Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 655 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes investigar el impacto de federales propuestas por HUD a programas de vivienda pública y subsidiada en Puerto Rico. Busca determinar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planea mitigar estos efectos y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa para proteger el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida aborda el impacto de las federales de HUD en los programas de vivienda pública y subsidiada, lo que se relaciona directamente con el tema de los fondos federales de recuperación habitacional y los retrasos administrativos prolongados que se mencionan en los fragmentos 7 y 8. La historia de la implementación de los fondos CDBG-DR y el programa R3, así como las disputas sobre su avance, ilustran la complejidad de la relación entre las normativas federales y la ejecución local de programas de vivienda, un antecedente crucial para entender los desafíos que la medida busca investigar.
En qué va
La Resolución de la Cámara 655 fue el 17 de marzo de 2026 y referida a comisión el 19 de marzo de 2026, encontrándose actualmente en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes.
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Última acción · 19 de marzo de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con viabilizar la política pública que propenda las condiciones de salubridad y de convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de los residentes de nuestras comunidades; la planificación y uso adecuado de los terrenos en el desarrollo y construcción de la vivienda, la infraestructura relacionada a ésta y las facilidades vecinales; promover mejores condiciones y alternativas para el desarrollo de la vivienda rural y urbana; la propiedad horizontal; el Código de Construcción; promoción de alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades más marginadas, como también las urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terreno; y los programas federales y estatales con respecto a la vivienda.
La Resolución de la Cámara 109 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la política pública de vivienda en Puerto Rico. Esto incluye salubridad, convivencia comunitaria, planificación y uso de terrenos, desarrollo de vivienda rural y urbana, propiedad horizontal, el Código de Construcción, mejoras para comunidades marginadas y programas de vivienda federales y estatales. La investigación busca informar recomendaciones a las tres ramas del gobierno.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, el uso, la efectividad y la fiscalización de los fondos federales CDBG-DR, incluyendo el Programa R3 de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas, y CDBG-MIT sobre mitigación, asignados a Puerto Rico para la recuperación de desastres y la resiliencia ante futuros eventos catastróficos.
La Resolución de la Cámara 722 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, uso, efectividad y fiscalización de fondos federales CDBG-DR y CDBG-MIT asignados a Puerto Rico para recuperación y resiliencia ante desastres. Afecta directamente a la Comisión de Vivienda, al Departamento de la Vivienda (como entidad fiscalizada) y, de forma indirecta, a las familias y comunidades que dependen de estos fondos para reparación, reconstrucción o mitigación de sus hogares e infraestructura.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los lanzamientos, desahucios, terminaciones de arrendamiento, remociones y/o radicaciones de casos de desahucio en vivienda pública, vivienda subsidiada, proyectos financiados bajo el Programa de Créditos Contributivos para Viviendas de Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés) y égidas en Puerto Rico; con énfasis particular en las personas adultas mayores, sin excluir a otras poblaciones afectadas; evaluar los criterios, procedimientos y salvaguardas aplicables; examinar los mecanismos de prevención del desplazamiento y la provisión de servicios obligatorios; analizar la imposición de periodos de inelegibilidad para reingreso; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 537 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de desahucio, lanzamientos y terminaciones de arrendamiento en viviendas públicas, subsidiadas, proyectos LIHTC y égidas en Puerto Rico. La investigación debe enfocarse en los criterios, procedimientos, salvaguardas, mecanismos de prevención de desplazamiento y la imposición de periodos de inelegibilidad, con énfasis en personas adultas mayores, pero sin excluir otras poblaciones afectadas. La Comisión podrá requerir información de varias agencias y organizaciones, y deberá rendir informes parciales y uno final dentro del término de la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo, cumplimiento y fiscalización de las normas relacionadas con la pintura a base de plomo en los complejos de vivienda pública de Puerto Rico por parte de la Administración de Vivienda Pública; evaluar el impacto de dichas actuaciones en la salud de los residentes, particularmente de menores de edad; identificar posibles fallas administrativas, operacionales y de supervisión; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 587 ordena a las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo, cumplimiento y fiscalización de las normas de pintura a base de plomo en complejos de vivienda pública por parte de la Administración de Vivienda Pública (AVP). Busca evaluar el impacto en la salud de los residentes, especialmente menores, e identificar fallas administrativas, operacionales y de supervisión. Afecta directamente a la AVP, a los residentes de vivienda pública y a las Comisiones legislativas encargadas de la investigación.
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