Para establecer la “Ley para la Protección del Consumidor y la Prevención del Fraude mediante Servicios de Telefonía Móvil”; establecer requisitos de verificación de identidad en la venta y activación de teléfonos móviles prepagados y de tarjetas SIM, incluidas las tarjetas SIM integradas o electrónicas (eSIM); establecer controles contra la activación fraudulenta de líneas, la sustitución no autorizada de tarjetas SIM y la portabilidad fraudulenta de números; regular la compraventa, reventa y transferencia de equipos móviles y de líneas de servicio; disponer sobre la conservación y protección de los registros y el acceso a estos por las autoridades mediante el proceso legal que exigen las leyes federales; establecer responsabilidades para los establecimientos comerciales, distribuidores y proveedores de servicios; tipificar delitos; facultar al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y al Departamento de Asuntos del Consumidor para reglamentar, fiscalizar e imponer sanciones; disponer sobre la educación preventiva dirigida a los adultos mayores y sus familias; derogar la Ley 280-2011, según enmendada; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea requisitos para que comercios verifiquen con identificación oficial con foto a quienes compren teléfonos móviles prepagados o tarjetas SIM, y para que los proveedores verifiquen la identidad antes de activar líneas; mientras no haya , más de tres teléfonos o más de tres SIM a una misma persona en siete días activa requisitos adicionales. Exige controles para cambios de SIM y portabilidad, autenticación de ambos titulares al transferir una línea y, al revender equipos usados, verificar el IMEI y restaurar el equipo; los registros se conservarían tres años, sin registro gubernamental ni entrega rutinaria a agencias. Faculta al DACO y al Negociado de Telecomunicaciones para reglamentar y fiscalizar, impone multas de hasta $10,000 por violación a comercios y $25,000 a proveedores, y dispone reglamentos y un protocolo de coordinación en 120 días; las obligaciones principales comenzarían 180 días después de la aprobación. Crea delitos graves con pena fija de tres años para ciertas conductas, íntegramente la Ley 280-2011 y dispone que la ley entre en vigor inmediatamente para adoptar reglamentos y protocolos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El 29 de octubre de 2026 fue presentada, apareció en Primera Lectura de la Cámara y fue referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor. A esa fecha, seguía .
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Última acción · 29 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
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