Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, como componente del Departamento de Seguridad Pública, en virtud de la Ley 20-2017, según enmendada, de manera particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y normativas federales que requieren que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9-1-1 sean utilizados única y exclusivamente para estos fines, el grado de burocracia operacional en que se encuentra, que se alega afecta el debido descargue de sus deberes y la prestación de este servicio público, entre otros asuntos, sobre la aprobación de contratos de servicios esenciales para su debido funcionamiento, el que pueda agilizar el reclutamiento de empleados(as) para mejorar el tiempo de llamadas en espera y el tiempo de respuesta, retrasos en los procesos de compras de equipos esenciales y el que los municipios que colaboran con el 9-1-1 no reciben los fondos conforme a sus niveles de servicio, lo que provoca que al presente la mayoría no ofrece cobertura 24/7; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una amplia investigación y análisis sobre el funcionamiento, la implantación y efectividad de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; identificar necesidades de los negociados adscritos, evaluar cambios necesarios y hacer recomendaciones sobre la estructura administrativa de las agencias de seguridad y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP). El objetivo es evaluar su funcionamiento, implementación y efectividad, identificar las necesidades de los negociados adscritos, y proponer recomendaciones para la estructura administrativa de las agencias de seguridad. La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la resolución.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. La investigación abarcará desde el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, hasta la revisión de asignaciones de fondos, formulación de política pública y la operación de agencias clave como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico, incluyendo la cooperación con agencias federales. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, a las agencias de seguridad y justicia del gobierno, y en última instancia, a toda la ciudadanía al buscar mejorar la seguridad pública.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico en los temas relacionados con la violencia doméstica y las agresiones sexuales; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar el cumplimiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, específicamente en lo referente a la respuesta e investigación de casos de violencia doméstica y agresiones sexuales. La investigación busca determinar las razones por las cuales no se han alcanzado las métricas de cumplimiento establecidas y proponer recomendaciones legislativas.