PC 1544

Para crear la “Ley sobre Normas de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados”, a los fines de establecer un marco regulatorio integral para la seguridad…

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Para crear la “Ley sobre Normas de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados”, a los fines de establecer un marco regulatorio integral para la seguridad de los ascensores, las escaleras eléctricas y los demás equipos de transportación vertical en Puerto Rico; crear, adscritas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados y la Junta Revisora de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados; establecer las licencias de contratista, mecánico e inspector de ascensores y el registro de mecánicos aprendices; requerir la inscripción, la inspección anual, el certificado de operación y el contrato de mantenimiento de dichos equipos; disponer sobre permisos, variaciones, conflictos de intereses, notificación de accidentes, seguros, derechos, multas administrativas y delitos; crear el Fondo Especial de Prevención y Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados; disponer la coordinación con el proceso de permisos; enmendar el inciso (d) de la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley nueva que cubre ascensores y equipos relacionados estén o no en lugares de empleo, y crea una Oficina y una Junta Revisora dentro del Departamento del Trabajo. Exige licencias para contratistas, mecánicos e inspectores, inscripción de equipos, inspección anual, certificado de operación y contrato de mantenimiento con al menos una visita cada tres meses; establece, entre otros cargos, un derecho anual de $100 por cada certificado de operación. la Sección 26(d) de la Ley 16 para sacar de PR OSHA las funciones de inscripción, inspección, certificación y fiscalización de estos equipos, aunque PR OSHA conserva jurisdicción sobre la seguridad de los trabajadores; la transferencia se contempla dentro de 180 días. La Junta debe aprobar los iniciales dentro de 12 meses y fijar la fecha de exigibilidad de las licencias entre 18 y 30 meses después de la aprobación, con transición para profesionales y dueños que necesiten regularizarse.

Pros

•Extiende por ley el régimen de seguridad a equipos fuera de lugares de empleo, que la Ley 16 limita a empleos en sitios de trabajo; alcanza, por ejemplo, equipos en edificios residenciales y espacios de uso público, aunque excluye de varias obligaciones a los equipos de residencias privadas.
•Establece requisitos profesionales específicos que no aparecen en la Ley 16: los mecánicos deben acreditar experiencia o formación y aprobar un examen, y los aprendices deben trabajar bajo supervisión presencial de un mecánico, con un máximo de dos aprendices por supervisor. Esto crea estándares exigibles para quienes instalan y mantienen equipos, no solo para quienes los inspeccionan.
•Obliga a informar accidentes de equipos en un máximo de 24 horas y encarga a la Oficina investigar los accidentes graves y publicar estadísticas anuales. Como la Ley 16 se limita a seguridad ocupacional, este deber permite recopilar datos sobre incidentes que ocurran fuera del ámbito laboral.

Contras

•La Junta tendrá facultades para reglamentar y adjudicar, y cinco de sus siete puestos corresponden a perfiles profesionales o sectores regulados: ingeniería, inspección, mecánica, contratistas y dueños; solo uno representa al interés público. Aunque la ley exige inhibirse ante ciertos conflictos, esa composición puede dejar la toma de decisiones con una representación comparativamente menor de usuarios y consumidores.
•Impone costos recurrentes a los dueños, incluidos condominios, negocios y entidades públicas: el certificado de operación cuesta $100 por equipo cada año y cada equipo en operación debe tener un contrato de mantenimiento con visitas al menos trimestrales, además de la inspección anual cuyos honorarios paga el dueño. El texto no fija el precio de esas visitas ni de la inspección privada.
•El Fondo Especial se nutre de derechos y multas, pero el propio artículo 8.03 permite que sus balances se transfieran al conforme a la Ley 26-2017 u otra ley aplicable. Por eso, aunque el proyecto lo crea para financiar la Oficina y la Junta, no asegura que los sobrantes permanezcan disponibles para esos fines.
•El artículo 3.05 permite solicitar una licencia de inspector con un bachillerato o grado asociado sin especificar la disciplina, o con certificación QEI, además de tres años de experiencia y aprobar el examen de la Junta. Como la certificación QEI se exige para renovar, la vía del grado académico permite ejercer inicialmente sin esa certificación técnica.

Intereses en juego

Beneficia a:: Usuarios de ascensores y otros equipos, incluidos quienes los usan fuera del trabajo; también los profesionales que cumplan los requisitos de licencia y las entidades encargadas de fiscalizar, que recibirían nuevas facultades y recursos.
Preocupa a:: Dueños de equipos, incluidos condominios, negocios y entidades públicas, por los cargos y el mantenimiento obligatorio; trabajadores y empresas que no cumplan los nuevos requisitos; y usuarios, si la composición de la Junta no representa suficientemente sus intereses.
Quién paga o decide:: Los dueños pagan el certificado anual de $100 por equipo, la inspección y el mantenimiento; los derechos y multas ingresan al Fondo Especial, y el Departamento debe aportar recursos hasta que el Fondo genere ingresos suficientes. El Gobernador nombra seis de los siete miembros de la Junta, y el Secretario nombra al Director y preside la Junta.

En qué va

El 29 de octubre de 2026 tuvo primera lectura en la Cámara y fue referida a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales. Está .

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Trámite legislativo

Última acción · 29 de octubre de 2026

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