RCC 430

Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico establecer como proyecto piloto, el programa “Zonas Seguras de Intercambio”, en comandancias y…

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Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico establecer como proyecto piloto, el programa “Zonas Seguras de Intercambio”, en comandancias y cuarteles de la Policía de Puerto Rico, mediante la designación de espacios de estacionamiento rotulados, iluminados, y bajo vigilancia de cámaras de seguridad para que los ciudadanos puedan completar de forma segura transacciones de compraventa y entrega de bienes pactadas entre particulares o por medios electrónicos; disponer sobre su uso, limitaciones y exención de responsabilidad; promover la colaboración voluntaria de los municipios y del sector privado; ordenar una campaña educativa; requerir informes a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La Resolución Conjunta ordena a la Policía crear un proyecto piloto: dentro de los 90 días de su aprobación, designará al menos una instalación por cada área o región policíaca, con un mínimo de dos espacios por zona, rotulación, iluminación y cámaras en funcionamiento continuo. Las zonas serán gratuitas y estarán disponibles las 24 horas, salvo que la Policía establezca y publique otro horario por razones operacionales; la Policía también deberá aprobar reglas o guías dentro de 120 días y ofrecer una campaña educativa. Se permite coordinar voluntariamente con comercios y empresas de mensajería para entregar paquetes directamente a sus destinatarios, y se exhorta a los municipios a establecer zonas propias. La Policía deberá informar a la Asamblea Legislativa 12 meses después de designar las primeras zonas; la implementación usará recursos existentes, sujeta a disponibilidad de fondos, y la medida limita la responsabilidad del Gobierno por las transacciones y sus pérdidas, sin eliminar las reclamaciones que permita la ley aplicable.

Pros

•Quienes compran o venden bienes entre particulares tendrían un lugar público, gratuito e identificado para encontrarse, con iluminación y vigilancia por cámaras. La obligación cubre al menos una instalación por área o región policíaca y dos espacios por zona, lo que ofrece una alternativa concreta a acordar encuentros en lugares escogidos por las partes.
•Los consumidores podrían recibir paquetes en una zona policial si la empresa de mensajería o el comercio acepta coordinarlo, con entrega directa a la persona destinataria previa identificación. Esto ofrece una opción adicional para recoger ciertos paquetes sin que la Policía tenga que recibirlos o guardarlos.

Contras

•La Policía debe habilitar las zonas dentro de 90 días y mantener cámaras en funcionamiento continuo e iluminación adecuada, pero la medida no asigna fondos específicos y dispone que se usen recursos existentes, sujetos a disponibilidad. Si una instalación priorizada no cuenta con el equipo necesario, cumplir los requisitos puede competir con otros usos de recursos policiales.
•La denominación de “Zona Segura” puede crear expectativas que el propio texto limita: la Policía no verifica identidades ni bienes, no presencia oficialmente las transacciones y no garantiza la seguridad; además, excluye responsabilidad por pérdidas o daños derivados de ellas, aunque preserva las reclamaciones que permita la ley aplicable. Por tanto, los participantes siguen expuestos a engaños o daños y podrían interpretar el espacio como una protección mayor que la que realmente ofrece.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas que compran, venden o intercambian bienes en persona y consumidores que puedan coordinar la entrega de paquetes en una zona policial; también los municipios y comercios que decidan participar y reciban guías o material educativo.
Preocupa a:: La Policía, que debe habilitar y operar las zonas con recursos existentes, y los participantes, que no reciben verificación de identidad, supervisión de la transacción ni garantía de seguridad.
Quién paga o decide:: La Policía asumiría los costos con sus recursos existentes, sujetos a disponibilidad, y podría aceptar donativos. El Superintendente y la Policía decidirían las instalaciones, los horarios por razones operacionales y las guías de uso; municipios, comercios y empresas de mensajería participarían voluntariamente.

En qué va

El 29 de octubre de 2026 fue , apareció en primera lectura de la Cámara y fue referida a la Comisión de Seguridad Pública. La medida está .

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Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 29 de octubre de 2026

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