Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediatamente de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y que comience un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.

Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales y no territoriales

Esta Resolución Concurrente de la Cámara (R. Conc. de la C. 29) exige al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la cancelación inmediata de ejercicios militares en Puerto Rico y aguas cercanas, la detención de planes de remilitarización o reapertura de bases, la limpieza de terrenos contaminados por ejercicios bélicos, y el inicio de un proceso de descolonización para que el pueblo escoja alternativas no coloniales y no territoriales. Afecta directamente al gobierno federal de EE. UU. al presentarle estas demandas, y a la ciudadanía puertorriqueña al articular reclamos sobre su territorio y futuro político.

Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.

La Resolución Concurrente del Senado 13 (R. Conc. del S. 13) exige al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la cancelación inmediata de ejercicios militares en Puerto Rico y aguas cercanas, así como detener planes de remilitarización o reapertura de bases. También reclama la limpieza de terrenos contaminados por ejercicios bélicos y el inicio de un proceso de descolonización para que el pueblo escoja alternativas no coloniales y no territoriales. La medida se dirige a las ramas ejecutiva y legislativa federal de Estados Unidos, y a la comunidad internacional a través de la difusión de sus reclamos.

Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese el más enfático rechazo a la carta y borrador de Orden Ejecutiva presentada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; solicitando la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico; y para otros fines.

La Resolución Concurrente de la Cámara 16 (R. Conc. de la C. 16) es una medida de opinión que busca expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una carta y borrador de Orden Ejecutiva dirigidos al entonces Presidente Donald J. Trump, solicitando un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que fija una postura política del cuerpo legislativo.

Para requerir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen de conformidad con el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico para que, después de 127 años, se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual; que se inicie el proceso para admitir a la Isla como un Estado de la Unión, según reclamado con la mayoría absoluta de los votos emitidos en el plebiscito de 5 de noviembre de 2024; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Concurrente insta al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos a responder y actuar sobre el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos de Puerto Rico. Busca que se ponga fin al estatus territorial actual y se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como un estado de la Unión, basándose en los resultados del plebiscito del 5 de noviembre de 2024. La medida se dirige a las autoridades federales de EE.UU. y afecta indirectamente a los ciudadanos de Puerto Rico al formalizar su reclamo ante el Congreso.

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 2) no crea ley ni impone obligaciones directas. Su propósito es expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas migratorias específicas del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, incluyendo la declaración de 'invasión' en las fronteras, la eliminación de estatus de santuario para instituciones, y la promoción de deportaciones masivas. Además, la medida repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas políticas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias de EE.UU. Afecta principalmente la postura política de la Asamblea Legislativa y la comunicación de dicha postura a entidades federales y organizaciones comunitarias.