Qué propone
Esta Resolución de la Cámara (RC 516) ordena a dos comisiones legislativas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a investigar los procesos de otorgación de permisos y análisis de impacto ambiental por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el municipio de Salinas, relacionados con un depósito de chatarra (junker) en la comunidad Ranchos Guayama en Salinas. La investigación deberá concluir con un informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en la discusión histórica sobre la disposición de residuos sólidos, un desafío ambiental urbano crítico en Puerto Rico. El caso del depósito de chatarra en Salinas evoca la controversia sobre la planta de Energy Answers en Arecibo, donde la oposición multisectorial llevó a la anulación de permisos, lo que subraya la importancia de una fiscalización rigurosa en la otorgación de permisos ambientales.
En qué va
Esta Resolución de la Cámara (RC 516) fue el 1 de diciembre de 2025 y referida a comisión el 12 de enero de 2026, encontrándose actualmente en trámite legislativo.
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Última acción · 12 de enero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Región Sur, y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que investigue los procesos realizados por las agencias pertinentes para la construcción de un campo de tiro en la comunidad Ranchos Guayama en el pueblo de Salinas, Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 517 ordena a la Comisión de Región Sur y a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a investigar los procesos de permisos y construcción de un campo de tiro en la comunidad Ranchos Guayama, Salinas. Las comisiones deberán rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la resolución. Esta medida no crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos, sino que busca esclarecer denuncias ciudadanas sobre el proceso de construcción.
Para ordenar a la Comisión de Región Sur de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investiguen los procesos realizados por el municipio de Salinas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Negociado de Energía de Puerto Rico para la otorgación de permisos y análisis del impacto ambiental de un proyecto de placas solares a nivel industrial en terrenos agrícolas colidantes con la comunidad El Coquí en Salinas.
La Resolución de la Cámara 515 ordena a la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar los procesos de evaluación, otorgamiento y tramitación de permisos, así como el cumplimiento de los requisitos de impacto ambiental, relacionados con un proyecto de placas solares a escala industrial en terrenos agrícolas colindantes con la comunidad El Coquí en Salinas. La investigación debe cubrir las acciones del Municipio de Salinas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a que investigue los procesos realizados por las agencias gubernamentales pertinentes como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y Permisos, y el municipio de Salinas, para la otorgación de permisos y análisis de impacto ambiental de un almacén de piezas de automóviles o depósito de chatarra (junker) en la comunidad Ranchos Guayama en Salinas.
La Resolución del Senado 409 ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a investigar los procesos de otorgación de permisos y análisis de impacto ambiental realizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y el municipio de Salinas. El objetivo es examinar estos procesos en relación con la operación de un almacén de piezas de automóviles o depósito de chatarra (junker) en la comunidad Ranchos Guayama en Salinas. La medida no tiene fuerza de ley ni asigna fondos, sino que busca recopilar información para una posible acción legislativa futura.
Para ordenar a la Comisión Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones operacionales, ambientales, regulatorias y de salud pública relacionadas con el Vertedero Municipal de Toa Baja, operado por Landfill Technologies of Toa Baja, LLC; evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales estatales y federales, incluyendo las condiciones impuestas por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos y demás agencias con jurisdicción; investigar las alegadas emisiones de polvo fugitivo, material particulado, olores, lixiviados y cualquier otro contaminante ambiental que pudiera afectar a las comunidades aledañas, particularmente el sector Candelaria Arenas; determinar si las medidas de mitigación implementadas por el operador son suficientes para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes; evaluar las actuaciones fiscalizadoras de las agencias concernidas; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 756 ordena a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre el Vertedero Municipal de Toa Baja, operado por Landfill Technologies of Toa Baja, LLC. La investigación debe evaluar las condiciones operacionales, ambientales, regulatorias y de salud pública, el cumplimiento de leyes y reglamentos (incluyendo los de la EPA y agencias locales), las alegadas emisiones de contaminantes (polvo, material particulado, olores, lixiviados) que afectan a comunidades como Candelaria Arenas, la suficiencia de las medidas de mitigación del operador, y la fiscalización de las agencias con jurisdicción. El objetivo es determinar si el vertedero opera conforme a la ley y protege la salud y bienestar de los residentes.
Para ordenar a la Comisión de la Región Este Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la situación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio Borinquen en Caguas, sus deficiencias operacionales, el otorgamiento de permisos de conexión a nuevos desarrollos residenciales, así como el impacto ambiental y social que ello representa para la comunidad; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 522 ordena a la Comisión de la Región Este Central de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio Borinquen en Caguas. La investigación debe cubrir su capacidad real, deficiencias operacionales, el impacto ambiental y social, y la legalidad de los permisos de conexión para nuevos desarrollos residenciales. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de sesenta (60) días.
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