Para ordenar a la Comisión de la Región Sur a realizar una investigación sobre los incidentes de violencia y criminalidad recientes en los municipios de Cayey y Cidra, que alteran la sana convivencia social y generan preocupación en los municipios, comunidades, comerciantes y familias afectadas, y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 583 ordena a la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los incidentes recientes de violencia y criminalidad en los municipios de Cayey y Cidra. La investigación deberá incluir la recopilación de insumos de alcaldes, policías (municipal y estatal), el Departamento de Seguridad Pública, líderes comunitarios y organizaciones relevantes. La Comisión deberá presentar un informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la medida.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre la seguridad pública y la criminalidad en Puerto Rico, un tema que ha visto picos de violencia, reformas policiales bajo decreto federal y reestructuraciones del aparato de seguridad estatal. La investigación propuesta sobre la violencia en Cayey y Cidra busca entender un fenómeno local que se enmarca en estas tendencias más amplias de criminalidad y las respuestas institucionales.
En qué va
La Resolución de la Cámara 583 fue el 29 de enero de 2026 y referida a la Comisión de Asuntos Internos (posteriormente reasignada a la Comisión de la Región Sur según el texto de la medida) tras su primera lectura en la Cámara de Representantes el 2 de febrero de 2026.
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Última acción · 2 de febrero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno a la alta incidencia criminal en los barrios y comunidades que componen el Distrito Representativo Número 34; y evaluar los esfuerzos dirigidos a intervenir, prevenir y controlar las situaciones de criminalidad.
La Resolución de la Cámara 263 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar un estudio exhaustivo sobre la alta incidencia criminal en el Distrito 34. La Comisión deberá evaluar los esfuerzos actuales para intervenir, prevenir y controlar la criminalidad en dicha área y presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El estudio debe completarse dentro de 180 días tras la aprobación de la resolución.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer en Puerto Rico un “Clúster de Seguridad”, como una alianza multisectorial destinada a promover la investigación, innovación, capacitación, colaboración interagencial, desarrollo económico y formulación de política pública en materia de seguridad pública, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, resiliencia comunitaria y manejo de emergencias.
La Resolución de la Cámara 758 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un "Clúster de Seguridad" en Puerto Rico. Este clúster sería una alianza multisectorial para promover investigación, innovación, capacitación, colaboración interagencial, desarrollo económico y formulación de política pública en áreas como seguridad pública, ciberseguridad, infraestructura crítica, resiliencia comunitaria y manejo de emergencias. La investigación debe completarse en 120 días y determinar la necesidad pública, modelos existentes, áreas de enfoque, participantes potenciales, fuentes de financiamiento, estructura administrativa, riesgos de duplicidad y métricas de rendición de cuentas.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.
La Resolución de la Cámara 37 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. Esto incluye el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, la evaluación de agencias clave como Justicia, Seguridad Pública, Corrección e Instituto de Ciencias Forenses, así como la coordinación con entidades federales y estatales. También abarca la revisión de asignaciones de fondos, políticas públicas para la seguridad física de residentes y la prestación de servicios de agencias como la Guardia Nacional y la Policía.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la magnitud, causas, rutas y métodos de entrada del tráfico ilegal de armas de fuego y municiones en Puerto Rico; evaluar la efectividad de las medidas de prevención, detección e intervención actualmente en ejecución por las agencias de seguridad pública, incluyendo aquellas relacionadas con el control del narcotráfico y el crimen organizado; y analizar el funcionamiento del Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego establecido en la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; con el propósito de formular recomendaciones de política pública y de acción legislativa y administrativa necesarias para atender de manera integral esta problemática de seguridad pública; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 293 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones en Puerto Rico. La investigación debe abarcar la magnitud del problema, sus causas, rutas de entrada y métodos utilizados. Además, se evaluará la efectividad de las medidas de prevención e intervención actuales y el funcionamiento del Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego establecido por ley. El propósito final es formular recomendaciones de política pública y acción legislativa/administrativa para abordar esta problemática de seguridad pública.
Para Ordenar a la Comisión de Región del Sur a realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de expropiación, desplazamiento forzoso y posibles irregularidades administrativas en la comunidad Carrasquillo del Municipio de Cayey, con el fin de salvaguardar los derechos de sus residentes, promover la transparencia en las gestiones gubernamentales y establecer medidas correctivas o legislativas, de ser necesarias, para proteger a las comunidades vulnerables y para otros fines.
La Resolución de la Cámara 750 ordena a la Comisión de Región del Sur a realizar una investigación exhaustiva sobre expropiaciones, desplazamientos forzosos e irregularidades administrativas en la Comunidad Carrasquillo de Cayey. El objetivo es salvaguardar derechos, promover transparencia y proponer medidas correctivas o legislativas. La investigación debe completarse en un plazo de 180 días a partir de su aprobación.
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