Qué propone
La Resolución del Senado 204 (RS 204) proponía las secciones 1 y 3 de la Resolución del Senado 68 (RS 68). Su objetivo era ordenar formalmente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado que solicitara documentos específicos a varias agencias y que presentara un informe parcial de sus hallazgos antes del 30 de junio de 2025. La medida buscaba asignar esta tarea a una comisión específica, corrigiendo una omisión en la RS 68 original.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución del Senado 204 fue el 22 de mayo de 2025 y referida a comisión. El 15 de abril de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , no recomendando su aprobación por considerar que la medida carecía de eficacia práctica al un término ya expirado.
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Última acción · 15 de abril de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que realice una investigación abarcadora y exhaustiva sobre la utilización y balance disponible de los fondos asignados en la Sección 5, Inciso 2, Apartado K de la Resolución Conjunta 83-2020 y, para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 489 ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado realizar una investigación sobre el uso y el balance de $60,000.00 asignados en la Resolución Conjunta 83-2020. La investigación debe completarse en 90 días y culminar en un informe con hallazgos y recomendaciones. Esta medida afecta directamente a la mencionada comisión senatorial y a las entidades que recibieron los fondos bajo el apartado específico de la Resolución Conjunta.
Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los fondos públicos asignados a través de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas de bienestar social, salud, educación y cultura que busquen mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños beneficiarios de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, con el fin de promover soluciones legislativas, e identificar recursos que permitan ampliar sus servicios en beneficio de nuestros ciudadanos; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 11 ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los fondos públicos asignados por la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. El objetivo es evaluar cómo estas asignaciones a entidades públicas, semipúblicas y privadas contribuyen a programas de bienestar social, salud, educación y cultura, buscando identificar áreas de mejora y recursos para ampliar servicios. La investigación debe completarse en un plazo de 180 días, y sus hallazgos y recomendaciones se presentarán en un informe.
Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre la administración, uso y gasto de los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos de cada instrumentalidad pública; a fin de evaluar si se están utilizando adecuadamente los recursos económicos provistos a las agencias e instrumentalidades para atender las necesidades de los ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o administrativas que promuevan el funcionamiento eficiente y aseguren el presupuesto adecuado de las agencias e instrumentalidades públicas en beneficio de los ciudadanos.
La Resolución del Senado 111 ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado a realizar una investigación continua y exhaustiva. Esta investigación se centrará en cómo las agencias e instrumentalidades públicas administran, usan y gastan fondos públicos, y en la ejecución de sus planes estratégicos. El objetivo es evaluar la adecuación del uso de recursos para atender necesidades ciudadanas y determinar si se requieren medidas legislativas o administrativas para mejorar la eficiencia y asegurar presupuestos adecuados. Afecta a todas las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico y, por extensión, a los ciudadanos a quienes sirven.
“Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el atraso en los pagos por servicios que se ofrecen a través del remedio provisional del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 203 ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el atraso en los pagos a proveedores y profesionales que ofrecen servicios bajo el remedio provisional del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. El propósito es fiscalizar y atender la problemática de compensación oportuna.
Para ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a que, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia, creada en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2025-023, identifiquen un ahorro de cinco por ciento (5%) en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, a los fines de identificar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva que beneficie a los contribuyentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 119 (RCS 119) buscaba ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico, a identificar un ahorro del cinco por ciento (5%) en su presupuesto para el Año Fiscal 2026-2027. El propósito era allegar aproximadamente quinientos millones de dólares ($500,000,000) para financiar una reforma contributiva. Se exigía que los ahorros no provinieran de despidos, reducción de beneficios laborales o eliminación de servicios esenciales, y que las entidades rindieran un informe detallando las partidas identificadas antes del 30 de abril de 2026.
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