PC 1557

Para establecer la “Ley de Política Pública para el Manejo de Riesgo en Casos de Violencia Doméstica”; para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 2012003…

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Para establecer la “Ley de Política Pública para el Manejo de Riesgo en Casos de Violencia Doméstica”; para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 2012003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de establecer como parte del sistema de educación judicial, adiestramientos sobre el uso y manejo de la Hoja de Evaluación de Riesgo; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea la Ley de Política Pública para el Manejo de Riesgo en Casos de Violencia Doméstica y hace obligatorio el uso de la Hoja de Evaluación de Riesgo en los casos de violencia doméstica para quien entreviste inicialmente a la víctima y para el personal que le preste servicios directos a ella o a sus menores. Si quien presta el servicio no hizo la entrevista inicial, deberá solicitar la Hoja y usar sus resultados para planificar los servicios y la seguridad. Ordena a las agencias y organizaciones que atienden a víctimas capacitar a su personal, y encarga a Justicia dirigir la implantación y a un comité multisectorial preparar y revisar anualmente un protocolo; el comité incluirá tres representantes de organizaciones nombrados por la Gobernadora y rendirá un informe anual no más tarde del 1 de febrero. También añade a la educación continua judicial adiestramientos sobre la Hoja y dispone que se use en casos de violencia contra la pareja aunque no se clasifiquen como violencia doméstica; no fija una frecuencia anual específica para ese adiestramiento.

Pros

•Al exigir la Hoja en todos los casos de violencia doméstica atendidos directamente, y requerir que quienes no hicieron la entrevista inicial la soliciten y usen sus resultados en el plan de servicio y seguridad, hace menos dependiente de decisiones individuales que se evalúe el riesgo de la víctima y de sus menores.
•El adiestramiento judicial sobre la Hoja y su uso en casos de violencia contra la pareja aunque no estén catalogados como violencia doméstica puede ayudar a que los jueces consideren factores de riesgo también cuando el caso no encaja en esa clasificación.

Contras

•Justicia también deberá exigir la Hoja cuando una víctima de cualquier delito pueda estar en peligro por causa de su pareja. La ley no precisa el umbral para determinar cuándo existe ese riesgo, por lo que la obligación puede extenderse a casos fuera del ámbito usual de violencia doméstica con criterios distintos entre agencias.
•La ley entra en vigor inmediatamente, pero no fija un plazo para completar el protocolo que debe delimitar responsabilidades y evitar duplicaciones. Por ello, la obligación de usar la Hoja puede comenzar antes de que las agencias y organizaciones tengan acordado cómo coordinar su aplicación.
•La Hoja asigna categorías de peligrosidad mediante respuestas ponderadas. Aunque la ley también ordena considerar las circunstancias particulares de la víctima, hacer obligatorio el instrumento puede fomentar una confianza excesiva en su puntuación, que es una evaluación de riesgo y no una certeza sobre lo que ocurrirá.

Intereses en juego

Beneficia a:: Víctimas de violencia doméstica y sus menores, al extender la evaluación obligatoria del riesgo al personal que les presta servicios directos; también puede beneficiar a jueces y equipos de atención al establecer adiestramientos y un protocolo común.
Preocupa a:: Agencias y organizaciones que atienden víctimas, que deberán capacitar a su personal y aplicar la Hoja; también puede generar incertidumbre a quienes atienden víctimas de otros delitos por el alcance amplio del criterio de riesgo relacionado con la pareja.
Quién paga o decide:: La medida no asigna fondos específicos, por lo que los costos de capacitación y operación recaerían en las agencias y organizaciones que deben cumplir. Justicia dirige la implantación y el comité multisectorial desarrolla y revisa el protocolo; la Gobernadora nombra a tres representantes de organizaciones. Para la educación judicial, la disposición contempla colaboración entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Oficina de Administración de los Tribunales, y preserva la autonomía administrativa de la Rama Judicial.

En qué va

La medida fue el 30 de octubre de 2026. El 2 de noviembre pasó a primera lectura en la Cámara y fue referida a la Comisión de lo Jurídico; continúa .

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Trámite legislativo

Última acción · 2 de noviembre de 2026

Referido a Comisión(es)

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