Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura de precios, los criterios de fijación de precios, los márgenes de ganancia, los costos administrativos y de transportación, el proceso de selección de vendedores, y el grado de fiscalización ejercido por el Departamento de Agricultura sobre los Mercados Familiares auspiciados por dicho Departamento; todo ello con el fin de garantizar que dichos mercados cumplan con su misión social y económica de beneficiar al consumidor y al agricultor local, y de reducir el impacto económico en las familias puertorriqueñas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las prácticas de comerciantes y vendedores de bienes muebles e inmuebles de no anunciar el precio de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la práctica de comerciantes y vendedores de bienes muebles e inmuebles de no anunciar sus precios. La investigación deberá concluir y presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los 180 días posteriores a la aprobación de la Resolución. Afecta directamente a los consumidores, quienes podrían beneficiarse de futuras regulaciones o políticas que promuevan la transparencia de precios, y a los comerciantes y vendedores sujetos a la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto que atienda las necesidades y propenda al mejor desarrollo de la industria agrícola de Puerto Rico; la reglamentación, supervisión e inspección de actividades y productos agrícolas; la mecanización agrícola; el mercadeo y distribución de productos agrícolas, capital y crédito agrícola; los servicios educativos en técnicas agrícolas para la mejor explotación económica de la agricultura, conservación, rescate y utilización de terrenos agrícolas; la experimentación e investigación agrícola; y la agricultura en general.

La Resolución de la Cámara 43 ordena a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre diversos aspectos de la industria agrícola de la isla. Esto incluye la reglamentación, supervisión, mecanización, mercadeo, crédito, educación agrícola, conservación de terrenos y experimentación. La Comisión tendrá la facultad de citar personas y entidades, solicitar documentos e información, y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre los datos y las estadísticas recopiladas por el Censo de Agricultura de 2022, en comparación con el uso que las agencias del gobierno central de Puerto Rico, especialmente el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, le dan a esa información, así como a la información contendida en el Plan de Usos de Terrenos de 2015, en los procesos de evaluación de proyectos de construcción que impactan o tienen el potencial de impactar a los terrenos agrícolas y con valor ecológico en suelo puertorriqueño.

La Resolución de la Cámara 677 ordena a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva. Esta investigación comparará los datos del Censo de Agricultura de 2022 con el uso que agencias clave como Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Planificación y OGP dan a esta información y al Plan de Usos de Terrenos de 2015. El objetivo es evaluar cómo se consideran estos datos en la aprobación de proyectos de construcción que afectan terrenos agrícolas y ecológicos. La investigación debe completarse en 180 días y se realizará mediante vistas públicas, citando a diversas agencias, expertos y sectores agrícolas.