Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue el efecto de la contaminación de plomo por las líneas de servicio de agua en la salud de las personas y comunidades; en qué fase de implementación está el Plan de reemplazo de líneas de servicio de plomo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; si la agencia está cumpliendo con sus metas internas de para remplazar todas las líneas de servicio de plomo para el año 2034; y cuál es el plan manejo de para las personas afectadas por el plomo

Para ordenar a las comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo lo relacionado a la implementación de la Ley 266-1998, conocida como “Ley de Fluoruración de las Aguas Potables en Puerto Rico”, incluyendo pero sin limitarse al cumplimiento con las disposiciones de esta ley; el rendimiento o resultado obtenido con su implementación o ausencia de implementación; la viabilidad de su implementación con la realidad actual; la posición de la comunidad científica con relación a la fluoruración del agua potable en Puerto Rico y los Estados Unidos de América; la posición del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como cualquier otro asunto relacionado, sea directa o indirectamente.

Esta Resolución de la Cámara ordena a las Comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Salud de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento de la Ley 266 de 1998, conocida como la Ley de Fluoruración de las Aguas Potables en Puerto Rico. La investigación evaluará el rendimiento, la viabilidad actual, la postura científica y gubernamental sobre la fluoruración, y la necesidad de mantener la ley vigente. No crea ni enmienda leyes existentes, sino que solicita un análisis para informar futuras decisiones legislativas o administrativas. Afecta directamente a las comisiones legislativas designadas y, de forma indirecta, al Departamento de Salud, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y al público general en cuanto a la política de salud pública relacionada con el agua potable.

“Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ante situaciones de emergencia relacionadas con contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en instalaciones críticas; y para otros fines relacionados.”

Esta Resolución del Senado (RS 560) ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. Dicha investigación se centrará en los protocolos, planes de contingencia y mecanismos de respuesta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) frente a emergencias por contaminantes en plantas de tratamiento y posibles actos de interferencia en instalaciones críticas. El objetivo es evaluar la preparación y respuesta de la AAA ante estos escenarios, afectando directamente la supervisión legislativa sobre la corporación pública y, por ende, la seguridad del servicio de agua para la ciudadanía.

Para ordenar a la Comisión de la Región Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis de la distribución de agua potable en el Municipio de Corozal con el fin de identificar alternativas viables a corto, mediano y largo plazo, para brindar una solución final y permanente a este problema.

Esta Resolución ordena a la Comisión de la Región Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis de distribución de agua potable en el Municipio de Corozal. El objetivo es identificar alternativas viables a corto, mediano y largo plazo para lograr una solución permanente al problema. La investigación debe concluir y presentar un informe con recomendaciones dentro de 180 días tras su aprobación.