Qué propone
La Resolución de la Cámara 48 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes investigar y evaluar los protocolos del Departamento de Educación sobre preparación y respuesta ante incidentes de tirador activo en escuelas. Esto incluye revisar planes de adiestramiento a la comunidad escolar, calendarios de simulacros y otros esfuerzos de prevención. La medida busca asegurar la efectividad de las medidas de seguridad y preparación implementadas por el Departamento de Educación.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución de la Cámara 48 fue el 13 de enero de 2025, referida a comisión, aprobada con por la Cámara de Representantes el 20 de marzo de 2025 por unanimidad, y posteriormente referida a comisión en el Senado.
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Última acción · 21 de marzo de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 46-2019, conocida como “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, y sobre las medidas adoptadas por las escuelas, colegios, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido para garantizar la seguridad y preparación ante situaciones de emergencia; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución de la Cámara (RC 432) ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 46-2019 (Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias) y las medidas de seguridad y preparación ante emergencias adoptadas por escuelas, colegios y centros de cuidado. El objetivo es evaluar si estas instituciones están cumpliendo con la ley vigente y garantizando la seguridad de los menores. La investigación deberá concluir en 180 días.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo lo relacionado a la violencia escolar en los planteles escolares de nuestra isla, o situaciones fuera de los planteles escolares que surgen entre estudiantes, la necesidad de implementar en las escuelas públicas un programa de relaciones humanas y valores; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 409 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la violencia escolar en Puerto Rico, tanto dentro como fuera de los planteles. La investigación debe evaluar la necesidad de implementar programas de relaciones humanas y valores en las escuelas públicas. Esta medida no crea derechos ni obligaciones ni asigna fondos, sino que encarga un estudio a una comisión legislativa.
Para ordenar al Departamento de Educación que realice un ciclo de adiestramientos con los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, sobre los protocolos que atienden situaciones de tirador activo en las escuelas públicas y sobre tiroteos en los predios cercanos a los planteles escolares, así como ordenar revisar dichos protocolos para que incluyan la notificación, participación e información a los padres, madres o encargados.
La Resolución Conjunta de la Cámara 14, en su versión original aprobada por la Cámara, ordenaba al Departamento de Educación (DE) realizar un ciclo de adiestramientos para padres, madres o encargados sobre protocolos de tirador activo y tiroteos cercanos a escuelas. También ordenaba revisar dichos protocolos para incluir notificación, participación e información a los padres. Sin embargo, el Senado emitió un informe negativo, no recomendando su aprobación, basándose en las preocupaciones del DE sobre la viabilidad y seguridad de tales adiestramientos para padres.
Para ordenar a las comisiones de Educación, de Salud y de Seguridad de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva en torno al proceso de entrega de alimentos preparados en los planteles escolares del Departamento de Educación durante el periodo lectivo. Evaluar cómo la entrega de alimentos preparados puede afectar la instrucción escolar y la nutrición de los estudiantes. Verificar el proceso de entrega de los mismos y evaluar el protocolo del Departamento de Educación para regular las entregas y garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos y personal de la escuela. La investigación debe recopilar información de cómo esta tendencia ha afectado la preparación de alimento de Comedores Escolares y/o los fondos que se reciben para alimentar al estudiantado; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 490 ordena a las comisiones de Educación y Salud de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de entrega de alimentos preparados en planteles escolares del Departamento de Educación. El propósito es evaluar el impacto en la instrucción escolar, la nutrición estudiantil, la seguridad escolar y cómo esta tendencia ha afectado los comedores escolares y sus fondos. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que solicita un informe.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los protocolos de intervención, procedimientos y medidas adoptadas por el Departamento de Educación para atender y reportar situaciones de maltrato, como cualquier otra situación referida que constituya o represente un riesgo para la salud física o emocional de los estudiantes o en su aprovechamiento académico; así como los recursos humanos y fiscales asignados y dirigidos a estos fines; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 597 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Departamento de Educación maneja los protocolos, procedimientos y medidas para atender y reportar situaciones de maltrato o riesgo para estudiantes. También se investigarán los recursos humanos y fiscales asignados a estos fines. La Comisión deberá presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días desde su aprobación.
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