Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos de subasta de unidades residenciales reposeídas, ofrecidas mediante plataformas digitales, los procedimientos aplicables y las salvaguardas disponibles para los consumidores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos Municipales; y de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación para determinar cuántas hipotecas legales tácitas sobre bienes inmuebles hay constituidas en el Registro de la Propiedad, a favor del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), de Puerto Rico o de cualquier otra agencia o dependencia del Gobierno, que estén en proceso de embargo, ejecución o cancelación; y determinar la viabilidad de hacer un inventario de estos bienes inmuebles, que pudiesen ser adquiridos y desarrollados como vivienda de interés social para personas sin hogar; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes a realizar una investigación. El objetivo es determinar la cantidad de hipotecas legales tácitas registradas a favor del CRIM u otras agencias gubernamentales que estén en proceso de embargo, ejecución o cancelación. Además, se evaluará la viabilidad de inventariar estas propiedades para su posible adquisición y desarrollo como vivienda de interés social para personas sin hogar.

Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de los deberes legales y administrativos por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, particularmente en lo relativo al manejo de cuotas, derramas y fondos de seguros, el acceso a información financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores residentes, incluyendo una evaluación de la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), conforme a las facultades que le otorga la ley; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar cómo las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades bajo el régimen de propiedad horizontal (condominios) cumplen con sus deberes legales y administrativos. Se enfocará en el manejo de cuotas, derramas y fondos de seguros, el acceso a información financiera, y la protección de los derechos de los residentes adultos mayores. La investigación también evaluará la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en estas materias. Afecta directamente a las administraciones de condominios, a DACO, y busca beneficiar a los residentes, especialmente a los adultos mayores.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a la ejecución por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) del “Programa Vivienda Joven”, para conocer cuántas viviendas se han comprado bajo este programa, así como todo lo relacionado a los requisitos que se han implementado para la otorgación de sus beneficios, las solicitudes atendidas, las que quedan pendientes, las denegatorias, y todo lo relacionado al impacto de dicho programa en la población juvenil de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la ejecución del "Programa Vivienda Joven" de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). Busca determinar cuántas viviendas se han comprado, los requisitos, el estado de las solicitudes (atendidas, pendientes, denegadas) y el impacto general del programa en la juventud de Puerto Rico. La investigación debe concluir con un informe y recomendaciones en un plazo de 180 días.