Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con los municipios, tanto en lo económico como en su aspecto operacional; sobre toda propuesta para la creación de municipios y consolidación de servicios intermunicipales y regionales; sobre los servicios que presta la Oficina de Gerencia Municipal adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) y otras instrumentalidades relacionadas que prestan servicios a los municipios; sobre cualquier propuesta de reforma municipal y leyes especiales que administren o afectan a los municipios; sobre los programas gubernamentales que afectan a los municipios y sobre la formulación de propuestas que propendan al desarrollo integral de los municipios, con el propósito de atender sus necesidades de progreso económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública; cualquier agencia, organismo o instrumentalidad, presentes o futuros, cuyas funciones afecten el desarrollo de nuestros municipios.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 108 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos económicos y operacionales de los municipios. Esto incluye la creación de nuevos municipios, la consolidación de servicios, la evaluación de entidades como la Oficina de Gerencia Municipal y el , propuestas de reforma, leyes aplicables y programas gubernamentales que impactan a los municipios, con el fin de formular propuestas para su desarrollo integral. La investigación debe concluir antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre la autonomía y la reforma municipal en Puerto Rico, que se consolidó con la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y el Código Municipal de 2020. La investigación propuesta aborda las tensiones entre la descentralización, la eficiencia operativa y la estabilidad financiera de los municipios, temas recurrentes en la discusión sobre el rol del y el impacto de la crisis fiscal en los ayuntamientos.
En qué va
Esta medida, una Resolución de la Cámara (RC 108), fue el 31 de enero de 2025 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes el 25 de febrero de 2025. Actualmente, está en trámite en el Senado, referida a Comisión.
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Última acción · 26 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las labores que actualmente realiza la Oficina de Gerencia Municipal (OGM), adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en atención a las funciones que en su origen fueron encomendadas a la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), incluyendo los servicios de asesoría legal, técnica y de capacitación a los municipios de Puerto Rico.
La Resolución del Senado 308 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las labores de la Oficina de Gerencia Municipal (OGM), adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La investigación debe atender las funciones originalmente encomendadas a la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), incluyendo los servicios de asesoría legal, técnica y de capacitación a los municipios. La Comisión podrá celebrar vistas, citar funcionarios y requerir información, debiendo rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de concluir la tercera sesión ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con viabilizar la política pública que propenda las condiciones de salubridad y de convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de los residentes de nuestras comunidades; la planificación y uso adecuado de los terrenos en el desarrollo y construcción de la vivienda, la infraestructura relacionada a ésta y las facilidades vecinales; promover mejores condiciones y alternativas para el desarrollo de la vivienda rural y urbana; la propiedad horizontal; el Código de Construcción; promoción de alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades más marginadas, como también las urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terreno; y los programas federales y estatales con respecto a la vivienda.
La Resolución de la Cámara 109 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la política pública de vivienda en Puerto Rico. Esto incluye salubridad, convivencia comunitaria, planificación y uso de terrenos, desarrollo de vivienda rural y urbana, propiedad horizontal, el Código de Construcción, mejoras para comunidades marginadas y programas de vivienda federales y estatales. La investigación busca informar recomendaciones a las tres ramas del gobierno.
Para ordenar a la Comisión de la Región Metro realizar una exhaustiva investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo socioeconómico de los municipios de San Juan, Guaynabo, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Carolina y Trujillo Alto; sobre todo asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios bajo su jurisdicción; sobre los servicios que prestan esos gobiernos municipales a su ciudadanía; sobre todo asunto relacionado a la investigación y rendición de cuentas de todas las asignaciones de fondos estatales y federales asignados a las agencias, corporaciones públicas destinados a impactar directamente o que afectan a municipios bajo su jurisdicción; sobre cualquier otra entidad que reciba fondos públicos o incentivos, ya sean por fondos de asignaciones federales, mejoras municipales, transferencias intergubernamentales y asignaciones presupuestarias puntuales en su jurisdicción, ya sean para infraestructura, programas de bienestar social, iniciativas comunitarias, entre otras que impacten directamente a las poblaciones de los municipios bajo su jurisdicción; sobre la implementación de los programas según los objetivos para los que fueron asignados los fondos públicos; auditorías de desempeño realizadas a programas gubernamentales y municipales que impacten directamente a las poblaciones bajo su jurisdicción, que operan programas con fondos federales enfatizando en la investigación de campo y en la citación de los directivos regionales de las entidades que implementen dichos fondos; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 102 ordena a la Comisión de la Región Metro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el desarrollo socioeconómico, programas gubernamentales, servicios municipales y el uso de fondos estatales y federales en los municipios de San Juan, Guaynabo, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Carolina y Trujillo Alto. La medida busca evaluar la implementación de programas, la rendición de cuentas y las auditorías de desempeño de entidades que reciben fondos públicos en dicha jurisdicción.
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con las prioridades económicas afín con el desarrollo económico; la planificación; las telecomunicaciones; el intercambio y competencia comercial local, interestatal o con otras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos; el monopolio en sus diversas manifestaciones; la tecnología y biotecnología; la economía del conocimiento; los aspectos relacionados a la permisología gubernamental y como afecta a aquellos asuntos de la industria y el comercio en general; los proyectos estratégicos de infraestructura que propendan al desarrollo económico, estén en su fase de planificación o construcción; aquellos asuntos y situaciones de la industria, el comercio, las telecomunicaciones y la economía en general; la interacción de propósitos, recursos y esfuerzos de las agencias gubernamentales o entre el sector público y privado relacionados para impulsar el desarrollo económico; estudios e investigaciones relacionados con la promoción del desarrollo económico, el comercio, la industria, las telecomunicaciones; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 106 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos del desarrollo económico. Esto incluye prioridades económicas, planificación, telecomunicaciones, competencia comercial, monopolios, tecnología, economía del conocimiento, permisología gubernamental, proyectos de infraestructura estratégica, y la interacción entre el sector público y privado. La investigación busca identificar estrategias para promover el crecimiento económico sostenible y culminará en informes parciales y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dirigidas a las tres ramas de gobierno.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue cómo se están manejando las deudas de las propiedades muebles e inmuebles en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
La Resolución de la Cámara 681 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes que investigue el manejo de deudas de propiedades muebles e inmuebles en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). La investigación debe detallar cuántas propiedades tienen deudas pendientes por municipio, el tiempo de vencimiento de estas deudas, y las gestiones de cobro realizadas o no por el CRIM. Además, se solicita información sobre embargos y el plan de acción del CRIM para reducir estas deudas en los próximos cinco años. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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