Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar el uso de plataformas digitales, incluyendo videollamadas y servicios de mensajería encriptada, para la atención ciudadana y prestación de servicios gubernamentales, sin requerir la presencia física del ciudadano en las agencias gubernamentales; establecer parámetros de seguridad, accesibilidad y cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales; legislación relacionada a las leyes de personal y gobierno en general; la gestión de la digitalización del gobierno en la administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización de las tecnologías de información y comunicación; el intercambio de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; el acceso a la información en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal; la evaluación de las propuestas y formulación de la política energética de la Isla, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética; todo asunto concerniente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, costos, creación de empleos y reducción de tarifas; sobre todo asunto relacionado con el Código Electoral; sobre toda actual y potencial legislación electoral; y para otros fines relacionados.

La Resolución de Cámara 42 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la administración pública. Esto incluye la estructura y desempeño de las agencias gubernamentales, la legislación relacionada con el personal, la digitalización y el uso de tecnologías de información, la política energética (incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica y energías renovables), y el Código Electoral. La Comisión debe presentar informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos de subasta de unidades residenciales reposeídas, ofrecidas mediante plataformas digitales, los procedimientos aplicables y las salvaguardas disponibles para los consumidores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 454 ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de subasta de unidades residenciales reposeídas ofrecidas mediante plataformas digitales. Busca examinar los procedimientos aplicables y las salvaguardas existentes para los consumidores en Puerto Rico. La medida afecta a los consumidores que participan en estas subastas y a las entidades que operan plataformas digitales de venta de propiedades reposeídas.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.

La Resolución de la Cámara de Representantes 71 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno de Puerto Rico han implementado los Planes de Reorganización establecidos por la Ley 122-2017. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pudiendo emitir informes parciales. Esta medida afecta a todas las entidades de la Rama Ejecutiva sujetas a los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un análisis y revisión en torno a la eficiencia operacional y la calidad de los servicios en el sector gubernamental que se ofrecen y prestan al público.

La Resolución de la Cámara 730 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar un análisis y revisión exhaustiva sobre la eficiencia operacional y la calidad de los servicios que el sector gubernamental de Puerto Rico ofrece al público. La medida establece que este estudio deberá considerar aspectos como la reducción del tamaño y costo del gobierno, la productividad de los servicios, programas de capacitación para servidores públicos y la orientación sobre trato al ciudadano. La Comisión tendrá 120 días para presentar hallazgos, conclusiones y recomendaciones ante el pleno de la Cámara.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la Ley 169-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de evaluar su efectividad y recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 452 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la efectividad de la Ley 169-2009, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico". El propósito es evaluar su funcionamiento y recomendar acciones legislativas y administrativas para mejorarla. Afecta directamente a la Comisión de Gobierno, que debe realizar el estudio, y de forma indirecta a las empresas y al ecosistema de registro de marcas en la isla.