Qué propone
Esta Resolución ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017. La investigación evaluará la efectividad de dichos planes en la eficiencia, reducción de gasto, consolidación de funciones y la prestación de servicios públicos. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Afecta a las agencias gubernamentales reorganizadas y a la ciudadanía que recibe sus servicios.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
el 16 de enero de 2025 y referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el 28 de enero de 2025, tras aparecer en Primera Lectura.
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Última acción · 28 de enero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para ordenar a la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la identificación de las leyes y los reglamentos que se consideran ‘letra muerta’ por su obsolescencia, derogación parcial o sustitución, la identificación de las leyes que estén en conflicto con otras y/o regulen temas similares, la identificación de temas y áreas que sufren de sobre legislación y/o sobre reglamentación en las Agencias y organismos gubernamentales, la investigación y rendición de cuentas con todo lo relacionado a la reorganización de las agencias del Gobierno de Puerto Rico y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 121 ordena a la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación tiene como objetivo identificar leyes y reglamentos obsoletos ('letra muerta'), leyes en conflicto o redundantes, y áreas de sobrelegislación o sobrerregulación en las agencias gubernamentales. Busca también investigar la reorganización de agencias y rendir cuentas sobre estos asuntos. Afecta a la estructura legislativa y ejecutiva, así como a la ciudadanía al prometer simplificación de procesos.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales; legislación relacionada a las leyes de personal y gobierno en general; la gestión de la digitalización del gobierno en la administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización de las tecnologías de información y comunicación; el intercambio de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; el acceso a la información en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal; la evaluación de las propuestas y formulación de la política energética de la Isla, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética; todo asunto concerniente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, costos, creación de empleos y reducción de tarifas; sobre todo asunto relacionado con el Código Electoral; sobre toda actual y potencial legislación electoral; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre una amplia gama de asuntos gubernamentales. Esto incluye la estructura y desempeño de las agencias públicas, legislación relacionada con el personal y el gobierno en general, la digitalización de la administración pública y la maximización de tecnologías de información. También abarca la política energética, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en todos sus aspectos (contratos, infraestructura, costos, etc.), y el Código Electoral y legislación electoral.
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