Qué propone
La Resolución de la Cámara 446 ordena a la Cámara de Representantes de Puerto Rico constituirse Total para investigar alegaciones de irregularidades en la contratación de servicios de tecnología bajo la jurisdicción de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La investigación incluirá el contrato 2025-DS6296 y otros contratos tecnológicos otorgados por agencias gubernamentales. Se citará a comparecer a personas específicas y ex secretarios de agencias. La Cámara deberá rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 30 días tras la constitución de la Comisión Total.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la larga historia de escándalos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico, que han afectado a administraciones de ambos partidos mayoritarios. La investigación de irregularidades en contrataciones de tecnología es un ejemplo de cómo la sociedad civil y los poderes legislativos buscan fiscalizar el uso de fondos públicos, un patrón recurrente ante la erosión de la confianza ciudadana que han provocado casos anteriores.
En qué va
La Resolución de la Cámara 446 fue el 19 de septiembre de 2025, aparece en Primera Lectura de la Cámara el 25 de septiembre de 2025, y fue referida a Comisión(es) ese mismo día. Actualmente se encuentra en trámite .
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Última acción · 25 de septiembre de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Senado de Puerto Rico constituirse en Comisión Total a tenor con las disposiciones de su Reglamento, a los fines de investigar las alegaciones sobre la irregularidad en las contrataciones de servicios de tecnología sobre los cuales tiene jurisdicción la Puerto Rico Innovation and Technology Service, incluyendo pero sin limitarse a: la otorgación del contrato 2025-DS6296 y cualquier otro contrato relacionado con la tecnología otorgado por las agencias del Gobierno de Puerto Rico durante este u otro cuatrienio; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución del Senado (RS 307) ordena al propio Senado constituirse en Comisión Total para investigar alegaciones de irregularidad en la contratación de servicios de tecnología por agencias del Gobierno de Puerto Rico, con un enfoque particular en la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el contrato 2025-DS6296. La investigación busca determinar si hubo presiones indebidas para favorecer a ciertas empresas y si la negativa a autorizar contratos cuestionables resultó en la remoción de funcionarios.
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la “Puerto Rico Innovation and Technology Service” conocida como PRITS, incluyendo las funciones, facultades y deberes de dicha agencia y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico; la evaluación por parte del PRITS de todos los contratos de servicios profesionales y consultivos y/o relacionados con la agenda de innovación, informática y tecnología del Gobierno de Puerto Rico, desde enero de 2025 hasta el presente, así como el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología para el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 306 ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La investigación debe cubrir las funciones de PRITS y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información, la evaluación de contratos de servicios profesionales y consultivos en tecnología desde enero de 2025, y el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología. La Comisión tiene 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales; legislación relacionada a las leyes de personal y gobierno en general; la gestión de la digitalización del gobierno en la administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización de las tecnologías de información y comunicación; el intercambio de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; el acceso a la información en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal; la evaluación de las propuestas y formulación de la política energética de la Isla, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética; todo asunto concerniente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, costos, creación de empleos y reducción de tarifas; sobre todo asunto relacionado con el Código Electoral; sobre toda actual y potencial legislación electoral; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 42 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la administración pública. Esto incluye la estructura y desempeño de las agencias gubernamentales, la legislación relacionada con el personal, la digitalización y el uso de tecnologías de información, la política energética (incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica y energías renovables), y el Código Electoral. La Comisión debe presentar informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).
Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar el uso de plataformas digitales, incluyendo videollamadas y servicios de mensajería encriptada, para la atención ciudadana y prestación de servicios gubernamentales, sin requerir la presencia física del ciudadano en las agencias gubernamentales; establecer parámetros de seguridad, accesibilidad y cumplimiento; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 545 ordena a las Comisiones de Gobierno y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar plataformas digitales (videollamadas, mensajería encriptada) para la prestación de servicios gubernamentales sin requerir presencia física. Busca establecer parámetros de seguridad, accesibilidad y cumplimiento, y rendir un informe con conclusiones, recomendaciones y un posible plan piloto antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa. Afecta directamente a las comisiones legislativas encargadas y, prospectivamente, a la administración pública y la ciudadanía.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la determinación del Departamento de Salud de no renovar el contrato de servicios de vigilancia de la empresa Genesis Security Services, Inc. en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, con el propósito de otorgarlo a otras compañías; indagar sobre los criterios económicos y operacionales que justifican esta decisión cuando la propuesta de Genesis había sido catalogada como la más ventajosa para el erario; y para otros fines relacionados.
Esta resolución ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la decisión del Departamento de Salud de no renovar el contrato de servicios de vigilancia de Genesis Security Services, Inc. en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA) y otorgarlo a otras compañías. Busca indagar los criterios económicos y operacionales que justifican este cambio, especialmente cuando la propuesta de Genesis fue previamente considerada la más ventajosa para el erario público. El propósito es asegurar transparencia y buen gobierno en las contrataciones públicas.
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