Para ordenar a las comisiones de Asuntos Municipales; y de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación para determinar cuántas hipotecas legales tácitas sobre bienes inmuebles hay constituidas en el Registro de la Propiedad, a favor del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), de Puerto Rico o de cualquier otra agencia o dependencia del Gobierno, que estén en proceso de embargo, ejecución o cancelación; y determinar la viabilidad de hacer un inventario de estos bienes inmuebles, que pudiesen ser adquiridos y desarrollados como vivienda de interés social para personas sin hogar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que realice una exhaustiva investigación sobre la implantación, procesos y otorgación de vales para alquiler bajo las disposiciones de la Sección 8 de la Ley Pública 93-383, conocida como la “Ley Nacional de Hogares de 1974”, en particular sobre la alta demanda sobre los mismos, la distribución y listas de espera de participantes y la falta de distribución de estos en los últimos años; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, procesos y otorgación de vales para alquiler bajo el Programa Federal de Sección 8 en Puerto Rico. La investigación se enfocará en la alta demanda, distribución, listas de espera y la aparente falta de distribución en años recientes. La Comisión deberá presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la resolución.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con los municipios, tanto en lo económico como en su aspecto operacional; sobre toda propuesta para la creación de municipios y consolidación de servicios intermunicipales y regionales; sobre los servicios que presta la Oficina de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) y otras instrumentalidades relacionadas que prestan servicios a los municipios; sobre cualquier propuesta de reforma municipal y leyes especiales que administren o afectan a los municipios; sobre los programas gubernamentales que afectan a los municipios y sobre la formulación de propuestas que propendan al desarrollo integral de los municipios, con el propósito de atender sus necesidades de progreso económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública; cualquier agencia, organismo o instrumentalidad, presentes o futuros, cuyas funciones afecten el desarrollo de nuestros municipios.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos económicos, operacionales y de desarrollo de los municipios de Puerto Rico. Incluye el análisis de propuestas de creación de municipios, consolidación de servicios, la labor de agencias como la Oficina de Gerencia Municipal y el CRIM, reformas municipales, y programas gubernamentales. La Comisión podrá citar personas y entidades, solicitar información y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue cómo se está integrando la información contenida en el Registro de la Propiedad con la del Catastro Digital.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes a investigar la integración de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Digital del CRIM. La investigación debe determinar si ambas agencias se comunican, si tienen una estrategia de integración y con qué frecuencia actualizan la información. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Afecta directamente a las agencias involucradas y, de forma indirecta, a los ciudadanos afectados por problemas de propiedad y estorbos públicos.