Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un análisis y revisión en torno a la eficiencia operacional y la calidad de los servicios en el sector gubernamental que se ofrecen y prestan al público.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), incluyendo, pero sin limitarse, a la contratación y remoción de personal de confianza o de carrera, solicitud y autorización de empleados en destaque, eliminación o creación de nuevas plazas, reubicación de empleados, degradaciones de puestos, nómina de empleados regulares y de confianza, pago de diferenciales, estatus de toda querella o reclamo ante la Junta de Apelaciones de la OCPR, enmiendas o derogaciones de cualquier reglamento interno, contratación de servicios profesionales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o compraventa de propiedades, manejo de presupuesto, así como cualquier otro asunto que implique erogación o uso de fondos públicos; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). La investigación abarcará desde la contratación y remoción de personal, manejo de nóminas y destaque de empleados, hasta la gestión de presupuesto, contratación de servicios profesionales y uso de fondos públicos. El objetivo es asegurar la sana gerencia interna de la entidad fiscalizadora.

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar el uso de plataformas digitales, incluyendo videollamadas y servicios de mensajería encriptada, para la atención ciudadana y prestación de servicios gubernamentales, sin requerir la presencia física del ciudadano en las agencias gubernamentales; establecer parámetros de seguridad, accesibilidad y cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a las Comisiones de Gobierno y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar plataformas digitales para la atención y prestación de servicios gubernamentales. La investigación debe incluir la evaluación de videollamadas, mensajería encriptada, formularios digitales, estándares de seguridad y protección de datos, accesibilidad y mecanismos de verificación de identidad. Las comisiones deberán presentar un informe final con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y un posible plan piloto antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre las intervenciones indebidas por parte de La Fortaleza en trámites internos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), según las denuncias realizadas por el exsecretario de esa agencia; así como la intervención ilegal para favorecer a compañías en procesos competitivos de contratación, específicamente en solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita al DDEC; y todo asunto relacionado al nombramiento de funcionarios y cualquier otra decisión sobre el manejo de personal en el DDEC, incluyendo sus entidades adscritas; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a investigar presuntas intervenciones indebidas por parte de La Fortaleza en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y su Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La investigación se centrará en alegaciones de favoritismo en procesos de contratación (RFP) y en el manejo de personal y nombramientos dentro del DDEC y sus entidades adscritas, basándose en denuncias de un exsecretario de la agencia. La Comisión deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días.