Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación sobre los efectos de la puesta en vigor del Medicare Transaction Facilitator (establecido por los Centers for Medicare & Medicaid Services como componente operativo del Medicare Drug Price Negotiation Program, creado bajo la Inflation Reduction Act de 2022) sobre el precio y accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico.
Qué propone
La Resolución del Senado 381 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los efectos del Medicare Transaction Facilitator, un componente del programa federal de negociación de precios de medicamentos bajo la Inflation Reduction Act de 2022. El objetivo es evaluar cómo esta medida federal impacta el precio y la accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico. La medida busca entender las consecuencias de esta política federal en la jurisdicción local.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida y los fragmentos abordan el tema de la salud y el sistema de salud en Puerto Rico. La medida se enfoca en cómo una política federal (Medicare Transaction Facilitator) impacta el precio y la accesibilidad de los medicamentos, lo que se relaciona con los desafíos históricos del sistema de salud de Puerto Rico, como la privatización, la falta de paridad en fondos federales de Medicaid y la emigración de profesionales de la salud, todos los cuales afectan el acceso y costo de los servicios médicos y medicamentos.
En qué va
La Resolución del Senado 381 fue el 2 de diciembre de 2025 y referida a comisión el 12 de enero de 2026. El 22 de junio de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , no recomendando su aprobación.
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Última acción · 22 de junio de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
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Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre los efectos de la puesta en vigor del Medicare Transaction Facilitator (establecido por los Centers for Medicare & Medicaid Services como componente operativo del Medicare Drug Price Negotiation Program, creado bajo la Inflation Reduction Act de 2022) sobre el precio y accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 519 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar los efectos específicos que la implementación del Medicare Transaction Facilitator (MTF), un componente del programa federal de negociación de precios de medicamentos bajo la Inflation Reduction Act de 2022, tiene sobre el costo y la accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y los pacientes en Puerto Rico. La Comisión deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días tras la aprobación de la medida.
“Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las negociaciones que lleva a cabo la Administración de Seguros de Salud (ASES) con las aseguradoras que ofrecen servicios al Plan Vital para determinar los costos de las primas para el nuevo año fiscal; y para otros fines relacionados.”
Esta Resolución del Senado ordena a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Salud a realizar una investigación sobre las negociaciones entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y las aseguradoras del Plan Vital. El objetivo es determinar los costos de las primas para el nuevo año fiscal. Las comisiones podrán citar funcionarios, requerir documentos y realizar inspecciones, debiendo presentar informes continuos y uno final antes de que concluya la Segunda Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (noviembre de 2025).
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la implementación y efectividad de la Resolución Conjunta 7 del 12 de enero de 2023.
La Resolución del Senado 182 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la implementación y efectividad de la Resolución Conjunta 7 del 12 de enero de 2023. Esta investigación debe evaluar el cumplimiento y la efectividad de los programas de educación continua requeridos para enfermería sobre violencia y abuso sexual, analizar la viabilidad y progreso de la certificación SANE (Sexual Assault Nurse Examiner), e identificar retos presupuestarios, administrativos o logísticos. La Comisión deberá citar a diversas entidades y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en 90 días calendario.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la proliferación de productos de GLP-1 compuestos ilegalmente, incluyendo la preparación ilegal y el uso clandestino de estos productos en espacios no regulados de la isla por entidades y personas no autorizadas.
La Resolución del Senado 365 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la proliferación de productos de GLP-1 compuestos ilegalmente. Esto incluye la preparación y el uso clandestino de dichos productos en espacios no regulados de la isla por entidades y personas no autorizadas.
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud enfocada en los asuntos sistémicos: las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales del sistema de salud, en torno a la retención del personal y la eficiencia en la asignación de citas médicas y servicios con el fin de identificar medidas que fortalezcan la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.”
La R. del S. 357 no crea ni enmienda una ley: ordena a la Comisión de Salud del Senado investigar prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales relacionadas con la retención de personal y la asignación de citas y servicios. Autoriza a la Comisión a celebrar vistas, citar funcionarios y testigos, requerir documentos y realizar inspecciones oculares. Le exige informes continuos, uno inicial dentro de 90 días de aprobarse la resolución y uno final antes de concluir la Vigésima Asamblea Legislativa.
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