones, información y documentos, al igual que realizar todas las vistas, reuniones e inspecciones que sean necesarias para cumplir con los fines de esta Resolución.

Sección 3.-La Comisión podrá realizar referidos a las agencias pertinentes y rendirá un Informe Final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

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