Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el vencimiento y la renovación de los contratos de asistencia de alquiler de proyectos multifamiliares subsidiados en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La R. del S. 679 no crea ni una ley: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar contratos de asistencia de alquiler en proyectos multifamiliares subsidiados. La Comisión deberá identificar los 38 contratos mencionados en el Plan Estatal, clasificar su programa, proyecto, municipio, unidades y fechas, y distinguir los contratos renovados, vencidos, prorrogados o pendientes desde 2024, junto con las protecciones para residentes. También examinará avisos, decisiones de renovación, restricciones de asequibilidad y alternativas de preservación, y preparará un calendario de acciones por proyecto. Ordena un informe preliminar en 60 días y uno final en 150 días, ambos contados desde la aprobación; no asigna fondos ni crea derechos nuevos para inquilinos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La R. del S. 679 fue el 17 de noviembre de 2026. No consta todavía un referido a comisión ni aprobación.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
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“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el vencimiento y la renovación de los contratos de asistencia de alquiler de proyectos multifamiliares subsidiados en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
La R. del S. 666 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar contratos de asistencia de alquiler en proyectos multifamiliares subsidiados. La Exposición de Motivos cita 38 contratos asociados con 4,492 unidades, y la resolución pide identificar esos contratos por proyecto, municipio, unidades, programa y fechas de vencimiento, además de distinguir su estado de renovación y las protecciones para residentes. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días de aprobada la resolución. No cambia contratos ni crea protecciones de vivienda; las solicitudes a entidades federales se gestionan mediante mecanismos de colaboración, sin autoridad coercitiva del Senado sobre ellas.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar la condición física, la ocupación y los recursos de conservación de los proyectos estatales de vivienda para adultos mayores; y para otros fines relacionados.”
La R. del S. 667 no enmienda leyes ni crea derechos: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar los 33 proyectos estatales para adultos mayores administrados por la Administración de Vivienda Pública. El examen incluye ocupación, unidades fuera de servicio, inspecciones, mantenimiento, personal, seguridad y recursos operacionales, con desglose de asignaciones y gastos durante 2024-2026 y datos por instalación y año fiscal. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días desde la aprobación; el final debe incluir hechos sustentados y recomendaciones concretas. Las agencias bajo jurisdicción del Senado deben cooperar en la medida autorizada por ley, y la Comisión debe proteger información confidencial y distinguir hechos acreditados de asuntos pendientes de corroboración.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el trámite y desembolso de solicitudes de asistencia para adquirir primera vivienda administradas por la AFV; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 669 no crea ni enmienda una ley: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar las ayudas de la AFV para comprar primera vivienda, separando los fondos HOME, CDBG-DR y CDBG-MIT. La investigación cubre solicitudes de 2024 a 2026 e incluye, entre otros asuntos, estados de los casos, tiempos de trámite, causas de expedientes inconclusos y balances asignados, comprometidos y desembolsados; también pide identificar los casos CDBG-DR activos tras el cierre de nuevas admisiones del 30 de septiembre de 2025. La Comisión debe entregar un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días de aprobarse la resolución. El texto protege datos confidenciales y pide usar datos agregados o anonimizados siempre que sea posible; no crea ayudas ni asigna fondos.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar la disponibilidad y utilización de viviendas subsidiadas mediante programas especializados para personas con impedimentos; y para otros fines relacionados.”
La R. del S. 670 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar las viviendas subsidiadas para personas con impedimentos, sin enmendar otra ley ni crear nuevos subsidios o derechos de vivienda. El estudio debe actualizar y clasificar unidades de Sección 811/PRAC y otros programas, identificar ocupación, vacantes, distribución regional y listas de espera, y examinar referidos y barreras, sin divulgar datos personales o clínicos. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días de la aprobación; el final incluirá hechos sustentados y recomendaciones administrativas o legislativas. La medida no asigna fondos nuevos y afecta directamente a la Comisión y a las agencias y entidades sujetas a la jurisdicción del Senado a las que solicite información.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar los mecanismos de reubicación residencial voluntaria y preventiva ante riesgos recurrentes de inundación; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 664 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar cómo se identifican y evalúan alternativas de reubicación residencial voluntaria y preventiva para hogares en zonas de inundación recurrente; no crea derechos, no obliga a reubicar hogares ni asigna fondos. La investigación incluye diez asuntos, entre ellos financiamiento, elegibilidad, consentimiento informado, protección contra desplazamiento y comparación entre mitigación en el lugar y reubicación. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 90 días y uno final dentro de 180 días desde la aprobación; el final debe incluir hechos sustentados, situación de cumplimiento de las agencias y recomendaciones concretas.
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