Para ordenar a la Comisión de Salud y a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las denuncias de los residentes de la Urbanización Llanos de Providencia en el municipio de Salinas, relacionadas con el establecimiento de una finca agrícola colindante con sus hogares cuyos trabajos y prácticas de cultivo podrían estar ocasionando problemas de salud, seguridad y calidad de vida a los vecinos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 317 ordena a las Comisiones de Salud y de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre las denuncias de residentes de la Urbanización Llanos de Providencia en Salinas. La investigación debe examinar las prácticas de una finca agrícola colindante que presuntamente causan problemas de salud, seguridad y calidad de vida, incluyendo la verificación de terrenos, permisos, impacto en la comunidad y la actuación de agencias gubernamentales. Se espera un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de noventa (90) días.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en la tensión histórica entre el uso de terrenos agrícolas y la expansión residencial, un conflicto que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y las leyes de reservas agrícolas han intentado mediar para proteger los suelos fértiles del desarrollo urbano desmedido. El caso de Salinas ilustra la presión continua sobre estas zonas y la necesidad de un ordenamiento territorial que balancee la producción agrícola con la calidad de vida de las comunidades.
En qué va
La medida, una Resolución del Senado 317, fue el 24 de septiembre de 2025 y referida a comisiones el 29 de septiembre de 2025. Fue por la Comisión el 25 de junio de 2026. La firman legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
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Última acción · 25 de junio de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 70, según enmendada, que ordena a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación para evaluar la viabilidad de crear un programa para la asignación de terrenos en desuso y propiedad de alguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, mediante el mecanismo de usufructo, a agricultores bona fides con el objetivo de promover este importante sector de la economía de la Isla; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 416 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 70. Su propósito es extender los plazos para que las Comisiones de Gobierno y Agricultura del Senado completen una investigación sobre la viabilidad de un programa de asignación de terrenos gubernamentales en desuso, mediante usufructo, a agricultores bona fide. La enmienda establece que el primer informe debe presentarse antes de la conclusión de la Tercera Sesión Ordinaria (junio de 2026) y el informe final antes de la conclusión de la Séptima Sesión Ordinaria (junio de 2028) de la actual Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Región Sur, y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que investigue los procesos realizados por las agencias pertinentes para la construcción de un campo de tiro en la comunidad Ranchos Guayama en el pueblo de Salinas, Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 517 ordena a la Comisión de Región Sur y a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a investigar los procesos de permisos y construcción de un campo de tiro en la comunidad Ranchos Guayama, Salinas. Las comisiones deberán rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la resolución. Esta medida no crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos, sino que busca esclarecer denuncias ciudadanas sobre el proceso de construcción.
Para ordenar a las comisiones de Agricultura y de Educación, Arte y Cultura del Senado realizar una investigación conjunta sobre la viabilidad de permitir el desarrollo de las áreas verdes, terrenos y fincas que forman parte de los bienes inmuebles donde radican planteles escolares en desuso como huertos de autogestión agrícola comunitaria.
La Resolución del Senado 231 ordena a las Comisiones de Agricultura y de Educación, Arte y Cultura del Senado a realizar una investigación conjunta. El objetivo es determinar la viabilidad de utilizar las áreas verdes, terrenos y fincas de planteles escolares públicos en desuso para el desarrollo de huertos de autogestión agrícola comunitaria. La investigación debe identificar planteles aptos, inventariar terrenos, evaluar su clasificación agrícola, informar sobre la infraestructura (agua, luz, toxicidad, daños estructurales), identificar escuelas con programas agrícolas previos y, de ser posible, la razón del cierre. Se establece un plazo de 120 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico que realice una investigación cuyo propósito sea identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público, localizados en el Sector La Parguera del Municipio de Lajas; el uso (residencial o comercial) que se les está dando a dichas estructuras; así como los cambios o construcciones recientes realizadas en las propiedades allí ubicadas.
La Resolución del Senado 17 ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para identificar propietarios, usos (residencial o comercial) y modificaciones recientes de estructuras en la zona marítimo-terrestre del Sector La Parguera en Lajas. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que busca recopilar información específica para fiscalizar el uso de terrenos públicos.
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud enfocada en los asuntos sistémicos: las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales del sistema de salud, en torno a la retención del personal y la eficiencia en la asignación de citas médicas y servicios con el fin de identificar medidas que fortalezcan la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.”
La R. del S. 357 no crea ni enmienda una ley: ordena a la Comisión de Salud del Senado investigar prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales relacionadas con la retención de personal y la asignación de citas y servicios. Autoriza a la Comisión a celebrar vistas, citar funcionarios y testigos, requerir documentos y realizar inspecciones oculares. Le exige informes continuos, uno inicial dentro de 90 días de aprobarse la resolución y uno final antes de concluir la Vigésima Asamblea Legislativa.
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