PC 1549

Para crear la “Ley de Transparencia Algorítmica en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública sobre el uso de sistemas de…

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Para crear la “Ley de Transparencia Algorítmica en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública sobre el uso de sistemas de decisión automatizada por las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico en decisiones que afectan los derechos, beneficios y oportunidades de las personas; requerir un inventario público anual de dichos sistemas; requerir una evaluación de impacto algorítmico previa a su despliegue en usos de alto riesgo; reconocer a toda persona afectada el derecho a ser notificada del uso de un sistema automatizado en una decisión, a recibir una explicación en lenguaje sencillo de las razones principales de una decisión adversa, a corregir sus datos y a obtener la revisión de un funcionario con autoridad para modificar la decisión; establecer cláusulas obligatorias en los contratos de adquisición de estos sistemas; prohibir ciertos usos incompatibles con los derechos constitucionales; enmendar el Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, a fin de encomendar a dicha entidad la implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley aplicable a agencias ejecutivas, , municipios y contratistas que tomen decisiones públicas con sistemas automatizados, y añade a la Ley 75-2019 una función de implantación y fiscalización para PRITS. Exige un inventario público anual y, para usos de alto riesgo, una evaluación previa y aprobación de PRITS; si PRITS no actúa tras el plazo de 90 días y los 15 días adicionales solicitados, la evaluación se considera aprobada. Reconoce derechos de aviso, explicación, corrección de datos y revisión humana, con plazos de 30 días para resolver solicitudes; también prohíbe ciertos usos y establece reglas para los contratos con proveedores. Las disposiciones para sistemas nuevos se exigen a los 180 días de la aprobación; para sistemas de alto riesgo ya existentes, la evaluación debe someterse dentro de 18 meses, mientras varios derechos y prohibiciones aplican a los 12 meses. No disposiciones de la Ley 75-2019: añade una función a su Artículo 6.

Pros

•La persona afectada por cualquier decisión en que el sistema sea un factor sustancial obtiene derechos legales con pasos y plazos concretos: explicación individualizada de una decisión adversa, corrección de datos y revisión por un funcionario distinto con autoridad para cambiar la decisión, quien debe contestar en 30 días. La solicitud puede interrumpir el término para pedir o revisión administrativa, lo que reduce el riesgo de perder esos remedios mientras se corrigen datos o se solicita revisión humana.
•Para usos de alto riesgo, obliga a documentar pruebas de exactitud e impacto dispar, medidas de mitigación y supervisión humana, y exige actualizar la evaluación al menos cada dos años y antes de cambios sustanciales. Esto somete a revisión legal de PRITS sistemas que pueden afectar beneficios, empleo público, educación, vivienda, fiscalización y otros ámbitos enumerados, y permite denegar su uso si los riesgos no pueden mitigarse razonablemente.
•Hace público el inventario de los sistemas que las agencias usan, prueban o desarrollan, con su propósito, riesgo, proveedor, categorías y fuentes de datos, supervisión y medidas de mitigación. PRITS debe publicarlo dentro de 60 días de recibirlo; si se omite información por seguridad u otra causa legal, el inventario todavía debe identificar el sistema, su propósito general y el fundamento de la omisión.
•Añade prohibiciones que van más allá de las prohibiciones de la política de PRITS descritas en la Exposición de Motivos: entre ellas, la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, salvo autorización legal expresa o una orden judicial en una investigación criminal específica, y la inferencia de emociones, orientación sexual, creencias religiosas o ideas políticas a partir de datos biométricos. También prohíbe usar categorías protegidas o sustitutos razonables de estas para decisiones adversas, salvo excepciones expresas.

Contras

•La aprobación de PRITS puede darse por silencio: tras 90 días desde una solicitud completa, la agencia puede pedir una determinación dentro de 15 días y, si PRITS no actúa, la evaluación se entiende aprobada. Así, un sistema de alto riesgo podría desplegarse sin una decisión sustantiva de PRITS, aunque la entidad conserva facultades posteriores de fiscalización y suspensión.
•La ley no obliga a la Asamblea Legislativa ni a la Rama Judicial: solo las exhorta a adoptar normas internas dentro de 12 meses. Por tanto, los sistemas que esas ramas usen para decisiones que afectan a personas quedan fuera de estos derechos y controles, salvo que adopten reglas propias.
•En programas financiados total o parcialmente con fondos federales, si un requisito federal distinto sobre aviso, explicación o revisión resulta incompatible, la agencia debe cumplir el requisito federal y solo aplicar las partes compatibles de esta ley. Esto puede dejar a personas en esos programas con menos protecciones que las demás, según los requisitos federales aplicables.
•La medida carga los costos de implantación a los presupuestos existentes de PRITS y de cada agencia; ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificar recursos para el año fiscal siguiente, pero no fija una asignación ni una cantidad. La revisión de evaluaciones, las auditorías, la publicación del inventario y el adiestramiento podrían competir con otras necesidades presupuestarias de esas entidades.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas sujetas a decisiones automatizadas de agencias ejecutivas, municipios y entidades que realicen funciones públicas: reciben aviso, explicación, corrección de datos y revisión humana. También se beneficia el público, que podrá consultar el inventario y los resúmenes de evaluaciones publicados por PRITS.
Preocupa a:: Agencias y municipios que tendrán que documentar, someter a revisión y monitorear sus sistemas, y personas afectadas por programas federales o por decisiones de las ramas Legislativa y Judicial, donde las protecciones de esta ley pueden no aplicar plenamente.
Quién paga o decide:: Los costos se cargarían a los presupuestos de PRITS y de cada agencia; la Oficina de Gerencia y Presupuesto, junto con PRITS, debe identificar recursos para el año fiscal siguiente a la aprobación. PRITS adoptaría la , revisaría las evaluaciones y podría ordenar medidas correctivas o suspensiones; PRITS está adscrita a la Oficina del Gobernador y la dirige un Principal Ejecutivo nombrado por el Gobernador con consejo y consentimiento del Senado.

En qué va

La medida fue el 28 de octubre de 2026 y apareció en primera lectura de la Cámara el 29 de octubre. Ese día fue referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara y continúa .

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Trámite legislativo

Última acción · 29 de octubre de 2026

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