Qué propone
Esta medida, RCC 380, el 30 de junio de 2026, propone ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado bajo la Ley 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), que evalúe la transferencia de un inmueble específico. Dicho inmueble, la antigua Escuela Elemental Castillo en Mayagüez (identificado con el registro catastral 259-066-008-01), sería transferido al Gobierno Municipal de Mayagüez. El propósito es desarrollar en esa edificación un proyecto integral para programas comunitarios, abarcando actividades deportivas, recreativas, educativas, servicios sociales y desarrollo comunitario. Se establecen condiciones suspensivas para la transferencia del título.
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Última acción · 30 de junio de 2026
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Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y reglamento, la transferencia, usufructo, arrendamiento por el valor nominal de un dólar ($1.00) o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley a la corporación doméstica, Voluntarios Ex Residentes y Residentes Castillo Corp., entidad sin fines de lucro, de la titularidad de las instalaciones de la otrora escuela de nivel elemental denominada Castillo en el Municipio de Mayagüez, con el propósito de establecer en dicha instalación un proyecto de desarrollo holístico e integral para la comunidad que garantice la prestación de programas de bienestar social y desarrollo económico y comunitario.
Esta Resolución Conjunta de la Cámara ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia, usufructo o arrendamiento por el valor nominal de un dólar ($1.00) de la antigua escuela elemental Castillo en Mayagüez a la corporación sin fines de lucro Voluntarios Ex Residentes y Residentes Castillo Corp. El propósito es establecer un proyecto de desarrollo comunitario, bienestar social y desarrollo económico. La medida impone un plazo improrrogable de sesenta (60) días laborables para ejecutar el negocio jurídico, afectando directamente a la entidad proponente y al CEDBI.
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar la transferencia al Municipio de Cabo Rojo, mediante los mecanismos contemplados en dicha Ley, del terreno y la estructura que comprende el antiguo cuartel de la policía estatal del barrio Boquerón de Cabo Rojo, con el fin de utilizarlo para establecer diversos proyectos de desarrollo económico, educativos, comunitarios, turísticos y deportivos, así como otros proyectos que sea de beneficio para la ciudadanía en general.
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
. Esta medida se enmarca en la autonomía municipal y la gestión de bienes públicos, un tema que ha sido central en la evolución del poder local en Puerto Rico desde la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y el Código Municipal de 2020. La transferencia de propiedades como la antigua Escuela Castillo a los municipios es un ejemplo de cómo se busca fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para proveer servicios comunitarios, en un contexto donde la estabilidad financiera municipal, dependiente del y afectada por la eliminación del Fondo de Equiparación, es un desafío constante.
En qué va
La medida RCC 380 fue el 30 de junio de 2026. Al no contar con el texto completo, se desconoce su trámite posterior en comisiones o votaciones.
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Esta medida ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado bajo la Ley 26-2017, a evaluar la transferencia de un terreno y edificación específica (el antiguo cuartel de la policía estatal en Boquerón, Cabo Rojo) al Municipio de Cabo Rojo. El propósito es facilitar que el municipio desarrolle en dicho lugar proyectos de beneficio económico, educativo, comunitario, turístico y deportivo para la ciudadanía. La transferencia se realizaría a través de los mecanismos ya establecidos en la Ley 26-2017.
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