PS 1606

Para añadir los Artículos 2.18 al 2.26 y enmendar el Artículo 2.10 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a…

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Para añadir los Artículos 2.18 al 2.26 y enmendar el Artículo 2.10 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer un sistema de certificación balística de referencia y fortalecer la notificación de pérdidas o robos de armas y municiones; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el Artículo 2.10 de la Ley de Armas y añade los Artículos 2.18 al 2.26 para crear un sistema restringido que vincule muestras balísticas de armas particulares inscritas con su registro; solo cubriría categorías para las que el Instituto de Ciencias Forenses valide procedimientos. Tras activarse una fase obligatoria, las armas nuevas tendrían 30 días para la prueba, las ya inscritas 24 meses desde el aviso individual de disponibilidad y las transferidas 30 días; comprar municiones para un arma pendiente también iniciaría un término de 30 días. El sistema comenzaría con un piloto voluntario y las pruebas obligatorias dependerían de certificaciones de capacidad, tecnología y fondos. Para pérdidas o robos, cambia el aviso requerido de una querella dentro de 48 horas a un aviso inicial dentro de 24 horas, presencial o remoto, con datos complementarios dentro de 5 días laborables; la multa penal de $500 a $1,000 por arma o por cada 500 municiones aplicaría si se omite injustificadamente toda notificación por más de 48 horas.

Pros

•Para armas particulares inscritas en categorías técnicamente validadas, el registro vincularía muestras e imágenes de referencia con el arma y conservaría muestras previas cuando cambie su titular. Eso permite a personal pericial cualificado comparar evidencia recuperada en una investigación autorizada con una referencia documentada, una herramienta que la ley no establece de forma general.
•Quien reporte una pérdida o robo podría obtener constancia inmediata por teléfono o vía electrónica, sin tener que repetir luego la notificación inicial; además, podría dar cantidades aproximadas de municiones y corregir datos de buena fe. Esto hace más verificable y accesible el aviso que hoy solo puede presentarse mediante querella ante la Policía.

Contras

•La obligación de certificarse podría no llegar a activarse: el piloto es voluntario y depende de recursos disponibles, y la ley no fija una fecha límite para activar fases obligatorias después del piloto. Si no hay recursos, se exige un informe de insuficiencia y una propuesta, pero no una ni una decisión posterior que garantice la implantación.
•La certificación puede imponer tiempo y costo a titulares: aunque las tarifas están limitadas al costo del servicio y debe existir una alternativa gratuita para quienes cumplan criterios de insuficiencia económica, no toda persona tendría necesariamente esa . Además, comprar municiones para un arma aún no certificada activa un término de 30 días, incluso si al titular de un arma previamente inscrita le quedaba más tiempo dentro del plazo transitorio de 24 meses.
•El aviso inicial debe darse en 24 horas, pero la infracción penal solo se configura cuando se omite toda notificación injustificadamente por más de 48 horas. El texto no establece una sanción específica por incumplir el plazo de 24 horas y avisar antes de que transcurran 48, lo que deja poco claro cómo se hará exigible ese plazo más corto.

Intereses en juego

Beneficia a:: La Policía y el Instituto de Ciencias Forenses recibirían un sistema local de referencias balísticas; el personal pericial y los investigadores podrían consultar muestras bajo las condiciones legales. Los titulares también contarían con constancias verificables y avisos remotos para reportar pérdidas o robos.
Preocupa a:: Los titulares de armas elegibles tendrían que coordinar pruebas dentro de los términos aplicables y podrían pagar una tarifa limitada al costo del servicio, salvo que cualifiquen para la alternativa gratuita. La Policía, el Instituto y PRITS asumirían nuevas tareas de registro, validación, tecnología y operación.
Quién paga o decide:: Los costos de establecer y mantener el registro, los equipos, el almacenamiento y la seguridad informática corresponden al Gobierno mediante recursos legalmente autorizados; no se garantiza una asignación automática. El titular podría pagar solo el servicio ordinario dentro de los límites tarifarios y tendría que existir una alternativa gratuita para quien cualifique. La Policía y el Instituto activarían conjuntamente cada fase; PRITS validaría la tecnología y la Oficina de Gerencia y Presupuesto certificaría la disponibilidad presupuestaria. La Policía fijaría las tarifas por y el Instituto aprobaría los protocolos científicos.

En qué va

El proyecto fue en el Senado el 27 de octubre de 2026. No consta en el trámite una comisión asignada ni una votación.

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Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 27 de octubre de 2026

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