Para derogar la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”; establecer la “Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico”, a fin de brindar una mayor protección al capital humano del país, añadiendo definiciones, nuevas responsabilidades a los empleadores, estableciendo de forma clara y precisa el uso dinero recaudado en las penalidades emitidas, mejorar el trámite administrativo de los procedimientos y un cabal cumplimiento con la Sección 18 del OSH Act. de los Estados Unidos de América; ampliar los poderes y facultades del(de la) Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos para reglamentar e imponer multas bajo las divisiones administrativas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA); establecer el proceso de notificación de muerte y hospitalización de un empleado por accidente; otorgar al Secretario la facultad para solicitar expedientes médicos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; reestructurar la organización administrativa de PR OSHA; cumplir con el deber ministerial de presentar de informes a la Asamblea Legislativa y al Gobernador; y para otros fines relacionados.
Qué propone
la Ley 16-1975 y la sustituye por una nueva ley que conserva buena parte de su estructura, pero añade deberes para empleadores y reorganiza PR OSHA. El Artículo 6 exige auditorías internas anuales a todos los empleadores, evaluaciones de riesgos y programas de seguridad para patronos con 100 empleados o más y para toda empresa de construcción, sin importar su tamaño; además, fija avisos en 8 horas por muerte y 24 horas por hospitalización, amputación o pérdida de un ojo. También responsabiliza solidariamente a las compañías de servicios temporeros y autoriza al Secretario a solicitar expedientes médicos al Fondo del Seguro del Estado mediante un acuerdo colaborativo. Cambia el régimen de multas: en vez de las sanciones para violaciones graves y no graves y el máximo de $70,000 por violaciones intencionales o repetidas, establece $16,550 por cada violación intencional o repetida y no reproduce sanciones específicas para las violaciones graves o no graves; prevé multas federales mayores si OSHA las requiere para mantener el plan estatal. La medida permite suspender inspecciones y términos durante emergencias, eleva de 72 a 92 horas el cierre provisional en ciertos casos y limita a 60 días el plazo para presentar una querella por discrimen, aunque dispone que los derechos prescriben a los 3 años.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1625 fue el 10 de noviembre de 2026. Permanece radicado y no consta una acción posterior de aprobación.
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Última acción · 10 de noviembre de 2026
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