Para prohibir a toda persona natural o jurídica que ofrezca bienes o servicios en Puerto Rico usar como excusa, razón o fundamento para aumentar los precios de sus productos o servicios, el alza de los costos provocados por aranceles federales que no han entrado en vigor, que fueron revocados o que no han sido aplicados todavía a los productos que tiene en inventario y que adquirió sin pagar arancel, o aumento en arancel alguno en su cadena de distribución en Puerto Rico; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer todos los mecanismos pertinentes y necesarios para evitar un alza ficticia en los precios de los bienes y servicios de consumo que sean alegadamente justificados por los aranceles que Estados Unidos ha estado imponiendo a la importación de productos de distintos países; para establecer la obligación de someter informes periódicos ante la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las prácticas de comerciantes y vendedores de bienes muebles e inmuebles de no anunciar el precio de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la práctica de comerciantes y vendedores de bienes muebles e inmuebles de no anunciar sus precios. La investigación deberá completarse y presentarse en un informe dentro de 180 días desde su aprobación. Afecta directamente a consumidores que enfrentan esta falta de transparencia y a los comerciantes y vendedores sujetos a la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor realizar una minuciosa y continua investigación sobre todo asunto relacionado con la fijación de precios, alquileres, tarifas y calidad de productos incluyendo todo lo relacionado a la venta de libros de texto escolares y el pago de matrícula y mensualidades de los colegios privados a todo los niveles escolares; aspectos relacionados a ventas a plazos, financiamiento y crédito que afecten al consumidor incluyendo ante agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del gobierno que brinden servicios directos ante la ciudadanía; las garantías sobre productos y servicios, pesas y medidas, prácticas engañosas, anuncios y publicidad, servicios y educación al consumidor; el análisis y revisión de toda legislación concerniente a los asuntos del consumidor; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 105 ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva y continua. Esta investigación abarcará la fijación de precios, alquileres, tarifas y calidad de productos, con énfasis en libros de texto escolares y colegiaturas de colegios privados. También incluirá aspectos de financiamiento y crédito al consumidor, garantías, prácticas engañosas, publicidad, servicios educativos al consumidor, y la revisión de legislación vigente. La Comisión podrá citar personas y entidades, solicitar documentos e información, y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la nueva política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump; profundizar en cuanto al impacto que tiene en la economía de Puerto Rico la imposición de los aranceles a diferentes países; indagar cómo afecta en los precios de la canasta básica de Puerto Rico; evaluar alternativas para la potencial congelación de subvenciones federales; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 119 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la nueva política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump. El encargo incluye analizar el impacto de los aranceles en la economía de Puerto Rico, los precios de la canasta básica, y evaluar alternativas ante una potencial congelación de subvenciones federales. Afecta directamente a la Comisión de Hacienda, que debe realizar el estudio, y de forma indirecta a la ciudadanía puertorriqueña al buscar información sobre políticas federales que impactan la economía local.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el inventario de autos disponibles en los concesionarios de autos y sus almacenes, previo a la imposición de aranceles implementados por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 245 ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. El propósito es examinar el inventario de autos disponibles en concesionarios y almacenes en Puerto Rico antes de la imposición de aranceles por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Busca identificar cómo estos aranceles han afectado el costo de los vehículos disponibles para la venta en la isla.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico en conjunto con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo que tendrá la imposición de aranceles a un sinnúmero de países, como resultado directo de las órdenes ejecutivas puestas en marcha por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, las empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico.

La Resolución de la Cámara 259 ordena a las Comisiones de Desarrollo Económico y Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo de los aranceles impuestos por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre residentes, empresas, entidades del tercer sector, agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La investigación deberá recopilar información técnica de agencias relevantes y ponencias de expertos, y presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días.