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Para crear la “Ley de Ética, Transparencia y Uso Responsable de la Tecnología y la Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico”; establecer la…

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Para crear la “Ley de Ética, Transparencia y Uso Responsable de la Tecnología y la Inteligencia Artificial en el Gobierno de Puerto Rico”; establecer la política pública aplicable a la Rama Ejecutiva del Gobierno y los municipios respecto al desarrollo, adquisición, implementación, utilización y supervisión ética de tecnologías digitales, sistemas automatizados e inteligencia artificial; disponer principios rectores y normas de conducta para los servidores públicos; establecer mecanismos de evaluación de riesgos, transparencia, responsabilidad, supervisión humana efectiva, protección de datos y prevención del discrimen algorítmico; imponer deberes a las entidades gubernamentales, los municipios y sus proveedores tecnológicos; ordenar reglamentación y fiscalización; y establecer medidas correctivas y sanciones administrativas.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley aplicable a la Rama Ejecutiva y a los municipios, sin expresamente otra ley, que exige inventariar y clasificar los sistemas automatizados y de inteligencia artificial, evaluar antes de su uso los de alto riesgo y mantener un registro público general. Para decisiones de alto impacto, establece supervisión humana, aviso a la persona afectada, explicación de los factores principales y posibilidad de pedir revisión y corregir datos. Impone deberes de seguridad, privacidad, capacitación y documentación a las entidades y sus proveedores, y encarga al PRITS reglamentar, auditar y requerir medidas correctivas. El inventario debe completarse en 180 días y las evaluaciones iniciales de alto riesgo en 12 meses; además, el texto exige un informe detallado sobre usos actuales de IA en 30 días desde la aprobación, aunque dispone que la mayoría de sus obligaciones rige 180 días después.

Pros

•Quienes reciban decisiones gubernamentales de alto impacto, como sobre beneficios, empleo, servicios esenciales o permisos, tendrían derecho a saber cuándo intervino sustancialmente un sistema, pedir revisión humana y corregir datos; además, la decisión no puede basarse exclusivamente en un sistema de alto riesgo, salvo autorización legal con garantías.
•Antes de usar sistemas de alto riesgo, las agencias y municipios tendrían que documentar riesgos, posibles efectos discriminatorios, limitaciones y alternativas menos riesgosas. Esto permite detectar problemas antes de que el sistema afecte a la ciudadanía, en vez de depender únicamente de reclamaciones posteriores.
•El registro público que debe mantener el PRITS identificaría la entidad responsable, finalidad, proveedor y nivel de riesgo de los sistemas gubernamentales, con exclusiones limitadas por confidencialidad o seguridad. Esa información daría a la ciudadanía y a las autoridades fiscalizadoras una base concreta para conocer dónde se usan estas herramientas.

Contras

•El artículo 28 exige a toda entidad o municipio que ya use alguna modalidad de IA entregar en 30 días desde la aprobación datos detallados sobre modelos, licencias, costos, fuentes de datos, privacidad y riesgos. Pero el artículo 34 hace entrar en vigor la mayoría de las disposiciones 180 días después y solo adelanta expresamente la y el inventario; esa contradicción deja incierto cuándo vence el informe y puede hacer imposible cumplir el plazo tal como está redactado.
•La capacidad de intervención del PRITS queda condicionada: puede ordenar una suspensión solo cuando ya tenga autoridad legal para hacerlo; en los demás casos debe referir el asunto y recomendar medidas. Además, el artículo 26 no crea una sanción específica, sino que remite a las medidas disciplinarias o sanciones que permitan otras leyes. Ante un sistema que cause daño, estas limitaciones pueden reducir la capacidad de detenerlo o sancionar el incumplimiento bajo esta ley por sí sola.
•La ley impone tareas nuevas de inventario, evaluaciones, capacitación, registro, pruebas y auditorías a agencias y municipios, pero ordena priorizar los recursos existentes y no asigna fondos. Aunque permite calendarios que consideren la capacidad municipal y ofrece herramientas comunes, las entidades con menos personal o recursos tecnológicos podrían tener más dificultad para cumplir los mismos estándares.

Intereses en juego

Beneficia a:: A las personas afectadas por decisiones gubernamentales de alto impacto asistidas por sistemas automatizados, al darles aviso, explicación, revisión humana y vías para corregir datos. También a la ciudadanía y a los fiscalizadores, mediante el registro público general y las evaluaciones de riesgo.
Preocupa a:: A las agencias, municipios y sus proveedores tecnológicos, que deberán documentar, evaluar, probar y supervisar los sistemas, además de atender reclamaciones y requisitos de seguridad. El PRITS asumiría la , el registro y parte de la fiscalización.
Quién paga o decide:: Las agencias y municipios asumirían la operación con prioridad a sus recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios existentes; la medida no asigna una partida específica. El PRITS establecería estándares, clasificaciones de riesgo y calendarios de cumplimiento; jefes de agencia y alcaldes organizarían los procedimientos internos y designarían responsables.

En qué va

El proyecto fue el 9 de noviembre de 2026 y apareció en primera lectura de la Cámara el 11 de noviembre. Ese mismo día fue referido a la Comisión de Gobierno y continúa .

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 11 de noviembre de 2026

Referido a Comisión(es)

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