Qué propone
La Resolución de la Cámara 108 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos económicos y operacionales de los municipios. Esto incluye la creación de nuevos municipios, la consolidación de servicios, la evaluación de entidades como la Oficina de Gerencia Municipal y el , propuestas de reforma, leyes aplicables y programas gubernamentales que impactan a los municipios, con el fin de formular propuestas para su desarrollo integral. La investigación debe concluir antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre la autonomía y la reforma municipal en Puerto Rico, que se consolidó con la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y el Código Municipal de 2020. La investigación propuesta aborda las tensiones entre la descentralización, la eficiencia operativa y la estabilidad financiera de los municipios, temas recurrentes en la discusión sobre el rol del y el impacto de la crisis fiscal en los ayuntamientos.
En qué va
Esta medida, una Resolución de la Cámara (RC 108), fue el 31 de enero de 2025 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes el 25 de febrero de 2025. Actualmente, está en trámite en el Senado, referida a Comisión.
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Última acción · 26 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con viabilizar la política pública que propenda las condiciones de salubridad y de convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de los residentes de nuestras comunidades; la planificación y uso adecuado de los terrenos en el desarrollo y construcción de la vivienda, la infraestructura relacionada a ésta y las facilidades vecinales; promover mejores condiciones y alternativas para el desarrollo de la vivienda rural y urbana; la propiedad horizontal; el Código de Construcción; promoción de alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades más marginadas, como también las urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terreno; y los programas federales y estatales con respecto a la vivienda.
La Resolución de la Cámara 109 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la política pública de vivienda en Puerto Rico. Esto incluye salubridad, convivencia comunitaria, planificación y uso de terrenos, desarrollo de vivienda rural y urbana, propiedad horizontal, el Código de Construcción, mejoras para comunidades marginadas y programas de vivienda federales y estatales. La investigación busca informar recomendaciones a las tres ramas del gobierno.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las labores que actualmente realiza la Oficina de Gerencia Municipal (OGM), adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en atención a las funciones que en su origen fueron encomendadas a la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), incluyendo los servicios de asesoría legal, técnica y de capacitación a los municipios de Puerto Rico.
La Resolución del Senado 308 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las labores actuales de la Oficina de Gerencia Municipal (OGM), adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La investigación se enfocará en las funciones originalmente encomendadas a la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), incluyendo asesoría legal, técnica y de capacitación a los municipios. La Comisión podrá citar, requerir información y realizar inspecciones para cumplir con su mandato.
Para ordenar a la Comisión de la Región Central realizar una exhaustiva investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo socioeconómico de los municipios de Lares, Adjuntas, Utuado, Jayuya, Ciales, Morovis, Orocovis, Corozal, Barranquitas, Naranjito y Comerío; sobre todo asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios bajo su jurisdicción; sobre los servicios que prestan esos gobiernos municipales a su ciudadanía; sobre todo asunto relacionado a la investigación y rendición de cuentas de todas las asignaciones de fondos estatales y federales asignados a las agencias, corporaciones públicas destinados a impactar directamente o que afectan a municipios bajo su jurisdicción; sobre cualquier otra entidad que reciba fondos públicos o incentivos, ya sean por fondos de asignaciones federales, mejoras municipales, transferencias intergubernamentales y asignaciones presupuestarias puntuales en su jurisdicción, ya sean para infraestructura, programas de bienestar social, iniciativas comunitarias, entre otras que impacten directamente a las poblaciones de los municipios bajo su jurisdicción; sobre la implementación de los programas para lo que fueron asignados los fondos públicos; auditorías de desempeño realizadas a programas gubernamentales y municipales que impacten directamente a las poblaciones bajo su jurisdicción, que operan programas con fondos federales enfatizando en la investigación de campo y en la citación de los directivos regionales de las entidades que implementen dichos fondos; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 87 ordena a la Comisión de la Región Central de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el desarrollo socioeconómico, programas gubernamentales, servicios municipales y la rendición de cuentas de fondos estatales y federales en once municipios de la región central (Lares, Adjuntas, Utuado, Jayuya, Ciales, Morovis, Orocovis, Corozal, Barranquitas, Naranjito y Comerío). La Comisión podrá citar personas y entidades, y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de la Región Sur realizar una exhaustiva investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo socioeconómico de Guayama, Arroyo, Salinas, Aibonito, Cidra, Cayey, Coamo, Santa Isabel, Villalba, Ponce, Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica; sobre todo asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios bajo su jurisdicción; las recomendaciones de legislación que sean necesarias para alcanzar soluciones y lograr el desarrollo integrado y armonioso en dicha jurisdicción; y de los servicios que prestan esos gobiernos municipales a su ciudadanía; sobre todo asunto relacionado a la investigación y rendición de cuentas de todas las asignaciones de fondos estatales y federales asignados a las agencias, corporaciones públicas destinados a impactar directamente o que afectan a municipios bajo su jurisdicción; además, sobre cualquier otra entidad que reciba fondos públicos o incentivos, ya sean por fondos de asignaciones federales, mejoras municipales, transferencias intergubernamentales y asignaciones presupuestarias puntuales en su jurisdicción, ya sean para infraestructura, programas de bienestar social, iniciativas comunitarias, entre otras que impacten directamente a las poblaciones de los municipios bajo su jurisdicción; evaluación de la implementación de los programas según los objetivos para los que fueron asignados los fondos públicos; auditorías de desempeño realizadas a programas gubernamentales y municipales que impacten directamente a las poblaciones bajo su jurisdicción, que operan programas con fondos federales enfatizando en la investigación de campo y en la citación de los directivos regionales de las entidades que implementen dichos fondos; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 103 ordena a la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el desarrollo socioeconómico, programas gubernamentales, servicios municipales, y el uso de fondos estatales y federales en 15 municipios de la región sur de Puerto Rico. La investigación debe incluir la evaluación de la implementación de programas y auditorías de desempeño, con énfasis en la investigación de campo y citación de directivos regionales. El objetivo es identificar recomendaciones legislativas para lograr un desarrollo integrado y armonioso en la jurisdicción.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla; examinar el marco legal aplicable, incluyendo la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y cualquier legislación relacionada, con el propósito de evaluar su efectividad, pertinencia o necesidad de enmiendas; investigar el estado y sostenibilidad del financiamiento de los municipios, la prestación de servicios esenciales, el desarrollo de obras públicas, y otros asuntos fiscales y administrativos; analizar la interrelación entre el Gobierno Estatal, sus agencias y los gobiernos municipales; identificar mecanismos que fortalezcan la autonomía municipal, promuevan la eficiencia administrativa y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla. El mandato incluye examinar el marco legal aplicable (como la Ley 107-2020), el financiamiento, la prestación de servicios esenciales, obras públicas, la interrelación Estado-municipio, y mecanismos para fortalecer la autonomía y eficiencia municipal. La Comisión tendrá poderes para citar y requerir información, y deberá rendir informes parciales y finales dentro de plazos específicos establecidos para la Vigésima Asamblea Legislativa.
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