Para expresar el más enérgico rechazo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a todo el conjunto de órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, las cuales ya están provocando una evidente inestabilidad, el recrudecimiento de las relaciones internacionales, así como un estado de incertidumbre contra la población de Puerto Rico; solicitarle poner en detente este conjunto de Ordenes Ejecutivas, reconsiderar las mismas y proponer cursos de acción alternos conforme las normas, leyes y reglamentos aplicables y aplicando los mejores principios de sana administración pública, en apego a la Constitución de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico en conjunto con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo que tendrá la imposición de aranceles a un sinnúmero de países, como resultado directo de las órdenes ejecutivas puestas en marcha por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, las empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico.

Esta resolución ordena a la Comisión de Desarrollo Económico y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es analizar el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo de los aranceles impuestos por órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, empresas, entidades del tercer sector, agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. No crea ni enmienda leyes existentes, sino que instruye un estudio legislativo.

Para expresar el más enérgico rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump contra los inmigrantes que residen en Puerto Rico, así como aquellos que se encuentran en los Estados de la Nación Americana; del mismo modo, condenar cualquier uso de los recursos del Gobierno de Puerto Rico para apoyar o colaborar con estas órdenes del mandatario federal e instruir al Departamento de Estado de Puerto Rico por conducto de su secretaria, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, a proveer asesoría legal a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico a todos aquellos extranjeros residentes en Puerto Rico.

Esta Resolución expresa el rechazo del Senado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, contra inmigrantes y condena el uso de recursos del gobierno de Puerto Rico para apoyar dichas órdenes. Instruye al Departamento de Estado, a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, a proveer asesoría legal a extranjeros residentes en Puerto Rico. Afecta directamente a inmigrantes residentes en Puerto Rico y al Departamento de Estado, asignándole una función de asesoría.

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, por constituir un atentado a los principios democráticos que atesoramos como Pueblo, de manera específica a la disposición de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de la Decimocuarta enmienda, vigente por más de ciento cincuenta (150) años, que establece de manera expresa que toda persona nacida en y sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos se le confiere la ciudadanía americana.

Esta medida, una Resolución Concurrente, no propone cambios legislativos directos ni crea nuevos mecanismos o plazos dentro del gobierno de Puerto Rico. Su propósito es expresar el rechazo formal de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a una Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que supuestamente limita la ciudadanía por nacimiento. Afecta principalmente la postura política y la expresión de la Legislatura de Puerto Rico sobre una política federal.